Redacción Canal Abierto | El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires ordenó al capitán de corbeta Daniel Eduardo Robelo devolver más de $7,7 millones que percibió indebidamente en concepto de “Pensión Honorífica” para excombatientes de Malvinas. La resolución marca un antecedente en el proceso de revisión de beneficios otorgados a militares condenados por delitos de lesa humanidad.
Durante años, Robelo —quien fue jefe del Departamento de Comunicaciones de la Fuerza de Submarinos y ayudante de órdenes de la Armada entre 1975 y 1977— cobró una pensión destinada a quienes defendieron la soberanía nacional en la guerra de 1982. Sin embargo, la justicia comprobó su participación en el circuito represivo que funcionó en la Base Naval de Mar del Plata, donde se cometieron privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios.
La resolución 11.737/2026 del IPS sostiene que el derecho a percibir la pensión está vinculado al carácter honorífico del reconocimiento. Tras confirmarse en 2018 su condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, ese carácter quedó anulado de manera retroactiva.
En un primer cálculo, el monto a devolver ascendía a $10,9 millones, pero finalmente la cifra fue ajustada a $7,7 millones. Para el cómputo se tomó como punto de partida agosto de 2012, cuando Robelo fue procesado en la causa por los crímenes cometidos en la Base Naval. El organismo previsional le otorgó un plazo de diez días para presentar un plan de pago o saldar la deuda.
El portal Agenda Malvinas, que siguió el caso durante años, sostiene que no es posible separar el accionar de militares involucrados en el terrorismo de Estado de su participación en la guerra del Atlántico Sur. “No se puede ser héroe y genocida en el mismo tiempo y espacio. El honor no puede otorgarse a quien violó los derechos humanos más elementales de su propio pueblo”, señala el medio especializado.
La decisión también fue interpretada como un avance para organismos de derechos humanos y centros de excombatientes que reclaman revisar los beneficios otorgados a militares condenados. En ese sentido, el caso abre el interrogante sobre la situación de otros oficiales y suboficiales que aún perciben pensiones vinculadas a Malvinas.
Además, Robelo también está siendo juzgado en una segunda causa, denominada “Subzona 15 III” y por la cual en las últimas semanas hubo una recorrida de funcionarios judiciales por el centro clandestino de detención de la Base Naval de Mar del Plata. Este juicio comenzó en octubre de 2024 en el Tribunal Federal de Mar del Plata y cuenta con 20 acusados por hechos sufridos por 123 víctimas (con la particularidad de que 88 de ellas nunca habían llegado a un juicio). En el marco de esta causa, a Robelo le dictaron prisión preventiva, más allá de la condena previa.
La Base Naval Mar del Plata como centro clandestino
La condena a prisión perpetua contra Robelo se vincula con el funcionamiento del circuito represivo de la Armada en la Base Naval de Mar del Plata durante la última dictadura. Ese espacio integró la estructura de la Subzona 15 bajo control operativo de la Armada Argentina.
La base formaba parte de un sistema de centros clandestinos que incluía a la Escuela de Suboficiales de la Infantería de Marina (ESIM) y al centro conocido como “La Cueva”, ubicado en un antiguo radar de la Fuerza Aérea.
En ese esquema, Robelo ocupaba un lugar estratégico como jefe de Comunicaciones y ayudante de órdenes, con intervención en la transmisión de información y en la logística del aparato represivo. Por esos centros clandestinos pasaron trabajadores, estudiantes, abogados —muchos secuestrados durante la llamada “Noche de las Corbatas”— y militantes sociales.
Ex CCDTyE ESIM – Faro de la Memoria (foto: ddhh gob. bs. as.)
