Redacción Canal Abierto | Este lunes por la tarde, desde el Hospital Manuel Rocca donde continúa con su rehabilitación, Pablo Grillo firmó el pedido para ser querellante particular en la causa que investiga el accionar de las fuerzas federales durante la represión del 12 de marzo de 2025 en el Congreso. Ese día, el joven fotorreportero sufrió “heridas encefalocraneanas de gravedad” producto del disparo con un arma lanzagases efectuado por el gendarme Héctor Guerrero, único procesado hasta el momento, acusado de “lesiones gravísimas”.
“Vengo a presentarme como querellante particular, en función de la evolución de mi cuadro de salud y que me encuentro en mejores condiciones de asumir y ejercer los derechos que el Código de Procedimiento me reconoce en tanto víctima directa de los delitos cometidos por el Cabo Primero Héctor Jesús Guerrero y demás integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina y Ministerio de Seguridad Nacional que se encuentran bajo investigación”, expresó Pablo, en el escrito firmado ayer lunes y presentado en mañana de este martes en el Juzgado Federal n°1, que preside María Servini.
También aclaró que su presentación no implicaba el desplazamiento de su mamá, su papá y su hermano de la causa: “Toda vez que voy a requerir de su apoyo en prácticamente todos los órdenes de mi vida, lo que incluye este proceso penal”, explicó. “Como la Sra. Jueza sabe –destacó- no me encuentro plenamente recuperado por lo que necesito que ellos conserven su lugar de representantes legales”.
En tanto, en el mismo escrito, la querella integrada por la familia de Pablo, así como por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la abogada Claudia Cesaroni, pidió que se profundice la investigación sobre distintos funcionarios que componen la cadena de mando del operativo, “quienes con sus acciones u omisiones, contribuyeron al accionar de Guerrero”. “También pedimos que se investigue a la ex ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich y a las tres personas responsables de haber cerrado, sin ningún fundamento, la investigación interna contra el gendarme”, indicaron.
En esa línea, apuntaron a la actual senadora nacional por difundir en los medios una versión falsa de los hechos, y denunciaron que esta “actitud sostenida en el tiempo”, que ya trajo consecuencias con el cierre del sumario, tiene como objetivo “incidir en las valoraciones judiciales por venir”.
La más reciente de esas declaraciones ocurrió apenas una semana atrás, durante una entrevista con Mariana Brey en el streaming de El Cronista. Allí Bullrich afirmó que el disparo que hirió a Pablo “fue un tiro bien hecho”, algo que a las claras contradice lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones el pasado 26 de diciembre, al confirmar por unanimidad el procesamiento de Guerrero.
La cadena de mando
Al pedir que se investigue la cadena de mando, desde la querella presentaron el análisis de elementos que ya son parte de la causa. Además, insistieron para que se produzcan pruebas solicitadas con anterioridad y requirieron nuevas pesquisas.
“Según el procesamiento, confirmado por la Cámara, Guerrero efectuó al menos seis disparos en ángulo horizontal y en dirección a los manifestantes (algo prohibido por los protocolos y manuales de uso de la pistola lanzagases), poniendo en serio riesgo la vida e integridad física de todos ellos. Un análisis pormenorizado de la resolución de Servini, vinculados a los momentos y modos en que se produjeron estos seis disparos, permiten trazar una línea directa con distintos funcionarios que componen la cadena de mando del operativo”, señalaron.
En ese sentido, “el disparo que dio en la parte frontal de la cabeza de Pablo fue el cuarto de los seis disparos que se demostró que hizo Guerrero. Esto significa que si los funcionarios que tenían el deber de supervisar y controlar el accionar de los agentes en terreno, hubieran tomado efectiva intervención ante el primero, el segundo o el tercer disparo prohibido de Guerrero, hoy Pablo estaría completamente sano y salvo, y ningún otro manifestante hubiera corrido riesgo de terminar gravemente herido o muerto por el accionar deliberadamente peligroso y abusivo del cabo primero”.
Por eso, “los mandos que participaron del Comando Unificado de Fuerzas Federales el 12 de marzo también deben ser investigados penalmente, dado su rol central en la planificación, conducción y habilitación del uso abusivo de la fuerza en contra de los manifestantes”. “En particular, nos importan las órdenes directas que los superiores jerárquicos dieron a los efectivos a su cargo, orientadas a que realicen conductas contrarias a las leyes, así como la falta de control y supervisión de los usos prohibidos de la pistola lanzagases por parte de Guerrero”, subrayaron.
Los señalados son:
-Los jefes de Grupo: Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes. “Como se puede ver en los videos” son “quienes le indicaron a Guerrero que dispare en dirección a los manifestantes”. “Además, luego de realizado uno de los disparos en ángulo horizontal, Kozak le dió palmadas en la espalda en clara señal de aprobación”, precisó la querella.
-Comisario Inspector de la Policía Federal Argentina, Gerardo Ariel Perillo Scampini: “Cumplía el rol de fiscalizador del operativo, tenía el deber de controlar y/o supervisar el accionar de los efectivos a su cargo, entre quienes se encontraba el Cabo Guerrero”.
-El Jefe del Destacamento Móvil 6, Comandante Principal Néstor Germán López: “Tenía bajo su mando inmediato a los grupos que intervinieron en el operativo”.
-El Jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios, Alférez D Gonzalo Gabriel Goulart: “Se ocupó de impartir órdenes a los efectivos de la Gendarmería, en particular a Héctor Guerrero y a Daniela Guerrero, las dos únicas personas que tenían asignada pistola lanzagases durante esa jornada”.
-El Director Nacional de la Gendarmería Nacional, Comandante General Claudio Miguel Brilloni. Luego de que Pablo cae herido, dos gendarmes corren hacia el Congreso y regresan con él al lugar. “Sin embargo, la llegada de la mayor autoridad de la fuerza federal lejos de implicar una moderación del accionar represivo desplegado hasta ese momento, coincidió con un recrudecimiento de la violencia por parte del personal a su cargo”. Es más –advierte la querella- el mismo Gurrero continuó disparando.
–Patricia Bullrich y demás funcionarios a cargo de la investigación administrativa. Finalmente, la querella también pidió que se investigue a la ex ministra de Seguridad Nacional y a las tres personas responsables de haber cerrado, sin ningún fundamento, la investigación interna contra Guerrero: el Comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian, el Comandante Mayor Barresi y el asesor jurídico José Carlos Lodolo.
“Esto no pudo haber ocurrido sin el aval ni autorización de Bullrich, lo que se confirma a partir de sus últimas declaraciones públicas: no movió ni moverá al Cabo Guerrero de su puesto porque, para ella, el gendarme actuó bien. Esto, sin perjuicio de que fue indagado, procesado por 6 hechos graves y que ese procesamiento se encuentra confirmado, por lo que su causa encamina hacia un debate oral y público”, afirmó la querella.
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