Redacción Canal Abierto | El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, no podrá seguir mandando a su de Patrulla Municipal a maltratar a personas en situación de calle. Así lo dispuso el Juzgado de Garantías Nº 4 de Mar del Plata al hacer lugar a un hábeas corpus colectivo presentado iniciado en febrero pasado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
El juez a cargo del tribunal, Juan Francisco Tapia, señaló en su resolución que “el objeto de esta acción de hábeas corpus versa sobre el modo en que una de las estructuras del estado municipal -la Patrulla Municipal- se ha vinculado con un colectivo especialmente vulnerable como es el de las personas en situación de calle”.
La resolución se da dos días después de que un hombre en situación de calle que había sido hostigado por las patotas de Montenegro amaneciera sin vida en el garage de un vecino que le daba cobijo por las noches para evitar los ataques municipales.
En tan sentido, recomienda “un adecuado abordaje de esta situación social compleja demanda en diversas situaciones la articulación con especialistas en salud mental, espacios terapéuticos vinculados con consumos problemáticos o áreas de género o diversidad”.
Y plantea que “esta mirada en clave de reconocimiento de derechos humanos fundamentales no implica desconocer las facultades conferidas al municipio en el control del espacio urbano. Todo lo contrario. De lo que se trata es de la realización de procedimientos respetuosos de la vida, la integridad física y la dignidad de las personas respecto de las cuales se ejerce la respuesta estatal”.
Canal Abierto consultó al Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano, quien manifestó la conformidad de la institución “porque por un lado la resolución efectivamente obliga al municipio que cese con todas esas conductas, acciones ilegales que lleva adelante la patota municipal. En ese sentido el alcance es muy claro y ubica a estas acciones de la patrulla municipal en el marco de la ilegalidad, que era lo que veníamos denunciando “.
La CPM presentó el hábeas corpus en febrero, ante la creciente ola de casos en los que la Patrulla Municipal de General Pueyrredón echaba a personas en situación de calle con golpes e insultos, además de robarle o destruirle sus escasas pertenencias. Lejos de denunciar o desentenderse, el intendente Montenegro celebraba y promovía estas acciones compartiendo en sus redes sociales videos que registraban estos momentos.
Cipriano recordó que “el intendente justificaba y validaba todas esas violencias. Entonces, que la resolución de un juez ponga límite a esa violencia ilegal del Estado es importante y valioso porque es un mensaje hacia la sociedad, ya que clarifica que efectivamente se trata de hechos ilícitos y no de un accionar dentro de la ley de parte de la patota municipal”.
Los discursos punitivistas suelen evolucionar in crescendo a medida que se acercan las instancias electorales. Sobre esto, Cipriano evaluó que “Montenegro ha construido su lugar desde ahí, desde ser la referencia del presidente Milei en la ciudad. Yo creo que se constituye con aspiraciones de ser algo más que el intendente y se sube al discurso de violencia, de odio, excesivamente agraviante hacia todos los colectivos más vulnerados. Lo que viene haciendo Montenegro en ese sentido es todo el tiempo tener una discursividad muy violenta, muy agresiva e ilegal”.
El abogado subrayó que “Montenegro defiende delitos, porque cuando él sube un video de un agente de la patrulla municipal pegándole a una persona en situación de calle, mientras otros dos agentes de la patrulla municipal lo lo tienen sostenido por los brazos, está cometiendo un delito, porque él está haciendo apología del delito y además no está denunciando ese delito. Él es un funcionario público, tiene obligación de denunciar los delitos, tiene obligación de no hacer apología del delito y tiene obligación de cumplir con la con la la ley nacional que claramente señala que no se puede discriminar ni estigmatizar a las personas, cosa que él está haciendo también con la gente más vulnerada.
“Seguramente habrá alguna parte de la sociedad que le festeja en las redes las cosas que dice, pero por suerte hay otro montón de gente como los vecinos de la persona que murió que decían que `era un buen tipo, acá todos lo ayudábamos, lo queríamos, pero le dábamos manta, le dábamos ropa y venía la policía municipal y se la robabay le pegaban´. Los propios vecinos daban cuenta de este accionar violento de la patrulla y no lo justificaban”, agregó Cipriano.
Y aseveró que “es una discursividad que tiene que ver con un proyecto político del intendente. Por supuesto él tiene la libertad de elegir cómo desarrolla la política que quiera, pero lo que no puede es incumplir con la ley. Lo que no puede es correrse el lugar de funcionario público y asumir que tiene obligaciones legales por la tarea por la que él decidió que lo elijan”.
Cipriano también marcó la importancia de que “el fallo le pone un límite a los propios agentes de la patrulla municipal. El propio fallo les dice que esto no está bien. Hoy la Justicia dijo que esto que están haciendo son acciones ilegales, que no hay que tratar así a estas personas. Y si lo siguen haciendo, los agentes no van a poder, como muchas veces hacen, alegar que se trató de una orden obediencia de una orden y que no sabían que eso era ilegal. Así que ahora esos agentes podrán negarse a cumplir esas órdenes”.