Redacción Canal Abierto | Distritos de las zonas centro y oeste de la provincia de Buenos Aires, de la denominada cuenca del río Salado, atraviesan una situación crítica debido a las inundaciones.
En diciembre de 2023, el Gobierno nacional de Javier Milei ordenó la suspensión de los trabajos en el Tramo IV del Plan Maestro Integral del Río Salado, una obra clave para evitar los anegamientos. El tramo pendiente de ejecutar -de unos 30 kilómetros de extensión- implica una inversión de unos 70 mil millones de pesos con financiamiento de Nación y ejecución de la Provincia.
A la par de esta decisión del gobierno de la motosierra, las lluvias de febrero y marzo inundaron vastas zonas del oeste bonaerense. Desde entonces la situación no hizo más que agravarse. Según un informe de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la cuenca del río Salado, con una extensión aproximada de 17 millones de hectáreas, “representa entre el 25 y el 30% de la producción agrícola y ganadera de la Argentina”. Para septiembre, esta entidad estimaba que más de tres millones de hectáreas estaban afectadas.
Luego de las últimas fuertes lluvias, la estimación es que son más de cinco millones las hectáreas perjudicadas, en las que no se podrá producir y de las que se dificulta sacar cualquier tipo de producción, sea agrícola o ganadera.
Katopodis desmiente a Bullrich
El gobierno nacional, en las últimas horas, anunció la implementación de un operativo de emergencia en el municipio de 9 de Julio, con el despliegue de maquinarias y fuerzas federales para asistir a las zonas afectadas por las inundaciones.
“Vamos a poner recursos nacionales y generar un despliegue operativo que permita abrir caminos, ir hacia las familias aisladas y asistir a pueblos en situaciones comprometidas”, expresó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en la Casa Rosada, en una conferencia conjunta con el debutante Jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Por su parte, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis respondió en un comunicado que “la Nación paralizó la obra y hoy se ven las consecuencias de esa decisión”, e insistió en que el abordaje de la problemática hídrica requiere planificación y continuidad más allá de los cambios políticos. “La paralización de los trabajos ya lleva casi dos años. De haberse mantenido el ritmo de ejecución previo, la obra del tramo 4 [N.deR.: los 30 kilómetros mencionados] podría haberse finalizado durante 2024. El financiamiento para el tramo 5 (a cargo de la PBA) proviene de fondos internacionales y el banco interviniente no dispondrá de los mismos si no se completa la obra pendiente del tramo 4 (en manos del Gobierno Nacional)”, sostiene el funcionario provincial.
Mientras tanto, Adorni afirmó que “el Gobierno nacional se está ocupando de los bonaerenses” y sostuvo que la prioridad es asistir a los municipios más afectados.
Katopodis enfatiza que el Plan del Río Salado es una política de Estado que tiene más de 25 años de continuidad, desarrollada de manera conjunta por Nación y Provincia, y que logró avances sustanciales en etapas anteriores. Según los datos oficiales, el 75% de la obra ya fue ejecutado, lo que equivale a 402 kilómetros de canalización terminados, mientras que 33 kilómetros permanecen paralizados por decisión nacional y otros 95 kilómetros dependen de la ejecución provincial.
La obra consiste en agrandar el cauce del río, enrasar y profundizar el fondo. Esta tarea se complementa con la realización de grandes canales que drenan las aguas hacia el Salado.
Asistencia financiera del gobierno provincial
El gobierno de Axel Kicillof lanzó un programa de asistencia que prevé exenciones impositivas, reprogramación de pagos y beneficios crediticios con el Banco Provincia para aquellos productores que hayan sufrido una afectación superior al 50% en su capacidad productiva.
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) dispuso la exención y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural para productores de 19 distritos bonaerenses gravemente afectados por las inundaciones registradas. Los municipios incluidos en la medida son Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General Lamadrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, 9 de Julio, Puan, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen.
El programa “está dirigido exclusivamente a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos y vieron comprometida su producción por inundaciones o sequías”, explicó Cristian Girard, titular de ARBA.
La Provincia, con el objetivo de “mitigar el impacto de la emergencia hídrica, dispuso una reasignación presupuestaria de más de 8.800 millones de pesos para ejecutar obras hidráulicas en distintas localidades bonaerenses. La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución 1054 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.