Redacción Canal Abierto | En su último informe de Creencias Democráticas, además de abordar las apreciaciones sobre el sistema democrático, el Observatorio Pulsar de la UBA incorporó una serie de preguntas referidas a las creencias sobre el ejercicio del poder y los principios republicanos.
“Las preguntas exploran cómo se valoran los límites al poder presidencial, el rol del Congreso, la justicia, el derecho a la protesta y la vigencia de las libertades individuales”, se explica en la introducción a este módulo y plantea que “se trata de una dimensión fundamental para comprender no solo el apego a la democracia en abstracto, sino también las condiciones concretas que la sociedad permite para su funcionamiento”.
A partir de una muestra nacional de 700 casos tomados desde teléfono celular, 300 desde teléfono fijo y 252 presenciales respetando cuota de edad, sexo y nivel educativo, la metodología fue presentar a los que en una primera instancia se les presentaron una serie de afirmaciones sobre las que debían manifestar su nivel de acuerdo.
La primera es “Se debe respetar el derecho a manifestarse, incluso cuando yo no esté de acuerdo con el motivo del reclamo” con la cual el 59% estuvo muy de acuerdo, el 25%bastante de acuerdo, el 12% poco de acuerdo y el3% nada de acuerdo. Resumiendo, el 84% manifestó altos niveles de adhesión a la frase, contra un 15% de rechazo.
En el trabajo también se desglosan las respuestas de acuerdo al candidato que se votó en las elecciones generales de 2023. Allí se ve que entre quienes votaron a Sergio Massa el 93% expresó acuerdo y el 6% desacuerdo. Llama la atención que aún los votantes de Patricia Bullrich, la ministra de seguridad que reprime las protestas contra el gobierno que integra, el acuerdo con la afirmación sea de 85% contra 14% de desacuerdo. Y ente los votantes de Javier Milei el respeto a la protesta se impone con el 72% sobre el 28% de rechazo. Entre quienes votaron a los Candidatos restantes (Juan Schiaretti y Miriam Bregman) el acuerdo es de 90% y el rechazo de 105.
La respuesta a la segunda proposición podría reflejar el descrédito que padece la política en la ciudadanía. “El gobierno funciona mejor si las decisiones las toman expertos independientes en vez de políticos” sumó un 53% entre quienes están muy de acuerdo (27%) y bastante de acuerdo (26%), sobre el 43% que está poco de acuerdo (21%) y nada de acuerdo (22%).
La tercera premisa afirma que “El presidente debe poder frenar medidas tomadas por el Congreso si considera que perjudican su plan de gobierno” y el 34% está de muy de acuerdo (20%) y bastante de acuerdo (14%), mientras que el 63% está Poco de acuerdo (22%) y nada de acuerdo (41%).
Si este exceso de respeto por la división de poderes despertara expectativas, cabe poner la lupa en qué se responde según la inclinación política. Así vemos que el 53% los votantes de Patricia Bullrich en la primera vuelta de 2023 y el 46% de quienes lo hicieron por Milei acuerdan con la frase, en tanto entre los electores de Sergio Massa, el porcentaje es de apenas el 13%. Entre los que votaron a las otras opciones, es del 18%.
La cuarta frase postula que “Las personas poco informadas no deben votar en las elecciones”. Allí, tres de cada diez argentinos avalan la limitación del derecho al voto. El 16% está muy de acuerdo; el 13%, bastante de acuerdo; el 26%, poco de acuerdo y el 40%, nada de acuerdo. El dato interesante es que el porcentaje se replica entre quienes votaron tanto a Massa, a Milei y a Bullrich.
Otra pregunta que atañe a la división de poderes reza que “Si un fallo judicial está influenciado políticamente, el presidente tiene derecho a no cumplirlo”. Los números muestran que hay menos apoyo a la intromisión del poder judicial que al legislativo. Sólo el 22% esta mMuy de acuredo (10%) y bastante de acuerdo (12%), contra el 71% que está poco de acuredo (27%) y nada de acuerdo (44%).
