Redacción Canal Abierto | Miles de estudiantes, docentes, no docentes y trabajadores de la salud se movilizaron hoy en una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, la tercera desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Bajo la consigna «Nuestro futuro no se veta», la protesta tendrá como epicentro el Congreso y coincidirá con el debate en la Cámara de Diputados sobre el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, una norma clave para recomponer salarios y presupuestos en las casas de estudios públicas.
También se discutirá el rechazo al veto de la Ley de Emergencia Pediátrica, que afecta al Hospital Garrahan y otros centros de salud infantil.
Al igual que las anteriores marchas universitarias (de abril y octubre de 2024), la de esta tarde no será solo un grito de la comunidad o de los profesionales de la salud: se suman también gremios como la CGT, las CTA, ATE y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto a movimientos piqueteros como el Polo Obrero y el MST.
El oficialismo defiende el veto con el argumento de que las leyes carecen de financiamiento y comprometen el equilibrio fiscal.
En un intento por deslegitimar el reclamo, este lunes el Presidente anunció un refuerzo de las partidas para 2026, calificado de “dibujo” por todos los especialistas. De hecho, la supuesta suba no incluye a los salarios docentes y no docentes, que explican el 90% del presupuesto universitario y se encuentran casi un 30% por debajo de 2023.
Desde las universidades advierten esta cuestión, a la que se suma el deterioro en infraestructura y hasta la imposibilidad de afrontar el pago de servicios básicos como la electricidad.
El mismo día en que publicó este último veto contra las casas de altos estudios, el Gobierno recortó en $ 40 mil millones su presupuesto para 2025. Con este cambio, y tomando como referencia a las proyecciones de inflación relevadas por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el Gobierno terminará este año con una reducción del 32% sobre los gastos realizados en 2023.
En este contexto, Milei y sus aliados buscan retener a diputados indecisos o ausentes para bloquear los dos tercios necesarios.
De cara al primer round parlamentario de este miércoles, el Gobierno nacional sorprendió con giros por $12.500 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a cuatro provincias.
Los gobernadores beneficiarios son el entrerriano Rogelio Frigerio y el chaqueño Leandro Zdero -aliados electorales de La Libertad Avanza para octubre-, el santafesino Maximiliano Pullaro –integrante de Provincias Unidas- y el misionero Hugo Passalaqcua. Estos dos últimos, socios circunstanciales del oficialismo nacional en el Congreso.
A raíz de esta sorpresiva “generosidad” por parte de un Ejecutivo que repite una y otra vez el mantra “no hay plata”, ahora todas las miradas están puestas sobre los Diputados que responden a los mandatarios en cuestión. En particular, aquellos que supieron acompañar en varias instancias la iniciativa universitaria, como es el caso del chaqueño Juan Carlos Polinio o el entrerriano Francisco Morchio.
En octubre de 2024, Milei ya había vetado una ley de financiamiento universitario similar. La decisión fue luego ratificada por la Cámara de Diputados.
Ahora, en caso de que la Cámara Baja insista con las leyes, el trámite deberá pasar al Senado, donde también requerirá de la misma cantidad de votos para su ratificación, tal como sucedió días atrás con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Más allá del resultado legislativo, la pulseada abre un interrogante mayor: en un contesto de crisis y creciente rechazo, ¿logrará Milei sostener sus vetos o el apoyo para su proyecto de Presupuesto 2026, la próxima gran batalla parlamentaria que le espera al Gobierno?