Redacción Canal Abierto | La reforma laboral propuesta por el Ejecutivo que fue aprobada con modificaciones menores el 27 de febrero implica una masiva transferencia de recursos desde los trabajadores hacia las empresas.
La lapidaria conclusión surge de un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma (IEF-CTA), titulado Reforma laboral. Un ataque del capital contra el trabajo en toda la línea, que analiza el impacto del nuevo esquema laboral sobre los ingresos de las y los trabajadores y el financiamiento de la seguridad social.
Indemnizaciones y jubilaciones
La Ley 27.802, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo, rige desde entonces las relaciones entre trabajadores y empleadores. Y, también desde entonces, “avanza sobre prácticamente todas las dimensiones de las relaciones laborales y, en todos los casos, fortalece la posición de los empleadores”, detalla el informe.
El dato más preocupante está vinculado a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que reemplaza el sistema tradicional de indemnizaciones. Según el estudio, este esquema implica una transferencia “superior a los 2.000 millones de dólares al año”, producto de la reducción de aportes patronales al sistema previsional.
El nuevo fondo será financiado por los empleadores, quienes deberán aportar “un 1% de la masa salarial si se trata de grandes empresas y un 2,5% si se trata de PyMES”, con posibilidad de incrementarse hasta 1,5% y 3% respectivamente. Sin embargo, la contracara de ese esquema es una reducción equivalente en las contribuciones a la seguridad social.
El informe advierte que las indemnizaciones pasarán así a financiarse con recursos que dejará de percibir el sistema previsional, lo que impactará sobre la capacidad de la ANSES para sostener prestaciones como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.
La negociación colectiva debilitada
Con la clara intención de fortalecer la posición de los empleadores en el sistema de trabajo, la reforma no se limita al plano económico. Según el informe, uno de los aspectos más relevantes en ese sentido es el cambio en la regulación del derecho a huelga.
La nueva normativa amplía el concepto de servicios esenciales, obligando a garantizar niveles mínimos de actividad incluso en contextos de conflicto. De acuerdo con el IEF, esto implica que durante una huelga los trabajadores deberán sostener “un servicio mínimo de entre el 75% y el 50%” de la actividad habitual.
A la vez, se introducen modificaciones en la negociación colectiva que alteran el esquema vigente: la reforma otorga prioridad a los convenios por empresa o región por sobre los acuerdos por actividad, habilitando la negociación a la baja y una mayor fragmentación de las condiciones laborales entre trabajadores de un mismo sector.
Por otro lado, hay un impacto directo sobre las asociaciones sindicales. Según el IEF, la reforma introduce modificaciones que limitan las herramientas de acción gremial y promueven esquemas de representación más fragmentados. Esto favorece una mayor dispersión de la negociación y reduce la capacidad de los sindicatos para sostener condiciones homogéneas en cada actividad.
Un ataque inédito a la Ley de Contrato de Trabajo
Uno de los aspectos más dañinos de la reforma es el que atañe a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Según el IEF, la nueva norma configura “el ataque más importante” a esta Ley, madre de todo el sistema de relaciones laborales, desde 1976. Tanto por su alcance como por la profundidad de los cambios introducidos.
Sucede que la nueva normativa no sólo elimina artículos clave sino que redefine aspectos centrales del vínculo laboral. En total, la reforma “deroga 9 artículos y modifica otros 57”, lo que implica que “casi el 25% de la LCT queda distinta” tras la sanción de la ley.
Según el análisis, estas modificaciones apuntan a ampliar las facultades del empleador en la organización del trabajo y a reducir el alcance de las protecciones laborales vigentes. En ese sentido, el informe advierte que se consolida un esquema que refuerza la asimetría entre capital y trabajo, con impactos directos sobre la estabilidad laboral y las condiciones de empleo.
¿Habrá más trabajo?
Finalmente, el IEF asegura que esta reforma no promoverá la creación de empleo. “La experiencia de la Ley Bases y de los años 90 muestra que el resultado puede ser el opuesto, que el impulso del empleo formal depende mucho más de lo que pase con la actividad económica”, señala.
Y agrega: “La reforma laboral en curso busca supeditar la vida de les trabajadores a las necesidades de la patronal, desarticula la organización gremial, ataca el derecho constitucional de huelga y de negociación colectiva. Un conjunto de medidas que, de consolidarse en los espacios de trabajo, dificultará cualquier reversión en el futuro”.
Ilustración: Marcelo Spotti
