Redacción Canal Abierto | A dos años del inicio de su mandato, el gobierno libertario aún no logra dar señales de que puede estabilizar la economía. Más bien, los mensajes parecen desesperados. La semana pasada, en medio de versiones de que el país volvería a tomar deuda, Javier Milei posteó una lista con cinco argumentos de por qué no lo haría.
“A los pagos con multilaterales se le hará frente con liquidación de activos del Estado”, afirmaba en el primero de los mensajes, enterrando cualquier elucubración en torno al motivo de las privatizaciones y los debates de si el sector privado es o no más eficiente. Nada de eso, necesidad pura.
En este tren se ubica también el nuevo blanqueo: el tercero impulsado por la administración libertaria. El primero se implementó con buenos resultados para el Gobierno en 2024. El segundo se intentó impulsar con poca suerte en la previa a las elecciones legislativas, y antes del salvataje de Donald Trump.
En relación a este nuevo blaqueo, el ministro de Economía Luis Caputo directamente admitió que es un manotazo de ahogado. “Los datos del Banco Central dicen que hay USD 170.000 millones debajo del colchón de los argentinos y los depósitos del sector privado son USD 67.000 millones, hay casi tres veces el nivel de depósitos que hay en el sector privado en los colchones”. “Si eso fuera en los próximos meses al sistema financiero, o la mitad de eso, los problemas de la Argentina se solucionarían”, dijo sin sonrojarse.
Tras dos meses de tires y aflojes –como el comunicado del Banco Nación que invitaba a la gente a llevar sus dólares, publicado y al rato borrado -, esta mañana la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) finalmente reglamentó el Régimen de Inocencia Fiscal y puso en vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.
Concretamente, la medida habilita a quienes poseen dólares no declarados puedan ingresarlos en el sistema formal sin explicitar su procedencia y sin consecuencias penales. Además, el umbral de evasión simple se eleva a $100 millones, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos. A su vez, se modifica el plazo de prescripción del delito, que disminuye de 5 años a 3 años.
Como explicó la economista Candelaria Botto, se trata, en definitiva, de una “ley de inocencia del capital” y de un “blanqueo continuo y permanente para que vos no tengas ningún incentivo para formalizar tu economía”.
La preocupación, más allá de la avidez por los dólares, es que este tipo de políticas incentiven el lavado de dinero proveniente de negocios ilegales como el narcotráfico o la trata de personas. También generaba desconfianza entre los mismos bancos y ahorristas la falta de claridad y garantías de que después haya una persecución fiscal, algo que ahora, según el Presidente de ADEBA, Javier Bolzico, ya estaría solucionado. Habrá que ver.
En una entrevista con Eduardo Feinmann precisó que, con la medida, alguien puede ir a la ventanilla del banco a depositar, “sin ningún tipo de problema”, hasta “el equivalente de 700.000 dólares” . El único requisito, aclaró, es estar inscripto en el Régimen Simplificado de Ganancias, que es voluntario.
En ese sentido, cabe recordar que esta ley y la presión del Ejecutivo para que avance con una reglamentación flexible, habría sido la causa de la renuncia de Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiero, en la última semana de enero. Que el decreto reglamentario se publique apenas dos semanas después, refuerza la suspicacia.