Redacción Canal Abierto | A través de un proyecto de resolución presentado este jueves 7 de mayo, el diputado nacional Jorge Taiana solicitó la suspensión del proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal/Río Paraná por las graves irregularidades detectadas y los cuestionamientos técnicos, jurídicos, ambientales e institucionales.
El proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados exige al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata suspensión de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, convocada por la Resolución 67/2025, “hasta tanto se esclarezcan de manera integral las denuncias formuladas ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), particularmente aquellas vinculadas con la presunta utilización de documentación apócrifa atribuida a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la ausencia de estudios de impacto ambiental adecuados, el posible direccionamiento de los pliegos licitatorios y la afectación de las facultades de control y participación de las provincias ribereñas”.
Según denuncia la presentación de Taiana, peritos informáticos señalaron que el informe atribuido a la UNCTAD – ONU que el Gobierno Nacional presentó como aval respaldatorio es falso.
Esta es una nueva objeción al proceso licitatorio que ya sufrió interrupciones previas debido a las presentaciones de los propios candidatos a la concesión. La Procuración de Investigaciones Administrativas ya investiga tres denuncias penales y está pendiente la satisfacción del pedido de informes que anteriormente presentó el diputado de Fuerza Patria en la Cámara.
“Lo venimos señalando desde el principio: el proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal está plagado de irregularidades y sospechas y por eso pedimos su impugnación”, declaró a los medios Taiana.
Soberanía y control
En el marco de esta nueva licitación de la vía por la que circula la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país, el Poder Ejecutivo avanzó en la desarticulación de organismos de control federales y participativos, debilitando la ya pobre fiscalización y generando un vacío institucional, señala la presentación. En este proceso afectó los derechos de las provincias ribereñas reconocidos por la Constitución Nacional y disolvió el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable una instancia federal que permitía a las provincias incidir en la administración y supervisión de recursos que impactan sobre sus territorios, puertos y ecosistemas.
La delegación de la fiscalización en la estructura encargada de promover la concesión, o en organismos sin facultades ni capacidad de auditoría efectiva, implica una renuncia a la soberanía administrativa y el control estatal.
No hay licencia social
En 2025, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ex Administración General de Puertos y ex Dirección Nacional de Vías Navegables) organismo encargado de la licitación, convocó a una “Audiencia Ambiental” para posteriormente llamar a licitación por el dragado de profundización del río Paraná. Tanto la audiencia, como los supuestos estudios de impacto ambiental fueron ampliamente rechazados e impugnados por más del 96% de los expositores. Es evidente que no hay consenso político ni licencia social para la licitación del dragado de la vía troncal.
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El Foro por la recuperación del Río Paraná, entre otros colectivos, señala que no hay estudios de impacto ambiental integrales respecto de la profundización del calado del Río Paraná, proyectada para alcanzar entre 40 y 44 pies con una doble finalidad, que puedan ingresar los buques de gran calado y que puedan circular barcos con mayor carga. Diversos trabajos científicos alertan sobre los riesgos que estas modificaciones podrían generar sobre el acceso al agua potable, los sistemas cloacales, la fauna ictícola y los ecosistemas ribereños.
La protección de los humedales y de la biodiversidad de la cuenca constituye una condición indispensable para garantizar una soberanía sustentable en el tiempo. La falta de participación de las provincias en las tareas de auditoría y control comprometen el futuro de los ecosistemas hídricos en favor de un modelo de explotación inmediata sin planificación estratégica, un modelo de pura extracción que acumula zonas de sacrificio.
Por último, el proyecto de resolución señala que cualquier proceso de concesión de la Vía Navegable debe garantizar los principios de transparencia, legalidad, participación federal de las provincias ribereñas, control estatal, preservación ambiental y defensa del interés nacional.
