Redacción Canal Abierto | Marta Herrera y Leonardo Pantoja, referentes de la comunidad wichí de Misión Chaqueña, provincia de Salta, se acercaron hasta el destacamento policial de Padre Lozano, un paraje cercano, para denunciar las amenazas de Claudio Ferrari y la tala ilegal del monte en territorio ancestral que lleva adelante este particular, que alambró terrenos que no le pertenecen de donde saca madera.
Luego de hacerlos esperar durante horas para tomar la acusación, cerca de las 23 horas del miércoles pasado, llegaron más policías desde Embarcación, ciudad cabecera del municipio, y detuvieron a ambas personas cumpliendo órdenes de la fiscal penal Gabriela Souto.
La acusación de la representante del Ministerio Público Fiscal provincial es por lesiones y amenazas en perjuicio del dueño de la finca con el que mantienen un conflicto territorial.
La referente indígena fue trasladada a Tartagal e incomunicada. Marta tiene 74 años y padece de hipertensión, insuficiencias cardíaca y renal -tiene sólo un riñón- y chagas. Las autoridades policiales le negaron la entrega de los medicamentos que precisa sin la prescripción médica; pero, cuando las recetas fueron provistas, tampoco se los dieron. Pantoja permanece en la misma condición, pero en Embarcación.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un escrito ante la fiscal para solicitar la inmediata libertad de los referentes y calificó la detención como “arbitraria, desproporcionada y contraria a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”. En la tarde de este viernes 9 de enero, será la audiencia de imputación, y los abogados del organismo esperan que la fiscalía y el juez resuelvan la excarcelación de Marta y Leonardo “porque no hay motivos para que sigan detenidos”.
La presentación destaca el delicado estado de salud de Marta y afirma que se criminaliza a “personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, en abierta contradicción con las obligaciones asumidas por el Estado argentino, en particular aquellas derivadas del Acuerdo de Escazú”.
Agroestafadores vs. comunidades
Para llevar adelante estas detenciones arbitrarias, la fiscal tomó como ciertas las denuncias por “denuncias leves” de Ferrari -a quien señalan con vínculos de parentesco con la funcionaria judicial-. Según relatan las comunidades, el empresario agropecuario avanzó sobre el territorio con extensos alambrados que restringen el acceso y profundizan el cercamiento de tierras ancestrales. La estrategia es: primero, el alambrado, luego, la tala y, finalmente, la expulsión territorial.
Desde hace meses, las mujeres wichí de Misión Chaqueña y Monte Carboncito sostienen acampes, reclamos y presentaciones formales para frenar la tala del monte nativo del que se alimentan, del que obtienen los insumos para su medicina ancestral, algarroba para la harina, madera para artesanías y que es la base de la vida comunitaria. “No se trata solo de árboles. El desmonte no es progreso, es despojo”, sostienen. De concretarse la división de esta franja de territorio, perderían la comunicación intercomunitaria y el poco de monte nativo que les queda para sobrevivir.
Cerca de año nuevo, las comunidades decidieron voltear los postes del usurpador y cuando este apareció a violentarlos se produjo un entrevero, tras el que Ferrari se denunció como víctima de violencia y lesiones.
El abogado de la comunidad Juan Carlos Vera presentó un habeas corpus solicitando el fin de la privación de la libertad y señaló: “Es un hecho gravísimo que el Estado Nacional, como garante de los derechos de las comunidades al territorio establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Ley 24.071, no esté aplicando la normativa vigente”. También estas prerrogativas de las comunidades originarias están explicitados en el artículo 75, inciso 17, que reconoce “su preexistencia étnica y cultural, su identidad, su derecho a la tierra y propiedad comunitaria”.
La detención también fue denunciada por la Red Contra la Violencia Institucional de Salta con las firmas de Familiares de Detenidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta, Centro Comunitario ALFA, Partido Obrero, Madres Protectoras Salta, ADIUNSa, referentes sociales y estudiantiles.