Redacción Canal Abierto | Gonzalo Tamame de 29 años murió en la madrugada del miércoles 23 de julio en una celda de la Comisaría Primera de Olavarría, poco después de ser detenido.
Según la versión oficial, por un suicidio por ahorcamiento con una prenda de vestir. Sin embargo, su familia, vecinos y organizaciones sociales denuncian que fue asesinado, una hipótesis que toma cada vez más fuerza luego de una serie de videos difundidos en redes sociales.
Según informó la Policía Bonaerense, Tamame fue aprehendido entre las 2:50 y las 3:00 de la madrugada por “robo y lesiones en contexto de violencia de género” y hallado muerto alrededor de las 4:00. Lo que no explican es qué ocurrió en ese lapso. Lo que sí se sabe es que murió en custodia, en una dependencia con antecedentes de torturas y que las inconsistencias del caso generaron una ola de repudio en la ciudad.
La información fue confirmada por Central de Noticias, que detalló que el cuerpo fue encontrado colgado con un buzo dentro de su celda, en un supuesto descuido del agente encargado de la vigilancia. Horas después, otro medio local, Verte.tv publicó un video registrado por un testigo que cambia por completo el sentido del relato policial: en las imágenes se escucha a una persona gritar “¡no puedo respirar!” mientras varios efectivos lo golpean. Según ese testigo, la agresión ocurrió incluso antes de su ingreso formal al calabozo, en un patio interno de la comisaría, tras ser bajado a la fuerza del patrullero.
La fiscal Mariela Viceconte quedó a cargo de la causa, caratulada como “averiguación de causales de muerte” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público, severidades, vejaciones y/o apremios ilegales”. La intervención fue cedida a la Policía Federal por tratarse de una dependencia bonaerense.
La gravedad del hecho motivó la activación del Protocolo de Minnesota, una herramienta internacional destinada a investigar muertes bajo custodia estatal cuando hay indicios de responsabilidad institucional. La autopsia, en tanto, se realizó en el Instituto de Ciencias Forenses de Junín.
Repudio social y un operativo desproporcionado
Ayer jueves, la ciudad del cemento se vio sacudida por una movilización encabezada por la familia de Tamame. Ante el vallado total de la comisaría y alrededores —una decisión policial sin precedentes en Olavarría—, los manifestantes marcharon al Palacio Municipal, donde fueron recibidos por el intendente justicialista Maximiliano Wesner.
“A mi hijo lo mataron como a un perro”, dijo entre lágrimas su madre, mientras su hermana denunció que efectivos de civil recorrieron el barrio exigiendo a adolescentes los videos del procedimiento: “Nadie quiere salir a la calle por miedo”.
La respuesta policial ante la manifestación fue desproporcionada. El despliegue de infantería, el uso de balas de goma y el cierre completo del perímetro contrastaron con una movilización pacífica de poco más de un centenar de personas, en su mayoría familiares y vecinos.
Esa represión selectiva y preventiva contra una protesta vecinal remite directamente al accionar del gobierno nacional frente a las manifestaciones sociales: una lógica que se repite desde la Casa Rosada hasta las comisarías de provincia.
La Policía respondió con balas de goma a las piedras lanzadas por un pequeño grupo de jóvenes, a pesar de que la familia había pedido en reiteradas oportunidades que la protesta se mantuviera pacífica. Dos personas fueron detenidas, entre ellas Agustín Mestralet, dirigente del Frente de Izquierda y candidato a concejal local.
“No son excesos, es el funcionamiento integral de una fuerza podrida desde las cúpulas”, expresaron desde el Partido Obrero, y recordaron antecedentes recientes de represión, tortura y muertes en dependencias. “En 2012 hubo denuncias de torturas en esta misma comisaría. En 2023 asesinaron en Pilar a Sofía Fernández, joven trans. En 2022 a Daiana Abregú en Laprida, también simulando un suicidio”, agregaron.
Según el portal Verte.tv, los agentes Astrada, Campos y Bortolotti fueron imputados y serían quienes estuvieron de guardia la noche de la muerte de Tamame. Los tres serán defendidos por el abogado César García.