Redacción Canal Abierto | Luego de descollar ayer con el anuncio sobre la baja de aranceles a productos electrónicos, hoy el vocero presidencial y primer candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza anunció una nueva medida de –supuestamente- alto impacto: una reforma al sistema migratorio que se haría efectiva en los próximos días mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Flanqueado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios de Gobierno, dijo que a diferencia de las olas migratorias del siglo XIX, “hoy y desde hace tiempo tenemos una normativa que invita al caos y al abuso de muchos vivos que lejos están de venir al país honradamente a construir un futuro de prosperidad”.
“Hoy entra casi cualquiera y las condiciones de deportación son demasiados flexibles”, dijo en tono indignado, y agregó que “en los últimos 20 años, ingresaron 1.700 inmigrantes irregulares”, un dato que rápidamente fue refutado en las redes sociales.
Uno de los que le respondió fue el investigador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), Luis Campos. “Según el Censo de 2022 en Argentina viven 1.933.463 personas que nacieron en otro país. Son una murga”, apuntó.
En paralelo, organizaciones de larga trayectoria como CAREF (Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes) vienen denunciando que, desde la asunción de Javier Milei, se registran grandes retrocesos en los derechos de las personas migrantes. Algo que, claramente, contradice la afirmación de que en Argentina hay un régimen altamente “flexible”.
Cuando se cumplió un año de la gestión libertaria, enumeraron algunas de esas políticas, entre ellas, el aumento de las tasas migratorias para residencias temporarias y permanentes, el arancelamiento de la salud pública en provincias como Salta, el protocolo antipiquetes que endurece los castigos para los casos de migrantes que participen en protestas, y los cambios por decreto de la ley de reconocimiento y protección a los refugiados. “¡Y la lista sigue!”, advertían en una publicación.
9 anuncios, 9 bombas de humo
Ante los anuncios, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un breve hilo en X, en el que desarma una a una las distintas medidas lanzadas por el candidato a legislador, y deja en evidencia que, más que una propuesta seria, se trata de una medida de corte electoralista.
Sobre el anuncio de que “cualquier persona condenada que intente ingresar al país será rechazada”, aclara que “ya el art. 29, inc. c de la Ley de Migraciones lo prevé para quienes tengan antecedentes o condenas superiores a 3 años”.
Lo mismo cabe para la medida que dispone que “quienes sean encontradxs en flagrancia por pasos no habilitados serán expulsadxs inmediatamente”. “Ya está previsto en el art. 35 y en el 29, inc. i de la Ley de Migraciones”, sostiene el organismo.
“El gobierno dice: La persona que mienta en la información durante su ingreso será expulsada”. “Aclaración: Ya está previsto ese motivo para impedir el ingreso en el art. 29, inc. a. de la Ley de Migraciones”, insiste.
En relación a que “todo extranjero condenado por cualquier delito será deportado”, el CELS precisa que “al ser la modificación de una ley, debe hacerlo el Congreso. La ley vigente dice que los antecedentes deben ser por condenas de más de 3 años”.
En la misma lista de medidas que no pueden aprobarse sin pasar por el Congreso, porque contradicen leyes nacionales, se encuentran la que busca acortar los plazos de apelación para la deportación, el arancelamiento de los servicios de salud y en las Universidades Nacionales.
Luego, la disposición de que “quienes ingresen a la Argentina deberán presentar seguro médico”, es “contraria al Acuerdo de Libre Circulación del Mercosur”, afirma el organismo.