En este ítem el nivel de acuerdo sí varía según los votantes de cada candidato. Pero a contrapelo de lo que intenta instalar el sentido común dominante, entre los partidarios de Unión por la Patria recoje un magro 13% de adhesión contra un 78% de rechazo. En cambio, entre los votantes de Bullrich el apoyo se estira al 28% y entre los de Milei, al 32%.
Por último, el planteo de que “Un gobierno puede suspender por un tiempo algunos derechos si lo considera mejor para la sociedad” reúne un 24% entre quienes están muy de acuerdo ( 12%) y bastante de acuredo (12%) contra el 74% que responden estar poco de acuredo (21%) y totaslmente de acuerdo (53%).
Al igual que en el punto anterior, quienes votaron por Massa y adhieren a este postulado apenas llegan al 10%, muy por detrás de los partidarios de Milei ((30%) y Bullrich (37%).
En base a las respuestas de todo el estudio, el observatorio Pulsar divide a la ciudadanía argentina en dos ejes. Por un lado, el que encuentra a demócratas y elitistas en sus extemos. “Se basa en una pregunta sobre si la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno y otra sobre si las personas poco informadas deberían votar. A mayor adhesión a la democracia y menor apoyo a restringir el voto, más alto el puntaje. En cambio, menor preferencia por la democracia y más apoyo al “voto calificado”, menor el puntaje”, explica el trabajo.
El otro eje divide a los encuestados entre republicanos y cesaristas. Este “captura el respeto por los principios institucionales y el control al poder. Incluye el rechazo a medidas que limitan derechos, el Congreso, el poder Judicial y si los presidentes deben completar su mandato. Los valores altos en este eje reflejan mayor compromiso con los mecanismos de control y equilibrio de poderes; los valores bajos indican una mayor tolerancia a formas concentradas o excepcionales de ejercicio del poder presidencial”
En la combinación de ambos arroja los siguientes perfiles:.
- Cesaristas elitistas: abarca al 22% que expresa una visión restringida tanto de la democracia como de las instituciones; toleran, en la práctica, múltiples excepciones y ciertos comportamientos autoritarios. Dentro de este universo, el 78% cree que las personas poco informadas no deberían votar; 6 de cada 10 prefieren que el gobierno sea conducido por expertos en lugar de políticos; el 71% acepta que el presidente pueda frenar medidas del Congreso; el 47% está de acuerdo con que el presidente evite fallos judiciales, el 37% cree que, a veces, puede ser preferible un gobierno autoritario y el 52% avala la posibilidad de suspender derechos en situaciones excepcionales.
- Cesaristas demócratas: son el 27% que están incluidos en un perfil en el que conviven con ciertas ideas que habilitan el decisionismo presidencial en casos puntuales, justificable frente a la ineficacia o a la urgencia. El 100% rechaza limitar el voto a personas poco informadas y afirma que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. El 47% acepta que el presidente frene medidas del Congreso. Y 4 de cada 10 avalan que desoiga fallos judiciales y el 47% acepta suspender derechos en situaciones críticas.
- Republicanos elitistas: son el 16% y defiende los contrapesos republicanos y las restricciones al poder presidencial, aunque presentan una visión limitada de la democracia en términos de inclusión. 8 de cada 10 creen que las personas poco informadas no deberían votar. El 66% piensa que si un gobierno democrático no da soluciones, debería ser reemplazado antes de tiempo. El 95% rechaza suspender derechos en situaciones excepcionales, el 96% rechaza que el presidente pueda obviar un fallo judicial y el 79% rechaza que el Poder Ejecutivo frene medidas del Congreso.
- Republicanos demócratas: son el 35% que combinan un compromiso pleno con la democracia y una defensa robusta de las instituciones. Rechazan tanto las soluciones autoritarias como los atajos institucionales en una visión más cercana a una democracia liberal clásica: abierta, deliberativa, con límites al poder y derechos garantizados. El 100% rechaza limitar el voto a personas poco informadas. El 45% prefiere expertos en lugar de políticos. El 92% está en desacuerdo con que el presidente frene medidas del Congreso, el 96% rechaza que el Poder Ejecutivo no respete un fallo judicial y el 97% está en contra de la suspensión de derechos en situaciones excepcionales.
