Redacción Canal Abierto | A mediados de diciembre de 2025, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, había hecho lugar a un amparo colectivo interpuesto contra el Decreto 681/2025, firmado por Javier Milei, que suspendía la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Ahora, y a pesar de la feria judicial, el magistrado le puso fecha y condiciones al fallo. En concreto, intimó al Poder Ejecutivo a poner la ley en funcionamiento dentro de las próximas dos semanas.
En la misma resolución, le ordenó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad a que, y en un plazo de cinco días, “informen y acrediten con la documentación correspondiente el avance de los trámites destinados al cumplimiento de la sentencia, todo ello bajo apercibimiento de sanciones”.
De no cumplirse, tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar multas económicas y represalias judiciales, informaron además desde el Foro de Discapacidad, que nuclea a personas con Discapacidad, familiares, trabajadores y organizaciones del sector.
El Estado deberá presentar:
– La resolución que actualiza los aranceles a los prestadores desde enero 2025
– El plan de pago de la compensación adeudada
– La apertura del plan ARCA para la refinanciación de deudas
– Los nuevos valores de las prestaciones
– El decreto reglamentario de la Ley de Emergencia, con más de 3 meses de demora.
Para el Foro, “lo más importante” es que el requerimiento tiene una fecha límite que es el 4 de febrero. “Para ese día, la Ley de Emergencia debe estar plenamente operativa. No ‘en trámite’, no ‘en proceso’. Funcionando”. Asimismo, destacaron que González Charvay ordenó cumplir el fallo sin importar que el Estado haya apelado. “La apelación no suspende las obligaciones”, aclararon.
“Quedan 10 días hábiles para que la Ley de Emergencia en Discapacidad esté al 100%. Seguimos exigiendo cumplimiento efectivo, porque los derechos no se postergan”, afirmaron desde la red.
Mientras, desde la ‘Asamblea de Discas en Lucha’ plantearon un escenario menos optimista. “Va a dilatar su implementación todo lo que pueda”, advirtió Lorena Aguirre, abogada y referente del espacio, quien le anticipó a Página12 que están evaluando presentar amparos colectivos en cada jurisdicción del país.
“Necesitamos que todos los jueces federales cumplan con sus funciones, se expidan y sancionen al Gobierno, porque no se están respetando los compromisos internacionales. Existe un principio de no regresividad y de no discriminación que está siendo tolerado”, afirmó.
La desconfianza no es infundada: hace más de seis meses que la ley fue aprobada por primera vez por el Congreso. Recordemos: fue el 10 de junio de 2025. Luego, el 4 de agosto, Javier Milei la vetaba y un mes después, el 5 de septiembre, en el marco de multitudinarias protestas en todo el país, finalmente el Senado revertía la medida y ratificaba la norma.
En el medio, explotó el escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, a partir de la difusión de audios del titular, Diego Spagnuolo, que apuntaban a la propia Karina Milei.
Sin embargo, en un nueva maniobra dilatoria el Gobierno firmó un decreto en el que, a la vez que promulgaba dejaba sin efecto la norma, al supeditarla a condiciones presupuestarias. Ese decreto es el que fue declarado inconstitucional por el juzgado de Campana, que además ordenó la inmediata aplicación, con fecha límite y bajo apercibimiento de ley.