Redacción Canal Abierto | El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este martes las cifras correspondientes a la pobreza y la indigencia correspondientes al segundo semestre de 2025. Así, con bombos y platillos, altos funcionarios, incluido el Jefe de Gabinete caído en desgracia Manuel Adorni, salieron a celebrar que el 28,2% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y el 6,3% es indigente.
Más allá del festejo oficial, centrado en remarcar que los números son inferiores a los heredados de la gestión anterior, un análisis más detallado realizado por el Instituto de Estudio y Formación de la CTA Autónoma junto al Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas pone el foco en la letra chica de las estadísticas.
Como señala el trabajo: “Si bien la pobreza se redujo significativamente respecto al 1er semestre 2024, tomar este período implica comparar con el pico generado por el shock devaluatorio de comienzos de la gestión libertaria. En ese lapso, la cantidad de pobres según la medición oficial se redujo en 11,4 millones de personas y la indigencia en 5,5 millones”.
Sin embargo, si la comparación se hace con períodos anteriores a ese pico, la disminución se vuelve mucho más modesta. “Respecto al 2do semestre 2023, la cantidad de pobres se redujo en 6,2 millones y la indigencia en menos de 2,6 millones. Respecto al 2do semestre 2019, la cantidad de pobres se redujo en 2,8 millones y la cantidad de indigentes en 668.000”, agrega el informe.
Los especialistas advierten que, tras un salto abrupto en la pobreza monetaria provocado por devaluaciones, deviene una posterior recuperación estadística. Con esta consideración, el interrogante central pasa por determinar cuál será el nuevo piso que alcanzará la pobreza una vez que se asiente el proceso. El mismo documento advierte que “los meses de crisis productiva y deterioro salarial que se vienen transitando anticipan los límites del modelo económico vigente para sostener un sendero decreciente en la baja de la pobreza y la indigencia”.
A esta situación se suma la evolución del poder adquisitivo de las asignaciones familiares. Si bien al comienzo de la administración hubo una mejora significativa en el poder de compra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) –que todavía se mantiene por encima de los valores de fines de 2023–, entre junio de 2024 y febrero de 2026 el poder de compra conjunto de la AUH y la Prestación Alimentar se redujo un 12,6%.
En este contexto, el estudio puntualiza que “si se estima la pobreza y la indigencia trimestral sin computar el aguinaldo (para evitar problemas de comparabilidad) los resultados oficiales indican que la baja de la pobreza ya se detuvo en el 3er trimestre 2025, mientras que la indigencia tiende a estancarse desde mediados del año pasado”.
El factor Lavagna
El propio descenso que muestran las cifras oficiales está hoy bajo discusión por cuestiones metodológicas que afectan la medición de los ingresos. En los últimos trimestres, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) registró aumentos en los ingresos de los hogares que no encuentran eco en otras fuentes de información. Esta discrepancia podría deberse tanto a una mejor captación de datos por la desaceleración inflacionaria como a las modificaciones introducidas en el cuestionario de la encuesta a partir del cuarto trimestre de 2023.
Las inconsistencias se profundizan al cotejar los datos con el Índice de Salarios que publica el propio INDEC. Mientras que la EPH muestra para los trabajadores registrados del sector privado un incremento real del 20% desde el tercer trimestre de 2023, el Índice de Salarios refleja una caída del 3,4% en el mismo período. En el sector público, la EPH registró una baja de solo el 1,8% en los salarios, mientras que el Índice de Salarios da cuenta de una disminución del 21,2%. En cuanto a las jubilaciones, mientras la actualización por movilidad jubilatoria arrojó una mejora real del 7,8% desde fines de 2023 –que se convierte en pérdida del 9,7% cuando se considera el bono congelado–, la EPH consignó una mejora real promedio del 14,7%.
Otro aspecto que enciende alertas es el creciente porcentaje de hogares encuestados que no responden sobre sus ingresos. Este fenómeno es preocupante no sólo porque desde 2020 muestra una tendencia en alza, sino porque ya alcanza un nivel cercano al 25%, lo que pone en duda la representatividad de la muestra para relevar ingresos.
A los problemas de medición se suma el anclaje metodológico de las canastas. La Canasta Básica Total que utiliza el INDEC se basa en la estructura de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004-2005. Aunque existe una ENGHo más reciente (2017-2018), sus datos aún no se han aplicado para actualizar las canastas ni el IPC, a pesar de que los desarrollos metodológicos estaban listos para implementarse –lo que motivó la renuncia del exdirector del organismo, Marco Lavagna.
La ENGHo 2017-2018 muestra una reducción en el peso de los alimentos y un aumento en el de los servicios, justamente los rubros que más subieron durante la gestión actual. Al no actualizar las ponderaciones, la medición oficial subestima el valor real de las canastas y, por lo tanto, el impacto del incremento de los servicios en el bolsillo de las familias.
Paradójicamente, mientras el INDEC comunicaba una fuerte baja de la pobreza, los indicadores de consumo masivo que también releva el organismo se ubican en niveles históricamente bajos. En enero de 2026, las ventas en supermercados cayeron un 11,3% y en mayoristas un 18,7% en comparación con noviembre de 2023. Al mismo tiempo, se observa un aumento en el uso de tarjetas de crédito para compras en supermercados: pasó del 37,7% en el segundo semestre de 2023 al 44,4% en el mismo período de 2025.
Cabe recordar que la pobreza monetaria mide ingresos corrientes, pero no da cuenta de la situación patrimonial de los hogares. En este sentido, el informe enfatiza: “En este sentido, es importante tener en cuenta que durante la gestión libertaria creció la utilización de ahorros y de endeudamiento como estrategias de manutención”. Diversas fuentes han señalado el acelerado aumento de la morosidad de las familias durante 2025, que no solo alcanzó niveles récord sino que mostró un carácter regresivo: la morosidad es considerablemente más alta en los créditos de bajo monto y en las billeteras virtuales, herramientas típicamente utilizadas por los sectores de menores ingresos.
Por último, los indicadores no monetarios de las condiciones de vida no exhiben mejoras significativas. Tal como se detalla en el documento: “El 22% de las personas habitan en viviendas cuyos materiales son de calidad insuficiente o parcialmente insuficiente. Un porcentaje similar vive en situación de hacinamiento moderado o crítico. El 14,5% de las personas posee condiciones inadecuadas de saneamiento. Además, cerca del 19% habita en un régimen de tenencia insegura de la vivienda. En este marco, el ajuste fiscal impacta en las dimensiones no monetarias del bienestar: en el 2do semestre 2025 el gasto social se redujo un 20% respecto al mismo período de 2023. El recorte fue mayor en partidas como Agua potable y alcantarillado (–89%), Vivienda y urbanismo (–98%), Educación y cultura (-49%) o Promoción y asistencia social (-77%), con un recorte significativo en el presupuesto de comedores”.
La foto oficial de la pobreza en descenso convive, así, con un entramado de alertas metodológicas, inconsistencias estadísticas y un deterioro en otras dimensiones del bienestar que complejizan el diagnóstico.
