Redacción Canal Abierto | En los últimos días se intensificó la preocupación en el área de salud pública del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por proyectos que buscan modificar la gestión de varios hospitales bajo el paraguas del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), una red de centros de alta complejidad. Lo que alarma a trabajadores, gremios y organizaciones del sector es que esas iniciativas implicarían pasar de un modelo estatal a esquemas de gestión con participación privada o bajo lógicas de mercado, en un contexto sanitario ya tensionado por la elevada demanda de atención.
Se trata del Hospital Cuenca Alta en Cañuelas; el René Favaloro en Rafael Castillo; el Hospital Presidente Néstor Kirchner en Gregorio de Laferrere; El Cruce en Florencio Varela; el Bicentenario en Esteban Echeverría; el Garrahan en Parque Patricios y el de El Calafate, todos de extrema importancia sanitaria y con cientos de trabajadoras y trabajadores involucrados.
En el Cuenca Alta, el 80 por ciento de la participación corresponde a la Nación y el 20 a la Provincia de Buenos Aires; mientras que en el Bicentenario y El Cruce, la representación es 70- 30.
En el René Favaloro de La Matanza, el 70 por ciento corresponde a la Nación, el 27 a la Provincia y e 3 al municipio, situación que se repite en el Presidente Néstor Kirchner del mismo distrito.
Los hospitales SAMIC en cuestión, ubicados principalmente en el conurbano bonaerense, tienen roles estratégicos como referentes de atención compleja para millones de pacientes que dependen exclusivamente del sistema público. Esa región concentra un tercio de las personas que utilizan la salud pública en todo el país, y en muchos de esos centros el flujo de pacientes se ha incrementado notablemente, reflejo de la presión sobre la red hospitalaria.
La posibilidad de introducir modelos de gestión privados —como concesiones o sistemas que impliquen financiamiento por parte de actores no estatales— se presenta en medio de alertas sobre fragmentación del sistema sanitario y riesgos para la continuidad asistencial sin interrupciones. Organizaciones médicas y gremiales sostienen que este tipo de cambios podría afectar la integralidad del servicio, la estabilidad de las condiciones laborales y el acceso universal a la atención, particularmente para poblaciones vulnerables que no tienen otra alternativa que el sistema público.
Al mismo tiempo, el debate se inserta en una escena más amplia de tensión entre niveles de gobierno y disputas por la financiación del sector. La Provincia de Buenos Aires y Nación discuten la responsabilidad sobre el sostenimiento de estos hospitales, mientras aumentan las advertencias sobre la ocupación de camas y la saturación de servicios en la región. Esta discusión ocurre mientras crece la preocupación por la situación estructural del sistema de salud, que arrastra deudas y deficiencias de recursos, y pone en relieve la presión política y social frente a propuestas que podrían transformar radicalmente la gestión de la atención pública de salud en el AMBA.
El grito en el cielo
Desde la Asociación Trabajadores del Estado y la CTA Autónoma alertaron sobre “las tremendas consecuencias de las posibles privatizaciones de los hospitales SAMIC, sobre millones de personas que atienden allí diariamente su salud y sobre las y los trabajadores de los equipos que verán peligrar sus fuentes de trabajo”.
La embestida es una más en la larga lista que ya incluye a las universidades, la discapacidad, las reformas laboral y previsional, la situación en los hospitales Garrahan, Bonaparte y Posadas, el vaciamiento de programas de medicamentos del PAMI, oncológicos, cardiopatías congénitas y salud sexual y reproductiva, entre otros.
“Es probable que los gobiernos de Menem allá por los 90 y éste de Milei, sean los momentos de mayor ataque a las políticas públicas sanitarias, y constituyan las más claras expresiones de contraste al modelo de la salud popular y soberanía sanitaria que en nuestra historia encarnaron, entre otras y otros, Carrillo, Oñativia y Ferrara”, advierten desde la Coordinación Nacional de Salud y el Instituto de Estado y Participación del sindicato estatal y el Instituto de Estudios y Formación de la central obrera.
“Se corresponde y es la continuidad del modelo de desmantelamiento y negocios pensado hace años en el ámbito del Banco Mundial, e iniciado por Menem con la transferencia de 19 hospitales nacionales a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires en el año 1992, bajo la figura del “Hospital Público de Autogestión” (HPA) a partir de la firma del Decreto N° 578 de 1993”.
Sin ambages, ATE y la CTA-A alertan: “Esta intención, que no debemos permitir, promoverá una catástrofe de acceso a los servicios elementales de atención de las enfermedades de millones de argentinas y argentinos fundamentalmente en el conurbano bonaerense, facilitará las modalidades de arancelamiento vía canastas mínimas y profundizará la precarización y el vaciamiento de los equipos de salud”.
“Esta iniciativa de privatizar los hospitales –agregan- no busca solamente ‘sacarse de encima’ el ‘gasto’ correspondiente al financiamiento nacional, sino traspasarlos al esquema de negocios como dos caras de una misma moneda. No hay motosierra sin negocios, ni negocio sin motosierra”.
“Y como el resto de las resistencias que nos tocan protagonizar en esta feroz embestida de los grupos dominantes de la Argentina, nadie puede solo ni se salva solo. Resulta necesario restituir el marco de alianzas y voluntades del conjunto de representaciones de trabajadoras y trabajadores de salud y el movimiento sanitario, para resistir este embate depredador como cuando Macri quiso cerrar el Ministerio e implementar la CUS (Cobertura Única de Salud), sosteniendo las claves de un programa de salud colectiva desde las nociones de universalidad, gratuidad y excelencia”, sintetizan desde el IDEP y el IEF.
Otras voces
La secretaria Adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, subrayó que “En la Argentina, 16 millones de personas se atienden en el sistema público de salud por no tener obra social ni prepaga. El 33% de esa población lo hace en la provincia de Buenos Aires, principalmente en el Conurbano. El traspaso de esta red de hospitales implicaría que muchas personas queden directamente excluidas del sistema de salud”
“El acceso a la salud ha sido históricamente una de las características que distinguieron al país. La Libertad Avanza está dispuesta a avanzar hacia un escenario de gravedad extrema en materia sanitaria. Vinieron a hacer negocios y su gestión implica la destrucción de políticas públicas que funcionan”, denunció.
Entre los más activos está la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras), que es la entidad que coordina entre los trabajadores de diversos hospitales afectados.
“En el caso de los SAMIC, la situación es particularmente grave por su alta dependencia del financiamiento nacional. Las consecuencias de estas políticas ya se sienten en el funcionamiento cotidiano de los hospitales”, sostuvo el secretario General de la Federación, Pablo Maciel, en un testimonio publicado por el diario Página/12. “Hablar de privatización o gerenciamiento privado, aún bajo el discurso de garantizar la atención a la población vulnerable, implica subordinar la salud al lucro y deteriorar tanto las condiciones laborales de las y los trabajadores como la calidad de las prestaciones”, sumó.