Redacción Canal Abierto | Luego del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) —aprobado dentro de la Ley Bases— y de anunciar otra baja de retenciones al campo, el Gobierno envió al Congreso un proyecto recargado de alivio fiscal para los mayores ganadores del modelo.
Se trata de una versión ampliada y todavía más flexible: el Súper RIGI, que apunta a atraer inversiones multimillonarias en sectores tecnológicos y estratégicos a cambio de fuertes beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios.
El proyecto —que fue bautizado formalmente como Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias— apunta a captar desembolsos superiores a los US$ 1.000 millones en actividades que el Ejecutivo define como “nuevas” o “experimentales” para la economía argentina. Entre ellas aparecen inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, baterías de litio, reactores nucleares pequeños, hidrógeno y centros de datos.
Todo por nada
La iniciativa surge en un marco particular. Aun cuando la gestión libertaria no para de ofrecerlo todo a cambio de casi nada, la Argentina registró el nivel más bajo de Inversión Extranjera Directa (IED) entre las principales economías de América Latina en 2025, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Desesperado por inversiones y en un esquema que se anticipa ruinoso para el Estado, el texto enviado al Congreso por el gobierno de Javier Milei reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 15%, habilita exenciones arancelarias, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años y libre disponibilidad progresiva de divisas. Como yapa, garantiza acceso a tribunales internacionales como el CIADI, que responde al Banco Mundial—que históricamente falló en contra de los intereses estatales— en caso de conflicto entre las partes.
En línea con la reforma laboral aprobada en febrero, también contempla una rebaja de contribuciones patronales al 10% para nuevas relaciones laborales y flexibiliza las exigencias de compra a proveedores nacionales. En otras palabras: las empresas podrán importar equipamiento e insumos aun cuando existan alternativas locales. Y ese punto fue uno de los más cuestionados por economistas y especialistas.
En declaraciones a Radio 750, el expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) José Ignacio de Mendiguren, consultado por el tema ironizó: “Nadie soñaba con contratos a 30 años. ¡Podés importar hasta los bienes usados!”. Y señaló que el proyecto profundiza una lógica de apertura sin protección para la industria local, ya que carece de exigencias concretas de generación de empleo, transferencia tecnológica o agregado de valor nacional.
Por su parte y en conferencia de prensa, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que el Súper RIGI podría habilitar desembolsos de entre US$ 20.000 y US$ 30.000 millones, especialmente vinculados a inteligencia artificial, data centers y nuevas industrias tecnológicas.
Milei había definido el proyecto como una “MEGA BOMBA” en su cuenta de X y asegurado que servirá para “crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía”.
Sin embargo, con su antecedente, el RIGI, no pasó: la mayoría de los doce proyectos aprobados dentro del régimen ya habían sido anunciados antes de que les otorgaran el perdón impositivo. Como diría Tu Sam, puede fallar.
Ilustración: Marcelo Spotti
