Redacción Canal Abierto | El presidente Javier Milei firmó este jueves el Decreto 87/2026, mediante el cual el Estado nacional deja de actuar como querellante en la causa judicial que investigaba presuntas irregularidades en el megacrédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018.
La medida, publicada en un suplemento vespertino del Boletín Oficial, representa un giro en favor de Mauricio Macri, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y otros funcionarios macristas -algunos de ellos, integrantes del actual gobierno- en la causa N° 3561/2019, caratulada “Macri, Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.
Hoy, con la derogación, la Procuración del Tesoro de la Nación deberá cesar su intervención penal en representación del Estado.
El Gobierno justificó la decisión argumentando que la magistrada interviniente, Eugenia Capuchetti, archivó la causa el 2 de febrero de 2026, sosteniendo que no se habían cometido delitos sino que las conductas cuestionadas eran, en esencia, decisiones de política económica dentro de las facultades del Poder Ejecutivo.
La polémica decisión de la jueza, nombrada por el propio Macri, fue apelada por el fiscal Franco Picardi.
Son varias las denuncias y causas judiciales en torno el acuerdo stand-by entre el gobierno de Mauricio Macri y el FMI por casi 57.000 millones de dólares, el mayor préstamo en la historia del organismo multilateral.
Quizás una de las más resonantes y fundamentadas fue la presentada por el economista y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, quien no sólo demostró las múltiples irregularidades alrededor del crédito, sino que el sentido del mismo fue financiar la fuga de capitales hacia el final de la administración macrista.
Aunque el retiro del Estado como querellante penal evidencia un retroceso en el rol institucional de persecución de posibles delitos, el decreto aclara que no implica renuncia a eventuales acciones civiles para el recupero de daños y perjuicios, las cuales podrían tramitarse por otras vías si se acreditan.
La decisión se produce en un momento de intensificación de la relación con el Fondo Monetario Internacional, con una misión técnica del organismo en el país para revisar la economía y el marco de acuerdos vigentes.
También en medio de negociaciones parlamentarios con sectores de la oposición, lo que levantó sospechas sobre un posible acuerdo con el macrismo en busca de impunidad a cambio de apoyo legislativo.
En cuanto a los funcionarios investigados que hoy ocupan puestos clave en el gobierno de Milei -como son los casos de Luis Caputo y Federico Sturzenegger-, no hace falta forzar especulaciones para comprender las razones detrás de la decisión presidencial.