Redacción Canal Abierto | Perú amaneció este lunes sumido nuevamente en la incertidumbre. Los primeros conteos de la segunda vuelta presidencial muestran una diferencia ínfima entre el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, y la derechista Keiko Fujimori, en una elección que podría tardar días —o incluso semanas— en resolverse definitivamente.
Los conteos rápidos difundidos durante la noche arrojaron un empate técnico. Y si bien a esta hora, Sánchez gozaría de una ventaja de apenas 50,3% a 49,7%, los números son muy finos y oscilan con el correr de los minutos.
La escena recuerda inevitablemente a 2021, cuando Keiko Fujimori perdió frente a Pedro Castillo por un margen mínimo y denunció sin éxito un supuesto fraude electoral. Esta vez, sin embargo, el escenario parece aún más complejo: la fragmentación política es mayor, la legitimidad de las instituciones continúa erosionándose y el país llega a la elección después de una década de crisis permanente.
Diez años de inestabilidad
La elección de 2026 es inseparable de la crisis política que atraviesa Perú. Desde hace al menos una década, el país tuvo una sucesión vertiginosa de presidentes, destituciones, renuncias y gobiernos transitorios.
La confrontación entre el Poder Ejecutivo y un Congreso extremadamente fragmentado se convirtió en una constante. La utilización recurrente de mecanismos de vacancia presidencial, las denuncias de corrupción y la incapacidad de construir mayorías estables deterioraron la confianza ciudadana en el sistema político.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso antes de ser destituido y encarcelado. Las protestas posteriores dejaron decenas de muertos y profundizaron la fractura entre Lima y las regiones andinas y rurales. Desde entonces, ningún gobierno logró recomponer plenamente la legitimidad institucional.
La elección actual es, en gran medida, una expresión de ese agotamiento. Entre los dos candidatos que llegaron al balotaje apenas reunieron el 29% de los votos emitidos en primera vuelta, un dato que refleja el nivel de dispersión y rechazo existente hacia toda la dirigencia política.
Roberto Sánchez: el heredero moderado del castillismo
Roberto Sánchez, dirigente de izquierda y ex ministro de Comercio Exterior durante el gobierno de Pedro Castillo, emergió como la gran sorpresa del proceso electoral. Su candidatura se consolidó principalmente en las regiones rurales, andinas y amazónicas, donde persiste un fuerte rechazo a las élites limeñas y a los sectores tradicionales del poder económico.
Durante la campaña propuso una mayor intervención estatal en áreas estratégicas, una reforma constitucional y políticas redistributivas orientadas a los sectores más empobrecidos. También mantuvo vínculos políticos con sectores identificados con el legado de Castillo, aunque en las últimas semanas moderó parte de su discurso para captar votantes de centro.
Su fortaleza electoral radica en el Perú profundo: comunidades campesinas, trabajadores informales y sectores históricamente excluidos de la toma de decisiones nacionales. La posibilidad de que esos votos rurales terminen inclinando la balanza explica por qué muchos analistas evitan dar por cerrado el resultado pese a las ventajas parciales obtenidas por Fujimori en los centros urbanos.
Keiko Fujimori: mercado y el peso del apellido
La líder derechista llegó por cuarta vez a una segunda vuelta presidencial. Hija del ex mandatario Alberto Fujimori, continúa siendo una de las figuras más polarizantes de la política peruana.
Para sus seguidores representa la promesa de orden frente al avance de la criminalidad y la posibilidad de recuperar la estabilidad económica. Para sus detractores, encarna la continuidad de una tradición autoritaria asociada a las violaciones a los derechos humanos y a los escándalos de corrupción que marcaron el gobierno de su padre.
Su base electoral se concentra especialmente en Lima y en las principales ciudades costeras. Durante la campaña prometió políticas de seguridad más duras, desregulación económica y un fortalecimiento de las inversiones privadas. Además, cuenta con una estructura partidaria mucho más consolidada que la de su rival y con una presencia significativa en el Congreso.
Qué está en juego para América Latina
Más allá de las fronteras peruanas, el resultado es observado con atención en toda la región.
Una victoria de Fujimori consolidaría el giro conservador que se viene registrando en varios países latinoamericanos durante los últimos años. Su eventual gobierno probablemente buscaría un alineamiento más estrecho con los sectores empresariales internacionales, los organismos financieros y los gobiernos de derecha que hoy predominan en buena parte de Sudamérica.
El triunfo de Sánchez, en cambio, representaría una excepción dentro de esa tendencia. Aunque lejos de los ciclos progresistas de comienzos de siglo, su llegada al poder podría revitalizar algunos espacios de coordinación con gobiernos y movimientos que cuestionan las políticas neoliberales y promueven una mayor intervención estatal en la economía.
Sin embargo, cualquiera sea el vencedor, enfrentará un problema inmediato: gobernar un país profundamente dividido y con instituciones debilitadas. La fragmentación parlamentaria, la desconfianza ciudadana y la persistente crisis de representación seguirán condicionando al próximo gobierno.
La elección de este año parece confirmar una tendencia que atraviesa a Perú desde hace más de una década: el problema ya no es solamente quién llega al Palacio de Gobierno, sino la creciente dificultad para construir un sistema político capaz de sostenerse más allá de una elección.
