Redacción Canal Abierto | José Ignacio Salvador y Juan Antonio Fumez, exintegrantes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), irán a juicio por crímenes cometidos durante la última dictadura. El juez Alejo Ramos Padilla elevó la causa en la que están acusados de desapariciones forzadas, secuestros y homicidios. La denuncia había sido presentada por la Comisión Provincial por la Memoria. Los legajos desclasificados aportados, a partir del trabajo de guarda y gestión que la CPM desarrolla desde 2001 con ese acervo de inteligencia policial, son una de las pruebas centrales en el expediente.
Ninguno de los dos imputados fue juzgado hasta el momento por su participación en crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo a la instrucción, y tal como consta en esos documentos, Salvador y Fumez son responsables de delitos de desapariciones y asesinatos. La investigación judicial reconoce además el rol clave que tuvo la inteligencia en la selección y persecución de las víctimas, actuando de manera coordina con las fuerzas militares y de seguridad.
Desde su inicio formal en 1956, la Dirección de Inteligencia de la Bonaerense estuvo articulada con la comunidad informativa –un término que alude al trabajo conjunto y coordinado entre todas las agencias de Inteligencia del país- a través del decreto 776/56 de creación de la SIDE. Durante la dictadura, la inteligencia se jerarquizó dentro de la fuerza provincial y pasó a ser una de sus tres direcciones generales. En esos años la DIPPBA tuvo 16 delegaciones en la Provincia y unos 1.200 agentes.
En la última mitad de los 70 Juan Fumez estaba a cargo de la delegación de Lanús de la DIPPBA; así se desprende de al menos 33 documentos del archivo presentados por la CPM. Muchos de ellos llevan la firma de Fumez y refieren a hallazgos y/o identificaciones de cadáveres, registran persecuciones y controles sobre actividades gremiales y de organismos defensores de los derechos humanos o hay también legajos con su firma respecto a presos políticos que habían obtenido la libertad vigilada y que debían presentarse en la Delegación Lanús.
En el expediente está acreditada su participación en el caso de Raúl “Bigote” Bonafini, uno de los hijos de Hebe.
Raúl era militante del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) y fue secuestrado el 6 de diciembre de 1977. Lo llevaron a los centros clandestinos de la Brigada de Quilmes, el Destacamento de Arana y La Cacha.
Fumez elaboró el informe con el que intentaron encubrir el hecho, donde se sostenía que Raúl fue detenido en un retén policial y se “autoeliminó” tomándose una pastilla de cianuro.
Por otro lado, en los documentos consta que José Salvador revistó en la Delegación DIPPBA Capital Federal durante los años 1976, 1977 y 1978 y se desempeñó como delegado DIPPBA ante la Comisión asesora de antecedentes. En el material, donde consta su firma, hay memorandos que solicitan antecedentes de personas, también hay órdenes de captura y respuestas a pedidos de informe. En otro legajo significativo con su firma explícitamente se solicita información sobre “blancos”. La DIPBBA, a través de sus delegaciones y agentes de inteligencia, trabajaba en el seguimiento y vigilancia de quienes posteriormente sufrían el secuestro y desaparición. Algunas de esas personas sindicadas como “blancos” posteriormente fueron desaparecidas, como Luis Ignacio López Comendador, José Cena, Oscar Daniel Pardo y José Mario Retamar.
“Salvador aparece como un engranaje fundamental del sistema montado para identificar a personas (objetivos), secuestrarlas y desaparecerlas, actuando como canal de comunicación entre diversas agencias de inteligencia y aportando información fundamental para dicha empresa”, había señalado la Sala II de la Cámara Federal de La Plata al confirmar su procesamiento.
Cabe recordar que, en este momento, en el cuarto tramo de la causa Saint Amant, cuatro ex agentes de la DIPPBA de la delegación de San Nicolás están siendo juzgados por su participación en los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el noroeste de la Provincia. En ese juicio, la CPM es querellante y aportó material probatorio del archivo de la DIPPBA que acredita el modo en que la información producida por los servicios de inteligencia de la policía bonaerense era utilizada como insumo para secuestrar personas, pero también cómo los mismos agentes de inteligencia participaban de los operativos comandados por los grupos de tarea.
Con información de Agencia Andar y CPM
