Redacción Canal Abierto | Un equipo interdisciplinario de científicas y científicos argentinos especialistas en riesgo climático (integrantes de la red global “Mi riesgo climático”), elaboró un documento en el marco de la Audiencia Pública convocada para el tratamiento dela reforma de la Ley de Glaciares Argentina, celebrada el jueves y viernes de la semana pasada, en medio de fuertes cuestionamientos.
El trabajo está publicado en la página web del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), un instituto del CONICET con sede en la UBA. Un dato no menor luego de la censura que sufrió una publicación del CONICET Mendoza en el marco del tratamiento de los estudios de impacto ambiental del proyecto San Jorge y otras iniciativas megamineras.
“La normativa vigente -recuerdan desde el equipo- sancionada en 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciares, reconociéndolos como reservas estratégicas de agua y prohibiendo actividades que puedan afectarlos, entre ellas la minería. Su aprobación estuvo precedida por un proceso de alta conflictividad política y social: una primera versión de la ley fue vetada en 2008, y su sanción definitiva fue posible tras una amplia movilización de la comunidad científica, organizaciones sociales y sectores académicos”.
“Entre sus instrumentos centrales se destaca la creación del Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA (CONICET), que permitió identificar, caracterizar y monitorear estos sistemas como base para su protección”. Hasta el momento, se inventariaron más de 16.000 glaciares.
Cuando la ley se vuelve a poner en debate, el equipo advierte que uno de los principales problemas de la reforma que ya tiene media sanción del Senado es, justamente, que se relega el rol del IANIGLIA: un instituto de altísimo prestigio, con más de 50 años de trayectoria, integrado por unos 140 científicos especializados.
“El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que se debate en el Congreso propone que sean las provincias, y no el IANIGLA-CONICET como establece la ley vigente, quienes decidan qué glaciares tienen suficiente importancia hídrica como para quedar protegidos. Los glaciares y el ambiente que los rodea son reservas estratégicas de agua. En años de poca lluvia y nieve, los glaciares pueden aportar más del 40% del caudal de los ríos andinos. Decidir cuáles merecen protección y cuáles no conlleva, por lo tanto, consecuencias directas sobre el agua disponible para millones de personas”, subrayan.
Otros de los ejes del trabajo tiene que ver con explicar el doble rol de los glaciares y ambientes periglaciares en el sistema climático, tanto en la disponibilidad de agua como en la regulación de eventos extremos como sequías e inundaciones. Sin embargo, apuntan, el proyecto en tratamiento “subestima el riesgo de intervenir estos sistemas”.
En la misma línea, el documento cuestiona que se le quiera poner fronteras provinciales a cuencas hídricas que las trascienden. “Por la naturaleza de las cuencas hídricas donde se encuentran estos ambientes glaciares y periglaciares, las decisiones de una provincia afectan a las provincias linderas”. “Además, la noción de “relevancia hídrica”, es una categoría ambigua”, añaden.
El equipo además elaboró una infografía que presenta de forma aún más sintética y simple la información técnica y científica relevante. El objetivo –explicaron- es contribuir a “un debate informado sobre una normativa clave en materia de gestión del agua y adaptación al cambio climático”.
¿Cómo sigue el tratamiento en el Congreso?
Luego de las restrictivas audiencias realizadas la semana pasada y a pesar de los cuestionamientos del sector científico -también a nivel internacional, como consignó FARN-, la intención del Gobierno sigue siendo avanzar lo más rápido posible con la sanción de la reforma. Una fecha probable es el jueves 9 de abril. Antes de eso, la semana que viene, está previsto que los gobernadores que la respaldan expongan en las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. La oposición, en tanto, también está solicitando que se incluyan nuevos disertantes, como abogados constitucionalistas y especialistas.
