Redacción Canal Abierto | La destrucción encubierta del Luna Park quedó nuevamente en suspenso luego de que la Justicia porteña ratificara la prohibición de avanzar con cualquier obra o trámite administrativo vinculado al proyecto que habilita su demolición. La decisión dejó en pie la orden judicial que frena la iniciativa impulsada por el gobierno de Jorge Macri.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó el recurso de apelación presentado por el Ejecutivo del PRO y confirmó la resolución dictada en noviembre por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 5. De ese modo, continúa vigente la medida que impide modificar el emblemático “Palacio de los Deportes”.
La causa fue iniciada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien cuestionó la legalidad del proyecto aprobado por la Dirección General de Interpretación Urbanística mediante la Disposición 1283/DGIUR/25. Según plantea la demanda, la autorización vulnera las normas de protección patrimonial que rigen sobre el histórico estadio.
La denuncia es contra el aval porteño al proyecto inmobiliario presentado por las empresas DF Entertainment y Live Nation.
En paralelo, el mismo juzgado tramita otra acción judicial presentada por las organizaciones Asociación Civil Basta de Demoler, Observatorio del Derecho a la Ciudad y Fundación Ciudad, con el patrocinio de los abogados Jonatan E. Baldiviezo, Jorge Barbagelata y Pacífico Rodríguez Villar. Ambas presentaciones coinciden en advertir sobre el impacto irreversible que tendría la iniciativa.
El motor detrás de la intervención propuesta es la necesidad de las operadoras, DF Entertainment y Live Nation, de maximizar la rentabilidad del recinto. El estadio actual, con una capacidad aproximada de 8.400 espectadores, resulta insuficiente para el modelo de negocios de los grandes espectáculos internacionales que gestiona Live Nation, la productora de eventos en vivo más grande del mundo. El objetivo declarado del proyecto es elevar esa capacidad a una cifra cercana a los 13.000 espectadores.
Los especialistas que analizaron el proyecto señalaron que la intervención implicaría una pérdida casi total de los valores patrimoniales del edificio, en contradicción con la normativa vigente. En su informe sostienen que no se trata de una restauración ni de una actualización edilicia, sino de una demolición encubierta y la construcción de un nuevo estadio dentro de una estructura residual.
El plan prevé elevar el aforo, lo que conlleva un aumento del volumen general del edificio, el reemplazo de la cubierta y la incorporación de un nuevo nivel por encima de la fachada actual, incrementando su altura original.
La definición del conflicto quedó ahora en manos de la jueza Natalia Tanno, quien deberá resolver si concede la medida cautelar solicitada para suspender los efectos de la Disposición 1283/DGIUR/25 hasta que se dicte sentencia definitiva, o si habilita el avance del proyecto tramitado bajo el expediente EX-2025-44046770-GCABA-DGROC, correspondiente a la demolición del Luna Park, ubicado en Bouchard 411.
La presentación fue acompañada por un detallado informe técnico de los arquitectos Marcelo Magadán y Francisco Girelli, en el que afirman que el proyecto de demolición del Luna Park aprobado “nos enfrenta al sinsentido de destruir un edificio histórico –protegido– con la supuesta finalidad de conservarlo”.
“Si prospera la pretensión del gobierno porteño, el Luna Park se convertirá en el primer Monumento Histórico Nacional demolido desde la recuperación democrática de 1983”, señalan.