Por Néstor Espósito | El proyecto político de Horacio Rodríguez Larreta encontró un aliado inesperado y, además, gratuito: el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. La institución creada por ley tras el regreso de la democracia inició un proceso de transición entre ser una usina de servicios para facilitarle herramientas al trabajo de los abogados y convertirse en un Centro de Gestión y Participación (CGP), aunque sin reconocerse formalmente en ese nombre.

El Colegio cambió de conducción este año. Una coalición de grandes estudios, abogados  vinculados con la UCR y el PRO y una articulación del ex presidente de Boca Juniors Daniel Angelici –asesor y amigo personal del ex presidente Mauricio Macri- posibilitó que Ricardo Gil Lavedra, el ex camarista federal y ex ministro de Justicia de Fernando De la Rúa, destronara a la lista de Gente de Derecho, que de la mano de Jorge Rizzo (ex abogado de Carlos Fayt y de Ricardo Lorenzetti, entre otros) gobernó durante más de una década.

Rizzo y Angelici fueron aliados, pero ese pacto se rompió. De un lado sostienen que la razón fue que uno de los laderos de Angelici, el ex jefe de Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano, participó de las maniobras de espionaje a abogados cuando entrevistaban a ex dirigentes kirchneristas detenidos en la cárcel de Ezeiza. Del otro, explican que el distanciamiento ocurrió porque “Rizzo se hizo K”.

Por fuera de esas cavilaciones menores, el Colegio es una entidad que esencialmente presta servicios.

Cuando el Estado Nacional inició la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19, el Colegio gestionó la instalación de un vacunatorio en una de sus sedes. En pandemia, la actividad judicial en su formato presencial desapareció, se redujo prácticamente a cero. Aún hoy, cuando ha retornado cierta normalidad en todas las actividades, los tribunales siguen raleados y el desfile habitual de abogados se redujo a punto tal que los alrededores del Palacio de Justicia están tapizados de carteles de “se alquila”. Son oficinas que ocupaban pequeños y medianos estudios que, pandemia mediante, se trasladaron a los propios domicilios particulares o redujeron sus instalaciones para adecuar los gastos a la nueva realidad.

La idea del vacunatorio en el Colegio apuntaba a mitigar los efectos sanitarios pero también económicos de la pandemia. La matrícula de abogados de la Capital Federal ronda los 80 mil; esos iban a tener prioridad en el vacunatorio del Colegio y, de paso, descomprimirían otros centros de vacunación.

En las últimas semanas los casos de coronavirus aumentaron en varios países, incluida la Argentina. Esa novedad (que por ahora no parece alarmante), sumada a la proximidad del período de vacaciones y a la recomendación de las autoridades sanitarias para que la población (especialmente la de riesgo) se aplique un nuevo refuerzo, incrementó la demanda de vacunas.

Eso hizo estallar la situación en el vacunatorio del Colegio de Abogados. Ya no se trata de un establecimiento más en el que se inoculan los matriculados y pueden concurrir particulares sino que directamente funciona como un vacunatorio del gobierno de la Ciudad, con carteles en la calle que así lo identifican.

La sede está en la planta baja del edificio central del Colegio, en la Avenida Corrientes 1441. No es necesario ser abogado para vacunarse, y como los centros de testeos y vacunación se redujeron notablemente en el distrito porteño, el lugar se convirtió en un caos.

Así, es habitual la escena de un abogado consultando bibliografía o  jurisprudencia en la Biblioteca del Colegio, un ámbito que  necesariamente debe ser silencioso, que se distrae con los gritos y las protestas que provienen del vacunatorio. Son decenas de personas hartas de esperar horas, muchas veces de pie y gran parte de ellas en la calle a que un empleado del gobierno de la Ciudad le entregue un rectángulo de cartón acanalado (de los de cajas de envases) con una letra y un número escritos con bolígrafo con el turno que le corresponde.

Esta semana, el SAME debió concurrir tres veces en un mismo día para atender a personas que se desvanecieron mientras aguardaban su dosis de Moderna. El titular del servicio de emergencias, Alberto Crescenti, decidió dejar una ambulancia permanente ante la previsible existencia de nuevos casos.

Peor aún: el Colegio es un lugar en el que los abogados realizan decenas de trámites que tienen que ver con su labor cotidiana. Sin embargo, suele ocurrir que quienes esperan en la fila por sus vacunas los confunden y creen que se quieren colar. Resultado: los abogados son increpados e insultados en su propia casa por particulares que, en un escenario de normalidad, jamás pisarían ese lugar.

Nadie usa barbijo; tampoco nadie se los exige o siquiera sugiere. El dato escatológico lo dan los baños, que pasaron de cinco a cien personas por hora.

Por convenios que el Colegio Público había firmado durante la gestión anterior con el gobierno porteño, en la entidad funcionaba como un servicio adicional para los abogados un lugar en el que podían renovar el registro de conducir. El control del otorgamiento de las licencias –claro- siempre estuvo en manos de las autoridades políticas, pero los matriculados tenían prioridad y contaban con personal del Colegio que los asesoraba con los trámites previos, por ejemplo las consultas de infracciones. Además, había un cupo para particulares que también podían sacar o renovar sus registros allí.

Nada de eso ocurre en la actualidad.

Cualquier persona puede mediante la página del gobierno de la Ciudad gestionar un turno para atenderse en el Colegio Público de Abogados como en cualquier CGP.

¿Eso es bueno o es malo? No es esa la discusión. En el escenario de cooptación de la Justicia por parte de un sector político (hoy en la oposición), la entidad que representa a los abogados porteños se ha convertido en poco menos que un apéndice del gobierno porteño. Y, de paso, se suma a la ola amarilla que  en Tribunales y sus satélites es un verdadero tsunami.

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Néstor Espósito: @nestoresposito

 

 

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