Por Elisa Corzo | En los últimos días y en el marco de la ola de protestas contra el brutal accionar del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas –ICE, por sus siglas en inglés- en Estados Unidos, el Gobierno de Javier Milei retomó la iniciativa para emular la política de Donald Trump.
Primero, fuentes del Gobierno dejaron trascender que estaban ultimando los detalles del decreto de necesidad y urgencia para crear una Agencia de Seguridad Migratoria, comparable a la fuerza yanqui, algo que ya había sido anunciado el pasado 25 de noviembre.
Recordemos: antes de dejar el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich hizo una conferencia de prensa en la que dio a conocer el lanzamiento de un ente desconcentrado que funcionaría bajo su órbita y que absorbería las funciones de la actual Dirección de Migraciones, hasta ahora dependiente del Ministerio del Interior. La Agencia tendría como misión coordinar a las distintas fuerzas de seguridad -como la Federal, Aeroportuaria y Gendarmería- que intervienen en los controles migratorios en las fronteras.
Como su nombre lo indica, y según había informado el Gobierno, la misma llegaba para cambiar el foco de la política migratoria y orientarla hacia “la coordinación fronteriza, policial y la inteligencia migratoria” con el objetivo de “enfrentar amenazas transnacionales”.
Si bien todo se demoró –aparentemente por diferencias en la definición de la estructura y las funciones, en particular con la PSA-en los últimos días hubo señales de avances. En paralelo, el Ministerio ahora a cargo de Alejandra Monteoliva realizó un llamativo operativo en Villa Celina, La Matanza, en busca de migrantes sin regularizar. El saldo: 16 personas “en situación migratoria irregular”, de un total de 385 controlados.
Todo esto, en medio de mensajes anti-migrantes proferidos por funcionarios y militantes de la ultraderecha, como el llamado de Iñaki Gutiérrez a echar al 70% de la población de los barrios populares del país, porque -según él- aún no regularizaron su situación migratoria.
En comunicación con Canal Abierto, María Inés Pacecca, coordinadora del Área de Investigación de CAREF, la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes, fundada en 1973, advirtió por el giro securitista que persiguen ambas medidas, cuando “la gestión migratoria es mucho más que la seguridad”.
En esta línea, la especialista menciona un dato clave: el pequeño porcentaje de migrantes sin documentación que hay en el país, como consecuencia de la aplicación de la ley 25.871 de Migraciones, que desde 2004 impulsó un proceso masivo de regularización.
“La prueba de ello es que en un operativo sorpresa, en un barrio donde viven muchas familias y trabajadores migrantes, apenas un 4% estaban en situación irregular”, subraya.
Esto -apunta- se suma a una realidad que pudieron constatar en los más de 50 años de experiencia de CAREF: que las familias y trabajadores migrantes “siempre tienen voluntad de regularizar su situación mogratoria”. “Siempre que las normas establecieron requisitos razonables, posibles, que se podían cumplir, las personas se regularizaron masivamente”, sostiene.
En este punto, advierte que la reforma migratoria que Javier Milei impementó vía el decreto 366 de mayo de 2025, va en un sentido totalmente contrario a la ley de 2004.
“El DNU hizo dos cosas: por un lado, dijo que hay un montón de derechos como salud, educación, universidad, al que solo tienen acceso los migrantes que tengan la residencia permanente, y por otro, dificultó el acceso a la residencia permenante”. Por ejemplo, “les pide que demuestren ingresos como trabajadores registrados, cuando es sabido que en todo el mundo las personas son contratadas de manera irregular justamente porque son migrantes”.
“Nuestra preocupación -porque ya lo vimos mientras rigió la “ley Videla” y se ve en muchos otros países- es que cuando los requisitos son muy exigentes, complejos o las personas no los pueden cumplir, se dificulta la regularización de las personas y crecen todas las cuestiones que tienen que ver con la clandestinidad”, advirtió.
Hay otro dato clave que rebate un prejuicio bastante extendido y fogoneado por los gobiernos que asimila a las personas migrantes con la delincuencia, e incluso con el crimen organizado. Según el Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, que concentra la información de todos los penales, tanto federales como provinciales, el 96% de las personas alojadas en cárceles son argentinas. O sea, solo un 4% son de otra nacionalidad.
La narrativa de ataque
Para la investigadora de CAREF, tanto el lanzamiento de la Agencia, como el operativo en Villa Celina y los discursos que circulan sobre la cuestión, apuntan a la generación de un relato.
“Hasta ahora nos preocupaba que ese relato planteaba a las familias y a los trabajadores migrantes como chivos expiatorios, por ejemplo, por la falta de turnos o insumos en los hospitales”. Sin embargo, “el giro que estamos viendo hoy, que nos parece muy preocupante, es que se está pasando de los chivos expiatorios a la construcción de un enemigo.”
“La narrativa que se está armando ahora -explica- es una narrativa de ataque, y de cómo se opera contra alguien que es enemigo de una sociedad o de una comunidad. Y siempre las construcciones de enemigos son muy injustas porque resultan afectadas cientos de miles o incluso millones de personas, y generan odio, desigualdad, y contribuyen a la injusticia y a una sociedad más violenta”.
“En ese sentido, es importante tener presente que, según el censo de 2022, en Argentina viven casi dos millones de personas migrantes, que pertenecen a familias integradas por personas migrantes y -subraya- argentinas”. “Todas esas medidas que están pensadas como que afectan a una persona que únicamente es una persona migrante, y esto no es así porque son personas que tienen lazos en Argentina, que tienen parejas, hijos, nietos, y constituyen la comunidad”.
Entonces, “hay una doble operación: por un lado, señalar a las personas migrantes como si fueran personas completamente aisladas de la trama social, como personas que no tienen lazos en Argentina, para después, construirlas como enemigas y reforzar este discurso de que la gestión migratoria es una gestión de fronteras y de seguridad. Algo que -insiste- en nuestra experiencia es apenas un porcentaje pequeño de lo que implica la gestión migratoria”.
Flojo de papeles
Desde CAREF no opinaron sobre la casi segura designación de Diego Valenzuela al frente de la Agencia de Seguridad Migratoria, pero sí señalaron algunos de los requisitos mínimos que debería cumplir alguien que aspire a conducir una política tan compleja como la migratoria. Una temática sobre la que, vale decir, el actual senador bonaerense e intendente de Tres de Febrero (en uso de licencia) no ostenta experiencia conocida.
“Es cierto que las personas pueden aprender, pero nos parece que es mejor que quienes son funcionarios lleguen al cargo con el conocimiento especifico de la temática”, señala María Inés Pacecca. “Sobre todo, porque la migratoria es una temática compleja que exige manejar distintos tipos de criterios y respuestas, y tener mucho conocimiento sobre las dinámicas migratorias de Argentina, de al menos los últimos 50 años”.
“Hay que tener mucho conocimiento de las normas, las prácticas y las políticas migratorias de los últimos 20 y 50 años. Mínimamente, de la “ley Videla” en adelante, para entender los efectos de las políticas migratorias, que nunca son inmediatos -salvo las expulsiones que sí generan mucho dolor en las familias de manera inmediata-, porque las políticas de regularización menos securitistas tienen enormes efectos benéficos que se ven tres, cinco y hasta diez años después”.
En relación a Valenzuela -primer intendente PRO en pasarse a las filas de La Libertad Avanza- Pacecca afirma: “Esperemos que se relacione con organizaciones de la sociedad civil, que desde hace muchos años vienen siguiendo la dinámica migratoria”.