Por Nahuel Croza | “El gobierno nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AySA. Se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente en manos del Estado”, anunció el viernes (18 de julio) el bufón oficial Manuel Adorni, secretario de Comunicación y Medios de la Nación.
En una semana con pocas buenas noticias para el Gobierno, cabría sospechar que este anuncio fue un nuevo distractor del vocero. Por otro lado, la urgente (desesperante) necesidad de dólares frescos para sostener el esquema económico de Caputo-Bausili-Milei también es una razón para que el ejecutivo tome mano de estos bienes de todos los argentinos para tratar de llegar a octubre sin sincerar el valor del dólar y con oportunidades de hacer una elección modestamente buena.
La empresa pública a cargo del agua potable y el saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del Área Metropolitana fue declarada sujeta a privatización en la Ley Bases en 2024. Será licitada para seleccionar un nuevo operador y sus acciones serán vendidas a capitales privados.
En el proceso de privatización, el 10% restante de las acciones de la empresa hasta ahora estatal, quedará en manos de los trabajadores. El secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) José Luis Lingeri, padre -el hijo homónimo es el secretario adjunto del gremio: nuestro folklórico nepotismo sindical-, incombustible dirigente del sector e integrante del ala “gorda” de la CGT, ya acordó su participación en el futuro negocio.
Igual que en los 90, el sindicalismo empresario saluda la privatización del agua. Lingeri fue cómplice de la privatización del menemismo, cuando la empresa estatal Obras Sanitarias de la Nación (OSN) fue vendida en 1993 a la francesa Lyonnaise des eaux (luego conocida como Suez Eau France), y transó paz social a cambio de que el 10% de las acciones quedaran en manos del personal a través de un programa de participación accionaria.
“En este nuevo escenario se ha garantizado un aspecto central: el 10% del capital accionario de la empresa quedará en manos de los trabajadores y las trabajadoras. Esto no sólo representa un reconocimiento al compromiso de quienes sostenemos cotidianamente el funcionamiento de AySA, sino que también asegura nuestra participación activa en la nueva etapa que se abre”, reza un comunicado del gremio en el que informa las “buenas nuevas” de la reprivatización, con la firma de su secretario general, que en octubre cumplirá 41 años al frente del SGBATOS.
Despidos, cesantías y retiros voluntarios
“No vamos a permitir que se ponga en riesgo el futuro laboral de ningún compañero o compañera. Tampoco vamos a aceptar más ajustes de ningún tipo, mucho menos si implican recortes en materia de personal o afectación de condiciones laborales”, afirma Lingeri.
¿Será que desconoce el proceso de reducción de personal que lleva adelante la empresa desde la llegada de la gestión Milei? En marzo de 2024, se produjeron 200 despidos que la empresa de aguas justificó por ser personal contratado en la administración Galmarini o sumariado. Previamente se rescindieron dos mil contratos indirectos de trabajadores de cooperativas gestionadas por intendencias o por la propia AySA para planes de agua y cloacas con financiamiento de Banco Mundial y FonPlata.
Al cabo de un año y medio de gobierno libertariano, AySA redujo su planta de personal en cerca de 1600 personas, de las cuales 945 se adhirieron al retiro voluntario. Para concretar estas desvinculaciones, se pagaron alrededor de 45.000 millones de pesos.
Según el informe de dotación de personal de la Administración Pública Nacional que publica todos los meses el INDEC, la empresa estatal tenía para mayo de 2025 6.222 empleados, un 20% menos que al finalizar la gestión del Frente de Todos. Un regalito para los inversores privados que quieran hacerse del control de nuestro bien común más preciado.
Joya nunca taxi
El otro regalito fue el decreto 493/2025 que establece un nuevo “Marco Regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales” que otorga plenos poderes para la gestión del bien y avanza sobre los derechos humanos toda vez que establece que la empresa: “Podrá efectuar el corte del servicio en caso de mora, conforme los términos y condiciones establecidos en el artículo 81 del presente Marco Regulatorio”.
De esta forma, el decreto presidencial avanza sobre lo que establece la Resolución 64/292 del año 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce el derecho al agua y al saneamiento y declaró que éstos son vitales para el desarrollo de los seres humanos. La resolución exhorta a las naciones y a las organizaciones internacionales a proporcionar recursos, capacitación y tecnología para ayudar a los países en vías de desarrollo que tienen un deplorable suministro de agua potable y saneamiento.
La gestión privada
Entre 1993 y 2006, los franceses hicieron un desastre con la empresa que recibieron sin pasivos de los que se hizo cargo el Estado bajo la gestión menemista. En ese periodo (entre 1993 y 2002), las tarifas residenciales fueron incrementadas en un 88,2 por ciento, mientras los precios minoristas lo hicieron un 7,3 por ciento.
Al finalizar la concesión en 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner rescinde el contrato y crea la estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), el 88% de los residuos cloacales se vertían al río sin tratamiento alguno y Aguas Argentinas no había incorporado clientes ni ampliado las redes de abastecimiento ni de cloacas.
En sentido inverso, pese a las críticas, la gestión estatal incorporó 3 millones de habitantes, llevando la cobertura al 85%. En los últimos 4 años se incorporó a 1,5 millones al servicio de agua corriente y 1,6 millones a las cloacas.