Redacción Canal Abierto | Si hubo dos elementos que el presidente Javier Milei anunció que serían el combustible de la motosierra que elaboró desde su campaña fueron el fin de la obra pública y los despidos en dependencias de la administración nacional. Más de dos años después, los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad elaboraron un informe que refleja las consecuencias que estas políticas empiezan a cobrarse sobre rutas y caminos nacionales.
Si bien la Justicia impidió la disolución del organismo que el Gobierno pretendía ejecutar a través del decreto 461/25, desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) se pone una fecha al inicio de la destrucción y es diciembre de 2023, ni bien el libertarianismo aterrizó en la Casa Rosada.
“Aunque la disolución fue frenada, el vaciamiento continúa por otras vías: expulsión de personal técnico altamente calificado, congelamiento salarial, retiro voluntario forzado y asfixia presupuestaria sistemática”, alerta el trabajo de la entidad gremial.
En este trayecto, las autoridades del organismo expulsaron a 800 trabajadores especializados y, según las fuentes que maneja el gremio, esperan que el mismo destino le toque a unos 900 más a la brevedad. En el Presupuesto 2026 se consolida una caída real cercana al 75% respecto de 2023. Por otro lado, la subejecución superó el 50% durante 2024 y 2025.
El relevamiento alerta las consecuencias que ya se están viendo: “Entre el 65% y el 70% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo. El mantenimiento preventivo fue abandonado y reemplazado por bacheos precarios que solo `administran el riesgo´ hasta el próximo accidente. La velocidad media cae, los costos logísticos se disparan, la competitividad regional se erosiona y la siniestralidad vial aumenta. Las muertes en rutas no son estadísticas inevitables: son muertes evitables, resultado directo de decisiones políticas”.
“Los datos oficiales del SIG VIAL -advierten- muestran que al menos el 60% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo, con mediciones parciales y desactualizadas. Proyecciones conservadoras indican que el deterioro real podría alcanzar al 65% y un 70% de la red, afectando rutas estratégicas en todas las provincias”.
Las consecuencias sobre las que alerta el organismo son el incremento severo de costos de operación vehicular, la reducción de velocidades, la congestión estructural en corredores productivos, un mayor deterioro por tránsito pesado no controlado y el incremento sostenido de los accidentes.
La subejecución de obras, calculada entre el 50% con picos del 95%, se da a pesar de que la recaudación del Impuesto a los Combustibles, que está destinado a esos fines, aumentó. También a que existen créditos de organismos multilaterales como el BID, el BIRF y la CAF destinados a esos fines y por los que el Estado ha pagado unos 133 millones de dólares, pero sin ejecutar las obras para las que los fondos estaban destinados. “No es falta de recursos: es asfixia política deliberada desde el Ministerio de Economía”, denuncia FEPEVINA.
Las rutas nacionales relevadas por el informe son la 3 en los tramos Cañuelas-Azul y el Sur de Bahía Blanca, en las que la calzada se encuentra deformada, hay baches profundos en zonas de frenada y obras de autovía paralizadas; el tramo Mercedes–Suipacha–Chivilcoy, donde hay un deterioro severo de en la carpeta asfáltica y obras de transformación en autopista paralizadas; la 7 en los tramos Junín–Chacabuco y Laboulaye, con descalce en zonas de banquinas y baches en zonas de alta velocidad; en la 11, en el tramo que une Timbúes (Santa Fe) con Resistencia (Chaco), en el que hay presencia de ahuellamiento y baches que obligan a circular por la banquina; la 33, con deformaciones transversales y `cráteres´ en zonas de alta velocidad; los tramos Rosario–Rafaela y Salta–Jujuy de la 34, con calzada inestable, falta de banquinas pavimentadas y `alto riesgo´ por siniestralidad; y la 151, cuyo tramo Cipolletti (Río Negro)–25 de mayo (La Pampa) presenta la superficie totalmente desgranada, hay pérdida de áridos y baches longitudinales.
Todas estas situaciones fueron motivo de denuncias públicas, presentaciones judiciales y declaraciones de emergencia por parte de gobiernos provinciales, municipios, legisladores y gremios. Ninguno ha tenido una respuesta por parte del Gobierno nacional.
Un aspecto que se remarca a lo largo del informe es que no son sólo la seguridad vial o la vida de los transeúntes la que está en riesgo. También la actividad económica de las zonas afectadas empieza a sufrir los perjuicios de la desidia estatal.
A modo de ejemplo, está el caso de la ruta 33, uno de cuyos tramos se despliega en Bahía Blanca. La ciudad del sur bonaerense viene siendo testigo del cierre de comercios. Uno de ellos es el supermercado mayorista Yaguar, que decidió bajar la persiana de su sucursal a fines del año pasado, aduciendo que el mal estado de las rutas impedía en el acceso de clientes y proveedores.
También se alerta que las condiciones de las rutas y caminos impactan en los costos de las mercaderías, debido a que en algunos casos no se puede levantar demasiado la velocidad, lo que implica más tiempo de transporte. Otro punto es que las empresas tienen que incluir en sus costos repuestos y reparaciones de los vehículos por el deterioro que sufren al transitar en rutas dañadas.