Redacción Canal Abierto |
Después de semanas de esquivar el tema a pesar del aumento descontrolado de casos de coronavirus y de los sonantes reclamos de organizaciones y vecinos, Horacio Rodríguez Larreta se vio obligado a posar la atención en la situación de los barrios populares de la Ciudad. El tema fue central en las dos conferencias del fin de semana que encabezó el Jefe de Gobierno, primero en Olivos junto al Presidente para anunciar la extensión de la cuarentena, y el domingo para detallar nuevas medidas y la ampliación de las restricciones por el empeoramiento del cuadro general en el distrito capitalino.

En ese contexto, este miércoles se realizará una audiencia judicial en la que el Gobierno porteño debería presentar un plan de acción para garantizar el suministro total de agua potable en los barrios vulnerados y villas de su territorio. El viernes, las organizaciones que presentaron la demanda fueron recibidas, en el ministerio de Desarrollo y Hábitat, por funcionarios de las distintas áreas que tienen a cargo los dispositivos vinculados a la emergencia sanitaria. Hasta el momento, la reacción oficial ante la dimensión de la crisis sigue siendo débil, descoordinada e ineficiente, según explica en esta entrevista con Canal Abierto María Eva Koutsovitis, titular de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC): “Presentamos un informe detallado, la respuesta fue que necesitaban cuatro días para poder volver a convocarnos. Existe una enorme fragmentación en los distintos niveles del gobierno de la Ciudad que hace imposible abordar adecuadamente esta pandemia”, advierte.

“Necesitamos un camión cisterna las 24 horas del día en los barrios más pequeños, y más de uno en los barrios más grandes. Y que la entrega de agua se haga puerta a puerta, porque los espacios comunitarios exponen a nuestros compañeros y compañeras”, asegura la ingeniera hidráulica sobre la necesaria provisión de agua para atender la situación.

Hace dos meses la CLIC, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la CTA Autónoma de Capital y el Instituto de Pensamiento y Política Pública (IPPYP) presentaron una acción de amparo sobre la cual la Justicia dictó haces dos semanas una medida cautelar para que el Gobierno de la Ciudad garantice 150 litros de agua potable diarios por habitante para todos los usos en la totalidad de los barrios populares.

“El dispositivo de la atención de la emergencia sanitaria se encuentra concesionado, hay un conjunto de empresas que son las que se ocupan, con camiones cisterna, de asistir a los barrios populares. El gobierno lo único que hace es tomar el reclamo, pero después se desentiende, no saben si los camiones entregaron agua, en que cantidad ni de qué calidad”, dice Koutsovitis

Los últimos números difundidos por el ministerio de Salud de la nación registran 5500 casos en la Ciudad Autónoma, sobre un total de 12.076 a nivel país. Se calcula que un 46% de los confirmados en CABA son habitantes de barrios populares.

Al día de hoy, subsisten problemas en muchos de los barrios que afectan a miles de familias, como “servicio restringido, o interrumpido, baja presión, mangueras que coexisten con las cámaras cloacales que desbordan frecuentemente”, detalla Koutsovitis, “y en la situación actual estas precariedades se amplifican”, concluye.

Los relevamientos realizados junto a referentes territoriales señalan que aún existen deficiencias en algunos puntos de la Villa 21-24, en importantes sectores del Barrio Richardelli de Villa 1-11-14, en bajo autopista, barrio Carlos Mugica, en barrio Scappino de Lugano, en Barrio INTA, en el complejo Piedrabuena, en Villa 15, y en la Rodrigo bueno.

Por último, Koutsovitis amplía: “El viernes nos hemos incorporado desde la Cátedra, la CTA-A, PRyPP y el ODC a una acción de amparo colectiva que establece que el gobierno tiene que elaborar un protocolo consensuado, con diferentes ejes de actuación en cuanto a lo alimentario, lo sanitario y el acceso al agua”.

 

Entrevista: Juan Alaimes

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