Redacción Canal Abierto | El 2 de diciembre comienzan las Sesiones Extraordinarias en el Congreso y el gobierno nacional ya adelantó que buscará que el Senado trate el proyecto de Reforma Laboral el miércoles 11. En ese marco, en las últimas semanas, el ministro de Interior, Diego Santilli, intensificó su gira por el país para tejer acuerdos con los gobernadores.
Esta semana fue el turno de Rolando Figueroa de Neuquén y de Rogelio Frigerio de Entre Ríos. Y la Casa Rosada asegura que ya cuenta con el respaldo de otros cuatro gobernadores: Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza).
En paralelo, el equipo del Senado que responde a Patricia Bullrich también acelera las actividades de cabildeo con instituciones del sector empresario. Entre ellas, la CAME -que sin embargo se pronunció en contra de varios artículos del proyecto-, la Cámara de Comercio, la UIA, la Comisión de Enlace de entidades Agropecuarias y empresas pesqueras.
En ese marco, el movimiento obrero que ya desde el año pasado manifestó su rechazo tajante al proyecto, con una primera movilización el 19 de diciembre, también comenzó a delinear una estrategia de cara al tratamiento en el Congreso.
Esta mañana, las dos CTA, tanto la que lidera Hugo “Cachorro” Godoy como la que conduce el también diputado nacional (Unión por la Patria), Hugo Yasky, anunciaron que el próximo martes 3 realizarían un plenario conjunto de sus mesas nacionales “para ratificar la continuidad y eventual profundización del plan de lucha y movilizaciones en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional”.
La convocatoria no es aislada: otros sectores del movimiento obrero también están en alerta. Esta semana, un sector más combativo dentro de la CGT reunió a unos 25 gremios en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica para, también, comenzar a construir el plan de lucha. Allí estuvieron Abel Furlán (UOM), Daniel Yofra (Aceiteros), Pablo Biró (Aeronavegantes), entre otros referentes de la industria, el transporte, servicios, fluvial, ferroviarios, mineros, remiseros, molineros, personal superior de energía, gráficos, industria del hielo, pilotos y capitanes de ultramar.
Una copia de la Ley Banelco
“El plan de acción -explicaron desde las CTA, en el comunicado conjunto- tiene como objetivo primordial enfrentar esta iniciativa oficial, que no es otra cosa que una copia corregida y aumentada de la tristemente célebre Ley Banelco, ampliamente recordada por su carácter regresivo y antisindical. En efecto, todos sus artículos persiguen un mismo objetivo: desproteger a las trabajadoras y los trabajadores y debilitar el poder de negociación de los sindicatos. La reforma propone atomizar y fragmentar las discusiones salariales mediante la caída de los convenios colectivos nacionales, el abaratamiento de los despidos, la anulación en la práctica del derecho de huelga y las restricciones al ejercicio de las asambleas”.
Y recordaron que las medidas “ya formaban parte del capítulo laboral del DNU 70/23, que fue oportunamente declarado inconstitucional, y ahora se intenta reintroducirlas por vía legislativa”. “A ello se suma la pretensión de crear un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que, lejos de proteger el empleo, se constituiría en un verdadero botín de guerra para los negocios del sector financiero, permitiendo que los despidos se financien mediante un aporte del 3%, con recursos que se le quitarían a la seguridad social”, denunciaron.
“Resulta inadmisible -añadieron- que, en un contexto en el que crece de manera alarmante la ola de despidos y se acelera el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, se intente avanzar con una legislación que profundiza el daño social generado por las políticas del gobierno de Javier Milei”.
Los sindicatos que se reunieron en la UOM habían advertido que “los gobernadores no pueden negociar exclusivamente en base a sus intereses locales, llevándose puestos los derechos de todos los trabajadores”, en rechazo al raid de reuniones que viene llevando adelante Santilli.
En el mismo tono, las CTA apuntaron: “Ningún gobernador puede ser cómplice de la sanción de esta ley” y adelantaron que, “en una primera etapa”, el plan de acción que se desplegará en las provincias para luego continuar con acciones nacionales.