Redacción Canal Abierto | Organizaciones sindicales, sociales y políticas, del apostolado y redes de organizaciones que trabajan por los derechos de las infancias y adolescencias realizaron una Conferencia de Prensa en la sede de la CTA Autónoma para difundir su posicionamiento respecto del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil del oficialismo que propone reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
Las organizaciones llamaron a movilizar el viernes en todo el país y rechazar los proyectos de Reforma Laboral y de reforma del Régimen Penal Juvenil.
Presentaron y dieron lectura a un documento consensuado en el que establecen diez razones para rechazar la propuesta oficial (Ver documento):
• Bajar la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años es inconstitucional porque viola el principio de no regresividad del derecho internacional de los DDHH y los derechos del niño;
• la gravedad en torno a que no establece un tiempo máximo de detención para la prisión preventiva diferenciado del de lxs adultxs y la falta de escalas penales;
• la ausencia de revisión periódica para la reintegración social;
• la ausencia de un sistema de progresividad de la pena y de un sistema de ejecución especial para los adolescentes;
• la falta de previsión para los “no punibles”: el Gobierno impuso el proyecto de baja de edad de punibilidad planteando que los adolescentes no punibles (los que hoy tienen menos de 16 años) son “utilizados por las bandas criminales y por el narcotráfico”. Más allá de lo perverso de castigar a las víctimas -si alguien es utilizado por su situación de vulnerabilidad, no debe de ser castigado, sino protegido-, el proyecto con media sanción NO PREVÉ NINGUNA RESPUESTA PARA LOS NO PUNIBLES MENORES DE 14 AÑOS. Es decir: deja en la absoluta intemperie a los niños que quedan por debajo de la edad de punibilidad;
• el incumplimiento de la ley de Educación Secundaria Obligatoria;
• la falta de políticas de reinserción;
• la ausencia de presupuesto para la implementación de las medidas alternativas;
• es un proyecto que va de la mano con la reforma laboral: se intenta desmontar un sistema de protección de derechos laborales, por un lado, y de las infancias y adolescencias por el otro; y que implica el encierro de niñas y niños.
• Si votan esta ley, concluye el documento, si el Senado convalida este crimen social, haremos todo lo posible y más para que no se aplique.
“Este es un tema que resurge ante cada gobierno de derecha. Nosotros siempre hemos estado en contra de punir a nuestros jóvenes y adolescentes. Debemos construir una sociedad más justa, y para eso necesitamos un modelo diferente”, sostuvo la docente María Reigada, referente del SUTEBA y actual senadora provincial. “Quitarle derechos los trabajadores y trabajadoras, es lo mismo que quitarle el derecho a sus hijos e hijas”.
La defensora de niños, niñas y adolescentes, Vanesa Salgado, agregó: “El sistema penal no persigue delincuencia, persigue pobres que a veces cometieron delitos. El sistema penal no reeduca, no resocializa, sólo castiga, organiza la crueldad, y esa es la verdadera discusión”. Y destacó un dato contundente: “El presupuesto para esta ley punitiva es equivalente al dinero que se necesitaría para restablecer las becas Progresar que eliminó este gobierno”.
“No hay escalas penales, y ese es un punto grave. No hay criterio para establecer condenas y eso implica que hay un componente clasista en la imposición de las penas. No va a ser igual el tratamiento para una familia de clase media de Caballito que para una familia trabajadora que no puede garantizar la custodia en una eventual domiciliaria”, sostuvo la abogada de derechos humanos Claudia Cesaroni.
El cierre de la conferencia estuvo a cargo del secretario General de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy, quien afirmó: “este proyecto muestra que el objetivo central de este gobierno no es instalar la libertad, sino construir un estado represor que atente contra los derechos de los trabajadores y sus hijos. El viernes se van a tratar los dos temas juntos, y vamos a estar juntos en el Congreso y todas las plazas del país expresando el rechazo a ambos proyectos”.
Como sostuvo en la movilización contra la Reforma Laboral, Omar Giuliani, coordinador de la FeNaT – CTAA y trabajador del Hogar y Escuela Ruca Hueney, de General Rodríguez: “Quieren que nuestros pibes y pibas nazcan pobres y crezcan presos”.
Las organizaciones de la infancia estuvieron acompañadas por las legisladoras de la ciudad Alejandrina Barry (FIT, mandato cumplido) y Maru Bielli, y la diputada nacional por Unión por la Patria Paula Penacca, y por referentes de ambas CTA encabezados por Godoy, anfitrión del evento.
