Por Leo Vázquez | La reciente carta abierta enviada por más de un centenar de juristas de América Latina, Europa y el Caribe a la Organización de Estados Americanos (OEA) volvió a encender alarmas sobre la creciente tensión militar en la región. El documento, dirigido al secretario general Albert Ramdin, denuncia la “intervención belicista” de Estados Unidos en el Caribe y el anuncio de Donald Trump de cerrar totalmente el espacio aéreo venezolano, una medida que —según advierten— implica un acto directo de agresión y una amenaza para la estabilidad continental.
Los firmantes, entre ellos figuras como Eugenio Raúl Zaffaroni, Baltasar Garzón, Joan E. Garcés, Patricio Pazmiño, Roberto de Figueiredo Caldas, Gerardo Pisarello, Sacha Llorenti, Cristina Caamaño, Eduardo Barcesat y Nelly Minyersky, sostienen que las operaciones militares estadounidenses, presentadas bajo el pretexto de la “seguridad regional” y la lucha contra el narcotráfico, violan principios centrales del Derecho Internacional. En particular, subrayan que los ataques a embarcaciones frente a las costas venezolanas, señalados por expertos de la ONU como posibles “ejecuciones extrajudiciales”, constituyen crímenes internacionales que comprometen la responsabilidad del Estado norteamericano.
El pronunciamiento cuestiona además el silencio de varios gobiernos latinoamericanos y advierte sobre el riesgo de retroceder en los consensos alcanzados en la región, especialmente aquel que declaró a América Latina y el Caribe como zona de paz en la II Cumbre de la CELAC. Para los juristas, permitir que estas operaciones se naturalicen abre la puerta a una escalada que no sólo afecta a Venezuela, sino que puede replicarse contra otros países del continente.
Frente a este escenario, el colectivo de especialistas exige a la OEA una reacción inmediata: convocar a una reunión urgente de ministros de Relaciones Exteriores, condenar las acciones de Washington y reafirmar el respeto irrestricto a la soberanía y al principio de no intervención. De lo contrario —advierten— la propia legitimidad del organismo queda en entredicho, junto con la capacidad regional de frenar un conflicto que amenaza con desestabilizar todo el Caribe.
El texto completo
Carta abierta urgente de Juristas del mundo a la OEA ante la nueva agresión de Estados Unidos contra Venezuela y el Caribe
Al Señor Secretario General de La Organización de Estados Americanos, Sr. Albert R. Ramdim
Las y los juristas abajo firmantes nos dirigimos a Ud. a efectos de manifestar nuestra firme condena y alarma frente a la intervención belicista de Estados Unidos en la zona del Caribe, con especial énfasis en las acciones contra la República Bolivariana de Venezuela, y el pretendido cierre del espacio aéreo venezolano anunciado por Trump. Estas acciones representan claros actos de injerencia, la imposición de medidas coercitivas unilaterales y una agresión directa que atenta contra la soberanía y el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano, y pone en riesgo a toda la zona del Caribe.
Desde septiembre del presente año, la agresión bélica unilateral y las constantes amenazas de Estados Unidos, bajo el pretexto de la seguridad regional y la lucha antidrogas, han escalado significativamente. Especialmente, con los ataques aéreos mortales en el mar Caribe contra buques y lanchas que, según alega el gobierno de Trump, sin aportar pruebas, se utilizaban para el tráfico de drogas. De acuerdo con lo analizado por un grupo de expertos de la ONU, los ataques estadounidenses contra naves en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, equivalen a “ejecuciones extrajudiciales” y es un crimen internacional.
La situación ha alcanzado niveles intolerables, evidenciados en la reciente suspensión de vuelos internacionales tras el aviso de Estados Unidos por “una actividad militar en aumento, y las manifestaciones del secretario de Estado, Marco Rubio, con la absurda pretensión de declarar al supuesto “Cartel de los Soles” como organización terrorista, para intentar nuevas justificaciones para la confesada intención del gobierno de Trump, de apropiarse del petróleo venezolano. En el día de hoy, Donald Trump anunció en sus redes sociales el “Cierre Total” del espacio aéreo venezolano, a los efectos de “sitiar” a ese país.
