Redacción Canal Abierto | No fue un exabrupto ni una excepción: Javier Milei volvió a judicializar la libertad de expresión. En las últimas horas, el Presidente presentó nuevas denuncias penales contra los periodistas Jorge Rial, Mauro Federico, Fabián Doman y Nicolás Lantos, por supuestos delitos de injurias y calumnias. Esta ofensiva se suma a la reciente querella contra Julia Mengolini y forma parte de una estrategia sistemática de persecución a voces críticas que ya había alcanzado a Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa.
Mientras Milei convierte la Justicia en herramienta de disciplinamiento mediático, el mundo observa con alarma. Dos informes internacionales —de PEN International y Reporteros Sin Fronteras (RSF) —lo señalan sin ambigüedades: la libertad de prensa en Argentina se deteriora a pasos acelerados bajo su mandato.
Desde el caso Mengolini hasta la avanzada contra periodistas de medios digitales, streamings y radios independientes, la lógica se repite: exponer públicamente, judicializar y correr el eje del debate público. En lugar de responder a las críticas con argumentos o información, el Gobierno opta por demandas judiciales. En este esquema, cualquier comunicador que incomode o cuestione se convierte en blanco potencial del aparato estatal.
Este escenario de tensión creciente entre el Poder Ejecutivo y el periodismo fue documentado recientemente por dos organizaciones internacionales. PEN International advirtió sobre un “grave deterioro de la libertad de expresión” en el país, mientras que Reporteros Sin Fronteras registró una caída abrupta de Argentina en su ranking global -del puesto 40 (2023) al 66 (2024), y luego al 87 (2025)-, señalando prácticas como el cierre de medios públicos, el uso de la Justicia contra periodistas y la estigmatización desde altas esferas del Gobierno.
PEN International: “Un entorno crecientemente hostil”
PEN International, una de las principales asociaciones de escritores que defiende la libertad de expresión y la literatura en todo el mundo, expresó su “profunda preocupación por el agravamiento del clima de hostilidad, censura e intimidación contra periodistas, escritores y medios de comunicación en Argentina, impulsado principalmente por el presidente Javier Milei y miembros de su gobierno”, calificando la situación como un “deterioro serio y rápido de la libertad de expresión en Argentina desde la asunción del actual presidente”.
En su último informe, la organización señala que el cierre de la agencia de noticias Télam, el vaciamiento de Radio Nacional y la reducción del personal en la TV Pública “no solo afectan el derecho al trabajo de cientos de periodistas, sino que debilitan gravemente la capacidad de la sociedad de acceder a información plural, independiente y de interés público”.
El documento también advierte que el discurso oficial “ha cruzado límites peligrosos” y denuncia una “retórica de deslegitimación constante hacia periodistas, medios y comunicadores críticos”, lo que ha generado “un clima de hostilidad, intimidación y autocensura que erosiona los pilares democráticos”. Además, PEN señala que “el uso creciente de acciones judiciales por parte del propio presidente contra periodistas configura un patrón preocupante de intimidación institucional”.
El informe de PEN Internacional en este link
RSF: Caída libre en los índices globales
Actualmente, Reporteros Sin Fronteras ubica a Argentina en el puesto 87 de su ranking mundial de libertad de prensa, 21 posiciones por debajo de 2024 y 58 respecto a 2022.
“Las injurias, la difamación y las amenazas por parte de la administración de Javier Milei hacia periodistas y medios críticos son una constante desde su llegada al poder. A ello se suman políticas que agravan tendencias ya existentes, como la fuerte concentración de medios y la opacidad sobre su propiedad, así como la precarización del oficio periodístico”, señala RSF.
La organización apunta directamente al Gobierno nacional como responsable del retroceso, enumerando motivos como el cierre de la agencia estatal Télam, la eliminación de la pauta oficial para medios no alineados, agresiones físicas durante protestas sociales, protocolos represivos que dificultan la labor periodística en la calle y crecientes restricciones al acceso a la información pública.
El informe alerta: “El respeto a las fuentes y al secreto profesional están garantizados, pero persisten intentos de silenciamiento más sutiles, como presiones económicas y el abuso de demandas civiles”.
