Redacción Canal Abierto | El reciente ataque ordenado por Donald Trump sobre Irán no puede leerse únicamente en clave geopolítica. Si bien la confrontación entre Washington y Teherán tiene raíces profundas y una larga secuencia de episodios bélicos y diplomáticos, el momento elegido resulta políticamente elocuente.
En un contexto de creciente malestar social en los Estados Unidos —marcado por tensiones económicas, polarización extrema y cuestionamientos institucionales—, la decisión de escalar el conflicto externo irrumpe como un potente reorganizador de la agenda mediática.
A ello se suma la persistencia de polémicas domésticas que incomodan al establishment político norteamericano, entre ellas la reactivación pública de los vínculos de poder alrededor del caso Jeffrey Epstein. Cada vez que ese expediente retorna al centro de la escena, expone zonas opacas del sistema político y económico estadounidense. En ese marco, la política exterior agresiva opera como dispositivo de cohesión interna y desplazamiento del foco: el enemigo ya no está en los tribunales ni en los archivos judiciales, sino en Medio Oriente.
La historia reciente de Estados Unidos ofrece antecedentes claros. Desde la “guerra contra el terrorismo” posterior al 11-S hasta las intervenciones selectivas bajo distintas administraciones, el recurso bélico ha funcionado como catalizador patriótico y como anestesia frente a conflictos domésticos. No se trata de afirmar que cada decisión militar sea exclusivamente un acto de distracción, pero sí de reconocer que el timing político rara vez es inocente.
En la Argentina, el discurso de Javier Milei durante la Apertura de Sesiones del Congreso exhibió una lógica análoga, aunque en el plano retórico. Lejos de limitarse a un balance de gestión o a la presentación de lineamientos legislativos, el mensaje presidencial se estructuró como una confrontación frontal contra adversarios políticos, gobernadores, sindicalistas y periodistas.
El tono beligerante, las descalificaciones y la narrativa de asedio permanente configuraron una escena de guerra cultural más que un acto institucional. Muchos menos un espacio para dar cuenta de lo que viene, una oportunidad que el Presidente perdió para sólo practicar la descalificación al resto.
La Argentina atraviesa una recesión profunda, con caída del consumo, deterioro del empleo y tensiones sociales crecientes. A ello se suman denuncias de corrupción y cuestionamientos a decisiones de política económica que afectan a amplios sectores de la población.
En ese contexto, la radicalización discursiva cumple una función precisa: reordenar la discusión pública en términos identitarios y emocionales, evitando que el eje se concentre exclusivamente en los indicadores económicos o en los costos sociales del ajuste.
La estrategia es simple: si la realidad material resulta adversa, se intensifica la batalla simbólica. El antagonismo permanente consolida a la base propia y dificulta la construcción de una crítica racional y articulada por parte de la oposición. En lugar de debatir inflación, caída del salario o pérdida de poder adquisitivo, se discute traición, casta, conspiraciones y enemigos del cambio.
En ambos casos —el ataque externo y la arenga interna— se observa un patrón compartido: la política convertida en espectáculo de confrontación. En Estados Unidos, la amenaza extranjera; en la Argentina, el adversario doméstico elevado a categoría de obstáculo civilizatorio. La escena dramática sustituye al debate estructural.
No se trata de equiparar situaciones ni de desconocer las diferencias evidentes entre la primera potencia mundial y un país periférico en crisis. Se trata de advertir una lógica común: cuando el poder enfrenta fisuras internas, la tentación de sobreactuar el conflicto aumenta. La política se vuelve performática, el discurso se endurece y la agenda se redefine alrededor de la urgencia bélica o del enfrentamiento épico.
La pregunta de fondo es si estas maniobras logran, efectivamente, desviar la atención o si, por el contrario, profundizan la fragilidad institucional. La historia muestra que los atajos distractivos pueden ofrecer réditos coyunturales, pero rara vez resuelven los problemas estructurales que los originan. La economía, la desigualdad, la corrupción o la pérdida de legitimidad no desaparecen por decreto ni por bombardeo retórico.