Vulneración de Principios y Tratados Internacionales Las acciones descritas contravienen abiertamente principios esenciales consagrados en diversos instrumentos internacionales, tales como:
• Carta de la ONU (arts. 2.1 y 2.4): Afirma la soberanía y prohíbe el uso de la fuerza.
• Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales. (Resolución A/RES/37/10, 1982): Establece que las controversias deben resolverse sobre la base de la igualdad soberana de los Estados y prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza, así como las medidas coercitivas unilaterales y el despliegue militar.
• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Resolución 2200 A (XXI), 1966): Obliga a los Estados a garantizar la vigencia de los derechos, prevenir violaciones por parte de terceros, investigar y sancionar violaciones, y reparar a las víctimas.
• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Resolución 45/158, 1990): Compromete a los Estados a proteger la dignidad y los derechos de los migrantes, evitando que personas deban migrar como única vía de supervivencia.
• Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961): Garantiza la inviolabilidad de los jefes de Estado.
• Resolución 2444 (XXIII) 1968 que limita los métodos de guerra, prohíbe los ataques a la población civil.
• Resolución 2675 (XXV) 1970 de la ONU: Prohíbe actos coercitivos contra la independencia política de los Estados y el fomento de actividades para subvertir violentamente el orden interno de otro Estado.
• Tratado de Tlatelolco (1967) para la Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe: Aunque Estados Unidos no es parte del tratado, ratificó el Protocolo Adicional II, comprometiéndose a respetar la desnuclearización de la región y a no usar armas nucleares contra los países miembros.
• Artículo 7 del Estatuto de Roma sobre crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional.
Recordamos que, según la II Cumbre de la CELAC en 2014, Latinoamérica y el Caribe han sido declaradas zona de paz, por lo que repudiamos cualquier acción belicista que ponga en riesgo la vida de sus pueblos.
Violación de la Carta de la OEA Estas intervenciones también constituyen una violación a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en particular a los objetivos del artículo 2° y a los principios establecidos en el artículo 3°.
Asimismo, realizamos las siguientes exhortaciones:
• Demandamos el respeto irrestricto del Derecho Internacional, y que los tratados bilaterales y multilaterales, así como la Carta de las Naciones Unidas, sean la única vía válida para la resolución pacífica de controversias.
• Convocamos a la comunidad jurídica internacional a vigilar y denunciar ante las instancias competentes las violaciones al Derecho Internacional que amenacen la estabilidad del Caribe y del mundo.
• Manifestamos nuestro rechazo ante las recientes ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el mar Caribe por fuerzas estadounidenses, las cuales violan los derechos humanos y el derecho internacional.
• Solicitamos al Gobierno de Estados Unidos que detenga sus operaciones militares en el mar Caribe y cese las amenazas contra América Latina.
• Demandamos que los gobiernos asuman una posición clara de condena ante las violaciones al Derecho Internacional y la escalada de violencia contra Venezuela y la región.
• Reafirmamos que la paz duradera solo puede construirse sobre la base de la justicia social, la equidad y el respeto pleno a los derechos humanos y al derecho internacional.
Por ello, hacemos un llamado enfático a la Secretaría General de la OEA y a todos los estados miembros para que expresen un rechazo categórico a estas acciones, ya que el silencio debilita y pone en crisis la existencia misma del bloque regional, el deterioro de los fundamentos que justificaron su creación, permitiendo acciones que ponen fin a el status pacifico latinoamericano, y que hoy son dirigidas a Venezuela, pero que continuaran contra otros países de la región, tal como lo anunciara Donald Trump desde el inicio de su mandato.
Por tanto, requerimos también que convoque en forma urgente a una reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores a los fines antes detallados.
Los mandatarios de los países del bloque tienen el deber exigir la paz al gobierno del país unilateralmente agresor, es decir a Estados Unidos, en defensa de los intereses de los pueblos de América y el mundo.
