Redacción Canal Abierto | El próximo martes comienza el juicio contra nueve detenidos el 12 de junio de 2024, durante las protestas durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado. Inicialmente, fueron acusadas de accionar terrorista en esa jornada.
Canal Abierto dialogó con Daniela Calarco, una de las acusadas. Referente del MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, fue de tenida a 10 cuadras del Congreso y pasó 78 días detenidas en el penal de máxima seguridad de Ezeiza. Entre las acusaciones está el de haber incendiado un bicicletero.
“Mis abogados pidieron que se me juzgue desde la justicia de la ciudad. En el peor de los casos, aún siendo yo culpable, esto no debería ser más que una contravención en la ciudad. Sin embargo, alegando la economía del proceso, me están llevando a juicio en una causa federal sin tener un delito federal que juzgar”, observó Calarco.
“Cuando nos detuvieron, intentaron poner en la causa un delito de terrorismo: que habíamos intentado atentar contra el normal funcionamiento de la Cámara Alta del Senado. Con una causa tan grave como terrorismo, todo eso se cayó. Ninguna de las 33 personas detenidas ese día nos conocíamos entre nosotros. Es difícil intentar organizar un atentado o un golpe de Estado con personas que no conocés. Salvo que la Justicia crea que lo hicimos telepáticamente”, agregó.
Además del desconocimiento entre sí, Calarco señaló que de las nueve personas que serán enjuiciadas, ella es la única que tiene militancia política. “En la causa han agregado fotos mías, por ejemplo, con Eduardo Beliboni, que es un compañero de otra organización con el que me he movilizado muchas veces. Pusieron fotos mías en marchas como si eso fuera prueba de algún delito. No es un secreto para nadie que pertenezco a una organización social desde hace muchísimos años”, expuso.
Los acusados llegan en su mayoría con defensores oficiales. Sin tener mayores detalles técnicos de la estretegia jurídica que desarrollarán los letrados que llevan adelante su defensa, Calarco dijo que “esto se tiene que anular. En primer lugar, desde lo judicial: las pruebas que el Estado presenta en mi contra no han tenido cadena de custodia, fueron muy manoseadas, no se presentaron como debían, incluso presentan papeles fuera de tiempo y todo les es aceptado. Además, se va a apuntar a la persecución política: no hay nada legalmente para que yo llegue a esta instancia”.
El calvario de Daniela
El 12 de junio, el día en que se trataba la Ley Bases, Daniela Calarco estuvo junto a su organización en la protesta. Cuando comenzó la represión, la columna del MTR Votamos Luchar por el Cambio Social salió por Avenida de Mayo con otras organizaciones sociales. Desde Plaza de Mayo hasta 9 de Julio, los efectivos les dispararon por detrás y fueron deteniendo gente.
En la 9 de Julio, se encontraron con todas las motos policiales apostadas impidiendo el paso hacia la zona norte de la ciudad; solo dejaban circular hacia el lado de Constitución. Allí comenzó la persecución. Las motos los siguieron y ella fue detenida varias cuadras después.
En ese momento, personal policial masculino se abalanzó sobre ella con mucha violencia, tirándose sobre su espalda. Permaneció varios minutos rodeada solo de policías varones. Pasaron al menos diez o quince minutos hasta que llegó personal femenino que volvió a revisar sus pertenencias y entonces sí la revisaron a ella.
Luego, Daniela fue subida a un patrullero que recorrió distintos lugares que en el momento ella no pudo reconocer. Finalmente, la llevaron a un lugar de detención improvisado en la diagonal del Obelisco. Allí se fue encontrando con otras personas detenidas ese día. Fueron trasladados bastante rato después, sin permitir que se acercaran abogados. En su caso, un compañero abogado que supo rápidamente de su detención quiso ir y presentarse, pero no se lo permitieron.
Los llevaron a la comisaría de Parque Patricio, donde no había lugar para alojar mujeres. Esa misma noche trasladaron a las mujeres a una comisaría en Chacarita, donde supuestamente había lugar para ellas. Al llegar, la comisaría estaba llena, así que las tuvieron toda hasta el amanecer, esposadas a las siete detenidas que eran, dentro de la camioneta, sin dejarlas ir al baño. Les hicieron una revisión médica y las volvieron a meter a la camioneta. Recién alrededor de las seis o siete de la mañana permitieron que pasara una abogada a ver cómo estaban.
Como la comisaría estaba llena, la abogada manifestó que no las podían tener en esas condiciones: o las liberaban o les buscaban un lugar digno de detención. Lo más digno que encontraron fue que cerraron con rejas un pasillo y tuvieron tiradas a las siete personas ahí. Comieron gracias a lo que los compañeros de afuera les acercaban; también les acercaron algunas mantas porque no había absolutamente nada en esa comisaría, ni siquiera baños.
De ahí las llevaron al penal de máxima seguridad de Ezeiza, donde estuvo detenida 78 días. “Bajo esas mismas condiciones, todos fueron liberados. Sin embargo, a mí me negaron la excarcelación en muchísimas oportunidades. Mis abogados presentaban el pedido y, a pesar de lo lento que suele actuar la Justicia, a los 15 minutos, ya estaba en la página judicial la negativa, como si la tuvieran escrita de antemano y solo la subieran. Ni siquiera se gastaban en leer los pedidos de mis abogados”, relató la militante.
“Así estuve dos meses y medio, alegando que por estar organizada políticamente no presentaba un riesgo de entorpecer la causa. No sé de qué manera, si las pruebas que hasta el día de hoy se siguen usando para llevarme a juicio son cámaras de seguridad de la ciudad y los relatos de la policía. ¿Cómo podría haber entorpecido eso?”, concluyó.
