Redacción Canal Abierto | El gobierno de Javier Milei lanzó en las últimas semanas una ofensiva política —administrativa y legislativa— para debilitar la Ley de Glaciares (Ley 26.639) y, a cambio, ganarse el apoyo parlamentario de gobernadores mineros para las reformas que pretende impulsar.
La estrategia combina promesas de “seguridad jurídica” para atraer inversiones, propuestas técnicas para redefinir qué se protege y la oferta implícita de caja o poder territorial a las provincias.
En concreto, el objetivo es reducir las áreas periglaciales o crioformaciones, cuya definición técnica pone un freno a inversiones y proyectos mineros. Y así dar vía libre a actividades que puedan dañarlos permitiendo la liberación sin control de productos químicos o residuos.
En el fondo, la estrategia podría fisurar cuatro espacios legislativos: el catamarqueño, cuyo mandatario Raúl Jalil aún forma parte de Unión por la Patria; el radical Alfredo Cornejo, que en octubre fue aliado de La Libertad Avanza; el del jujeño Carlos Sadir, de la UCR pero cercano a Provincias Unidas; al peronista independiente de Gustavo Sáenz en Salta; y el bloque del sanjuanino Marcelo Orrego.
“El combo es destrucción ambiental y saqueo económico”, había alertado en julio de este año Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.
En octubre de 2024, la entonces subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, admitió ante el Coloquio de IDEA -que reúne a la cúpula empresarial- los planes de La Libertad Avanza de “sacar todos estos escollos” y saciar las exigencias de las multinacionales.
En esta entrevista con Canal Abierto, Viale advierte sobre los riesgos detrás de esta modificación que ya había sido rechazada durante el debate por la Ley Bases, desmonta los mitos del “consenso extractivista” y denuncia el espionaje ilegal sobre la militancia ambiental.