El documento original
Todas las firmas
Eugenio Raúl Zaffaroni, Ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Argentina)
Baltasar Garzón, Ex Juez de la Audiencia Nacional de España (España)
Joan E. Garcés, Premio Nobel Alternativo Right Livelihood Foundation 1999
Patricio Pazmiño, Ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Ecuador)
Roberto de Figueiredo Caldas, ex Juez y Presidente de la Corte Interamericana (Brasil)
Claudia Rocca, Presidenta de la Asociación Americana de Juristas Continental (Argentina)
Ernesto Pazmiño Granizzo, Profesor universitario, ex Ministro de Justicia, ex Defensor Público General (Ecuador)
Juarez Tavares, Catedrático de la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil)
Roberto Pompa, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (Argentina)
Gerardo Pisarello, Diputado del Congreso de España, Universidad de Barcelona (España)
Vanessa Ramos, Secretaria General de la Asociación Americana de Juristas (Puerto Rico/EE.UU.)
Jorge Vicente Paladines, Profesor, Universidad Central del Ecuador (Ecuador)
Sebastian Scheerer, Universidad de Hamburgo (Alemania)
Walter Antillón Montealegre, Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica – AAJ (Costa Rica)
Alexandre Guedes, Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (Brasil)
Luis Fernando Niño, Profesor UBA, ex Camarista de Casación, Vicepresidente de la AAJ (Argentina)
Elías Carranza, ILANUD (Costa Rica)
Antonio Raudillo Martin Sánchez, Unión Nacional de Juristas de Cuba
Enrique Santiago Romero, diputado, CLAJUD (España)
Virgilio Hernandez, Vicepresidente del Parlamento Andino (Perú)
Galo Chiriboga Zambrano, ex Procurador General de Ecuador (Ecuador)
Carlos Margotta, Presidente de la Asociación Chilena de Juristas por la Democracia (Chile)
Luís Carlos Moro, Vicepresidente 1° de AAJ Continental (Brasil)
Matías Cremonte, Presidente de ALAL (Argentina)
Sacha Llorenti, expresidente del G77 y ex secretario del ALBA-TCP (Bolivia)
Eduardo Barcesat, profesor UBA, constituyente 1994 (Argentina)
Jorge Luiz Souto Maior, Presidente AAJ Brasil (Brasil)
María Lucrecia Hernández, Presidenta de la Asociación Venezolana de Juristas (Venezuela)
Nidia Díaz, ex parlamentaria PARLACEN, AAJ El Salvador (El Salvador)
Nelly Minyersky, Profesora Consulta UBA (Argentina)
Ana María Figueroa, ex jueza de Casación Penal Federal (Argentina)
Billy Navarrete, Comité Permanente DD.HH. de Guayaquil (Ecuador)
Louis Dussan, Presidente AAJ Colombia (Colombia)
Arturo Castañón Delgadillo, Comité Madiba (México)
Cristina Caamaño, Rectora Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (Argentina)
Matías Bailone, profesor UBA, AAJ (Argentina)
Matías Fachal, Presidente Federación Judicial Argentina
José Alexis Ginarte Gato, Presidente Unión Nacional de Juristas de Cuba
Alejandro Navarro Brain, Presidente FOLADH (Chile)
Yiannis Rachiotis, Hellenic Union of Progressive Lawyers (Grecia)
M. Inés Miranda Navarro, IAJUWS (España – Canarias)
Fabio Marcelli, CRED (Italia)
José Alberto López Damián, Presidente ANAD (México)
Diedrich Franck, VVN-VdA (Alemania)
Matias Busso, Asociación contra la Violencia Institucional (Argentina)
