Redacción Canal Abierto | Argentina se incorporó este año al grupo de los 10 peores países para los trabajadores, luego de descender a la categoría 5, en un contexto marcado por el segundo año consecutivo de deterioro en su calificación.
Así lo señaló el último Índice Global de los Derechos 2026, elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la central sindical más grande del mundo, que sostuvo además que las condiciones para los trabajadores y las organizaciones sindicales se han vuelto cada vez más restrictivas durante la gestión del presidente Javier Milei.
El Índice Global de los Derechos evaluó la situación de 151 países y concluyó que Argentina comparte el listado de los diez peores países para los trabajadores junto con Belarús, Ecuador, Egipto, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Panamá, Túnez y Türkiye.
Según el documento, desde su llegada al poder en 2023, la administración libertaria impulsó una serie de medidas que debilitan los derechos laborales en favor del sector privado. Entre ellas, se mencionan la eliminación de ámbitos de diálogo social y flexibilizaciones laborales que, de acuerdo con el informe, afectan la negociación colectiva y el derecho a la protesta.
En la presentación del estudio, la secretaria general de la CSI, Luc Triangle, aseguró que el Índice evidencia “una crisis global cada vez más profunda para los derechos de los trabajadores” y sostuvo que la defensa de esos derechos constituye también “la lucha por la democracia”.
El informe también puso el foco en los cuestionamientos a las medidas adoptadas por la Casa Rosada en relación con las protestas sociales. De acuerdo con el documento, se otorgaron mayores facultades a las fuerzas de seguridad para intervenir en manifestaciones y se incorporaron mecanismos que podrían desalentar la participación en protestas, especialmente en áreas consideradas productivas.
Asimismo, se mencionó que durante las protestas registradas en 2025 hubo más de 1.350 personas heridas, entre ellas jubilados y dirigentes sindicales. El reporte también hace referencia al caso de Federico Giuliani, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (ATE-CTA-A) en Córdoba, quien fue detenido durante un operativo policial en agosto de 2025.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso de per saltum (salto de instancia) presentado por el gobierno libertario para que el máximo tribunal definiera de manera directa la validez de los artículos de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802).
El caso había cobrado relevancia luego de que el juez de primera instancia Horacio Ojeda declarara la inconstitucionalidad de 81 artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral.
No obstante, esa resolución fue posteriormente revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que restituyó la plena vigencia de la reforma. Actualmente, el expediente continúa tramitándose en forma paralela en los fueros Contencioso Administrativo y Laboral.
