Redacción Canal Abierto | Venció el plazo impuesto por la Justicia para que el gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y actualice partidas, salarios y becas. Lejos de acatar el fallo, el Ejecutivo presentó una apelación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y ratificó su decisión política: “no vamos a pagar”.
La medida cautelar —confirmada en segunda instancia— obligaba a Manuel Adorni (la responsabilidad de redistribuir las partidas recae sobre el jefe de Gabinete) a desembolsar los fondos para la aplicación de una ley vigente, sancionada por el Congreso y ratificada tras el intento de veto presidencial.
Entre otras cuestiones, el fallo incluía la actualización de salarios docentes y no docentes, hoy un 55% abajo en relación a diciembre de 2023.
En respuesta a lo resuelto por los otros dos poderes del Estado (el Legislativo primero y ahora el Judicial), Casa Rosada insiste con su estrategia de litigio: apeló el fallo a último momento y dejó trascender que luego recurrirá a la Corte Suprema.
Sin mucha esperanza de lograr un resultado favorable en los tribunales –los jueces de primera y segunda instancia calificaron de “poco serios” los argumentos del Ejecutivo-, la estrategia parece ser ganar tiempo y desgastar el reclamo educativo.
“El superávit en peligro”, el falso relato
La negativa oficial se sostiene en un argumento central: el equilibrio fiscal. Desde la Casa Rosada aseguran que cumplir con la ley implicaría “volver al déficit”, una línea discursiva que el oficialismo viene utilizando para justificar recortes en distintas áreas del Estado.
Sin embargo, en su fallo la Cámara subrayó que el impacto fiscal de la medida no afectaba el interés público. Por el contrario, advirtió que lo que está en juego es un derecho de jerarquía constitucional: el acceso a la educación.
También fue categórico en términos institucionales: una ley vigente no puede ser suspendida por decisión unilateral del Poder Ejecutivo. Más aún cuando el Congreso insistió con su aprobación tras el veto presidencial, cerrando el proceso legislativo.
Universidades en emergencia
El trasfondo del conflicto es un sistema universitario en crisis. Desde la asunción de Milei, las universidades públicas denuncian una caída real de los fondos superior al 45% y una pérdida aún mayor del poder adquisitivo de los salarios.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) declaró la emergencia presupuestaria y salarial, mientras se multiplican paros, movilizaciones y advertencias sobre el funcionamiento básico de las casas de estudio.
En ese contexto, la Ley de Financiamiento Universitario no implica una expansión del gasto, sino una recomposición frente al deterioro acumulado y la indexación futura de los recursos según la inflación.
Esta semana, las casas de altos estudio hicieron una vigilia de 24 horas con clases públicas en las calles (incluso frente a la casa de Adorni, hoy acorralado por denuncias de corrupción), asesoramiento legal y económico gratuito, y servicios de salud como odontología, oftalmología, clínica y atención veterinaria.
De continuar la asfixia sobre la educación y el desacato del Gobierno, la comunidad universitaria prevé convocar a una movilización para los primeros días de mayo, y que al igual que en 2024 y 2025 se anticipa también será masiva.