Laura Taffetani, Gremial de Abogados y Abogadas (Argentina)
Ignacio Ramirez Romero, FENADDEH (Venezuela)
Luis Hipólito Alén, ex subsecretario de DD.HH. de Nación (Argentina)
Carlos Alberto Cruz, ABB AABA, Profesor UBA (Argentina)
Kevin M. Rivera Medina, Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico
Alfredo Kraut, AABA, ex secretario Corte Suprema (Argentina)
Julio Diaz Campusano, PPT (República Dominicana)
Juan Carlos Gonzalez Galeano, Asociación de Jurista del Paraguay (Paraguay)
Iris Etelvina Pereyra, Liga Argentina por los Derechos Humanos (Argentina)
Juan Martin Fresneda, ex Secretario de DD.HH. de la Nación (Argentina)
Daniel Jorajuría Kahrs, CTA Autónoma (Argentina)
Arturo Fournier, AAJ Costa Rica (Costa Rica)
Larissa Ramina, CLAJUD – Grupo de Puebla (Brasil)
Alicia Colchado Ariza, ANAT (México)
Hugo Ruiz Díaz Balbuena, Profesor de Derecho Internacional, UPC (Paraguay)
Federico Paruolo, Ministerio Público Fiscal – CABA (Argentina)
Edgar Trejo Gudiño, Partido Popular Socialista (México)
Orlando Serpa Teherán, Poder Ciudadano (Colombia)
Silvina M. Romano, Investigadora CONICET – Observatorio Lawfare
Tamara Lajtman, Observatorio Lawfare (Argentina)
Marcelo A. Maisonnave, Observatorio Lawfare (Argentina)
Aníbal García Fernández, Observatorio Lawfare (México)
María Cecilia Leal Tomasi, Asesora Letrada de Cooperativas (Uruguay)
María de la Luz Rivera, ANAD (México)
Adriana Arce, Observatorio Memoria y Justicia UNLP (Argentina)
Liliana Beatriz Constante, FISyP (Argentina)
Luis Sánchez Baquerizo, Coalición Nacional por la Patria (Ecuador)
Guillermo Pajoni, AAL (Argentina)
Rômulo de Andrade Moreira, Fiscal (Brasil)
Natalia Salvo, Corriente 7 de Julio (Argentina)
Gustavo Miño, Corriente 7 de Julio (Argentina)
Silvio Cuneo, Universidad Central de Chile (Chile)
Gisela Jiménez, Asociación Venezolana de Juristas (Venezuela)
Graciela Ingrid Cazamajou, AAJ (Argentina)
Beatriz Rajland, Profesora UBA, AAJ (Argentina)
Paola Gallo Pelaez, AAJ Rama Argentina
David Palis, AAJ (Venezuela)
Cristina Livitsanos, AAJ Rama Argentina
Cynthia Britez, AAJ Rama Argentina
Alejandro Javier Rusconi, AAJ Rama Argentina
Gilberto Solís González, AAJ Panamá (Panamá)
Emiliano Villar, AAJ Rama Argentina
María Julia Pérez Tort, AAJ Rama Argentina
Graciela Susana Stutman, AAJ Rama Argentina
Macarena Goncalves Mendina, abogada (Uruguay)
Adriana Duprez Rufino, abogada (Argentina)
Jessica Yulieth Chávez Molina, Pacto Histórico (Colombia)
Gonzalo Imas, abogado (Argentina)
Melany Isabel Mendez Cuadra, FRENADESO Panamá (Panamá)
Maria Fernanda Pereyra, ACVI (Argentina)
Adolfo Villatte, abogado (Argentina)
Yan Carlos Abad, abogado (República Dominicana)
Duilio Jorge Ramírez, abogado de DD.HH. (Argentina)
Cristian Eduardo Guzmán, abogado (Argentina)
Eduardo Fachal, abogado (Argentina)
Marco Gonzalez Pizarro, Movimiento Socialismo Allendista (Chile)
Martin Ore Guerrero, ALPT (Perú)
Carolina López Rodríguez, ANAD (México)
Silvia Pineda Luna, ANAD (México)
Ismael Blanco Martino, asesor letrado (Uruguay)
Carlos Pablo Szternsztejn, AAL (Argentina)
Adrián Daniel Albor, GLE (Argentina)
