Redacción Canal Abierto | El tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, a cargo de Jorge Luciano Gorini, Roberto Fernando Minguillón, María Gabriela López Iñiguez y Ricardo Basílico dio comienzo este lunes al juicio que tiene como imputados a los genocidas Carlos Ernesto “Indio” Castillo, Juan José “Pipi” Pomares y Agustín Antonio “Toni” Jesús. Los tres están apuntados por homicidio calificado, aplicación de tormentos, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio y daños.
Castillo y Pomares siguieron la audiencia a través de Zoom desde la Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en la guarnición militar de Campo de Mayo, mientras que Jesús lo hizo desde su domicilio.
El juicio investiga los delitos perpetrados en la capital bonaerense por la organización paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU) que comenzó a funcionar antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La CNU fue una organización de ultraderecha surgida a principios de los años setenta que operó en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, y que luego sus integrantes se fusionaron con la organización terrorista de ultraderecha Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Sus miembros fueron responsables de numerosos asesinatos y acciones terroristas en las universidades argentinas.
Los hechos que se abordan en este juicio son crímenes cometidos contra 13 víctimas en los meses previos y en los días posteriores al golpe de Estado de 1976, por los integrantes de la organización.
De estos 13 casos de víctimas que padecieron el accionar de la CNU, 5 fueron abordados en el juicio anterior CNU La Plata del año 2018, que sentenció a prisión perpetua a Castillo y absolvió a Pomares.
En esta primera audiencia se leyeron los cargos, se detalló el accionar de la CNU al describir los casos que tienen como víctimas a 13 personas.
Se trata de Jorge Rosendo Ruda, Ricardo Arturo Rave, Alcides Emilio Méndez Paz, Daniel Rayson Midon, Walter Martini, Elia Zanata, Graciela Martini, Néstor Dinotto, Hugo Pastorino, Adelaida Úrsula Barón, Carlos Alberto Sathicq, Leonardo Guillermo Miceli y Horacio Salvador Urrera.
En el debate oral y público se juzgan los delitos de homicidio doblemente calificado, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos perpetrados por
El juicio continuará el próximo 4 de marzo. Cuando se concluya con la lectura de la acusación comenzarán las indagatorias y más tarde la etapa de declaraciones donde se espera recibir más de 60 testimonios.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires es querellante y participa además con el Equipo de Acompañamiento que asiste a testigos.
Como parte querellante estarán: Luisina Gallo y Verónica Bogliano, en representación de la Subsecretaría de DDHH de la Provincia; Pablo Llonto, en representación de las familias Rave y Urrera, y Guadalupe Godoy en representación de la querella unificada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Unión por los Derechos Humanos. Estará ausente en este juicio la querella de la Secretaría de DDHH de la Nación, hoy convertida en Subsecretaría.
En cuanto al acompañamiento de las personas que prestan testimonio, estará el Equipo de Acompañamiento de la Dirección de Acompañamiento a Grupos en Situación de Vulnerabilidad perteneciente a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, el CODESEDH (Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos) y la CTA Autónoma de La Plata.
“Venimos a acompañar a los familiares y a las querellas porque venimos trabajando hace 15 años para que se puedan lograr estos juicios contra la CNU” explicó Emiliano Hueravilo, secretario General de la CTA-A La Plata y miembro de HIJOS.
