Redacción Canal Abierto | “Después de 13 años, 10 meses y 24 días, de la desaparición de Daniel Solano llegamos a este segundo juicio”, sostuvo el abogado Leandro Aparicio, al comienzo de su alegato. Se refiere al joven trabajador golondrina que fue visto con vida por última vez en la madrugada del 5 de noviembre de 2011, en la localidad de Choele Choel (Río Negro), cuando era sacado por la fuerza por la policía de la discoteca Macuba. Desde entonces, permanece desaparecido.
En 2018, siete efectivos policiales fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado con alevosía. En 2023, luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario, la sentencia quedó firme, y los agentes, finalmente, encarcelados.
El veredicto de los jueces María Evelina García Balduini, Oscar Gatti y Gastón Martín condenó como asesinos materiales a los policías Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez quienes cumplen prisión perpetua.
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El Caso Solano II
El 22 de septiembre comenzó un segundo debate oral, con sede en los Tribunales de General Roca y la Oficina Judicial de Choele Choel, sobre la presunta participación de tres agentes policiales en la desaparición y muerte del joven salteño. La mañana de este lunes tuvieron lugar los alegatos y en las próximas horas se conocerá la sentencia.
Se trata de los agentes Walter Etchegaray, Ceferino Muñoz y Cristian Toledo. El primero está imputado como partícipe necesario del homicidio agravado por alevosía y abuso de funciones, en concurso real con vejaciones. A los otros dos se los imputa por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los acusados cumplían funciones como adicionales en el local bailable en la noche de la desaparición y fueron quienes llamaron a la comisaría para solicitar asistencia. En su alegato, la fiscal jefe Teresa Giuffrida reconstruyó que según el testimonio de los testigos en el juicio, Etchegaray sacó violentamente a Solano del local bailable junto con la patrulla policial y participó de la golpiza que concluyó en el asesinato del joven trabajador golondrina.
“‘Dos policías lo venían golpeando, yo lo vi cuando lo empujaban y él se venía golpeando con las paredes’, sostuvo María Laura Farías”, narró la fiscal citando a testigos presentes en el boliche. “Alguien cayó por la escalera, lo empujó la policía que lo levantó como una bolsa de papas”, citó.
Cuando Solano fue sacado del local, lo subieron a un móvil policial y no hay más pistas sobre él.
A los otros dos imputados, se los acusa por haber presenciado las agresiones y el traslado violento del joven sin intervenir, ni cumplir con las obligaciones de informar a sus superiores, labrar actas ni garantizar la custodia de la víctima, lo que constituye un grave incumplimiento de los deberes del funcionario público. “Como empleados policiales sabían cuál era el procedimiento, es decir que hubo una omisión maliciosa”, sostuvo la fiscal jefe. “Con posterioridad han incurrido en un encubrimiento agravado: son funcionarios policiales y tienen la obligación de denunciar todas aquellas circunstancias que ellos entiendan que constituyen un delito. Cuando se les consultó sobre lo que había ocurrido esa noche, no dijeron nada de lo que pasó. Encubrieron a quienes habían participado del homicidio”.
El caso Solano
Solano llegó a la localidad patagónica desde el norte, para trabajar en la recolección de manzanas para la transnacional Expofrut. Allí se encontró que la firma realizaba una estafa a los trabajadores mediante la tercerizada Agrocosecha y comenzó a reclamar por sus derechos y los de sus compañeros.
Su caso fue tapado por bastante tiempo. A su padre, Gualberto, le dijeron que su hijo había dejado la ciudad para ir a Neuquén y que nadie más lo había visto. Insistió y siguió preguntando. Acampó durante años frente a la oficina judicial de Choele Choel para exigir respuestas sobre el destino de Daniel. Murió el 3 de abril de 2018 sin conocer la sentencia y sin saber dónde está su hijo, que continúa desaparecido.
Los abogados querellantes Leandro Aparicio y Sergio Heredia finalmente consiguieron la condena para los siete policías y hoy participan en este juicio.