Camilo Ignacio Piedrahita Muñoz, Universidad de Guayaquil (Ecuador)
Alfredo Rubio, CECIM (Argentina)
Eduardo Soares, Gremial de Abogados y Abogadas (Argentina)
Ma. Amelia Da Cuña, Asociación Uruguaya de Laboralistas (Uruguay)
Daniel Parrilla, Asociación Uruguaya de Laboralistas (Uruguay)
Mercedes Cerverón Casal, abogada (España)
María Isabel Haruno Takata Gutiérrez, Círculo Río (México)
Luis Fernando Avila Linzan, profesor constitucionalista (Ecuador)
Gladys Ordóñez Plazas, Coordinadora Internacional Antifascista (Costa Rica)
Marisol Ciprián Sánchez, Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela (México)
Yolanda Silva Romero, Abogados Laboralistas de Trabajadores (Colombia)
Miguel Hernández, Coordinadora Simón Bolívar (Venezuela)
Manuel Rodríguez Banchs, Democracia Socialista (Puerto Rico)
Arturo Portilla Lizarazo, Revista Trabajo y Derecho (Colombia)
Julia Teresa Puello Pineda, Radio Comunitaria AVISPA 95.9FM (Venezuela)
Maria Andrea Cuéllar Camarena, docente UBA (Argentina)
Alan Roy Scacchi, docente UBA (Argentina)
Diego Abel Herrero, profesor UBA (Argentina)
Antonio Vargas, FAD (Panamá)
Martin Landini, FEDUBA (Argentina)
Kevin Axel Costa, FEDUBA (Argentina)
Fernando Montero, FOETRA (Argentina)
Silvina Alejandra Prado, GLE (Argentina)
Siro Soto, Gremial de Abogados y Abogadas (Argentina)
Irma Sofía Nava Hernández, Partido Popular Socialista (México)
José Mari Compains Rolan, Euskal Herria
Yamira Acosta, Jueza de Paz (Venezuela)
Pedro Martins Prola, jurista
Lilian Beatriz García, LADH y AAJ (Argentina)
Inés Chávez Ruiz, MLN Nuevo País (México)
Alejandro Torres Rivera, Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (Puerto Rico)
Ariel Hernández Santana, Movimiento Victoria Ciudadana (Puerto Rico)
Adonay De Jesús Encarnación Guillandeaux, MPD (República Dominicana)
Laura Tissembaum, abogada (Argentina)
Federico Sergio Urteaga, abogado (Argentina)
Adriana Tovar Gómez, Nuevo País (México)
Kimberly Johana Andino Paz, Partido LIBRE (Honduras)
Esteban Silva Cuadra, Fundación Constituyente XXI (Chile)
Carlos Héctor Aguirre, abogado (Argentina)
Eneko Compains Silva, Profesor de Derecho Constitucional, País Vasco
Maria de la Luz Castelazo, profesora (México)
Gina Chávez Vallejo, profesora IAEN (Ecuador)
Claudia Iriarte Rivas, profesora universitaria (Chile)
Raquel Almanza, Proyecto Democrático de Vida Digna (México)
Mónica Zárate, PSUV (Venezuela)
María Mercedes Romero, Red de Intelectuales y Artistas – Libertadoras (Uruguay)
Francisco Avendaño Sol, Restitución Art. 123 (México)
Jose Ramirez Aguilar, Rompiendo Fronteras (Costa Rica)
María Cristina Hammermuller, AAJ (Argentina)
Andrea Vlahusic, AAJ Rama Argentina (Argentina)
Ernesto Alonso, CECIM La Plata (Argentina)
Patricia Bustamante, FEDUBA (Argentina)
Alberto Ramírez García, abogado (México)
Renato Vannelli, UBA (Argentina)
Freider Santana Lescaille, Unión de Juristas de Cuba
Caridad García Rondón, Unión de Juristas de Cuba
Xenia Chiaramonte, Universidad de Venecia (Italia)
María Valentina, Universidad Nacional de Moreno (Argentina)
Urías Bautista, URNG (Guatemala)
Nora Ester Pereyra, UTRADI (Argentina)
Arleth Figueredo Rodríguez, AVAL (Venezuela)