Redacción Canal Abierto | Este 24 de junio, en Rosario, se conocerá la sentencia en la causa penal por daños a la salud producidos por fumigaciones con agrotóxicos en la comunidad periurbana de la ciudad de Pergamino. En esta, se describe particularmente el caso de Sabrina Ortiz: ella perdió un embarazo, sufrió dos ACV y, al igual que sus hijos, presenta altos niveles de agrotóxicos en el cuerpo.
Así llega a su etapa final una pelea de más de una década, que puso en evidencia, una vez más, cómo el modelo de producción basado en transgénicos y agrotóxicos enferma a barrios enteros.
Casi al mismo tiempo se conoció en las últimas horas la respuesta de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) a la queja presentada por un grupo de organizaciones de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina que realizaron una presentación conjunta contra la empresa Bayer AG por los graves impactos en el ambiente y los derechos humanos que genera la agricultura industrial en Sudamérica. Precisamente uno de los casos presentados como prueba, luego de una investigación amplia y de numerosas entrevistas con comunidades afectadas, fue el de Sabrina en el barrio Villa Alicia de Pergamino.
Casi un año y medio después de la presentación —de abril de 2024—, el Punto Nacional de Contacto en Alemania (PNC) —órgano de aplicación de las directrices de la OCDE y responsable de la revisión— llamó a una mediación entre la sociedad civil y la empresa pero consideró que debía dejarse fuera de ese diálogo los cuatro casos concretos de afectación incluidos en la queja.
Las organizaciones promotoras —Terra de Direitos (Brasil), BASE-IS (Paraguay), Fundación TIERRA (Bolivia), el Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina), Misereor y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR)— rechazaron la mediación propuesta.
“Sin las comunidades afectadas y la discusión sobre daños concretos no nos sentaremos a una mediación con Bayer para hablar sobre sus políticas. Sería una discusión abstracta. Mientras las comunidades de nuestros países siguen envenenándose y perdiendo sus tierras”, sostuvo María José Venancio, abogada del equipo Tierra, vivienda y justicia económica del CELS. “La rendición de cuentas en la responsabilidad corporativa no debe ser una opción de las empresas, sino una obligación como parte del acceso a la justicia de las comunidades afectadas, y el PNC alemán, que es parte de la OCDE, debe garantizar esto”.
Desde el organismo argentino señalan: “Llama la atención que la prueba que sirvió para alcanzar un juicio penal, no sea tenida en cuenta a la hora de analizar la conducta de una empresa. Una denuncia ante la OCDE es un mecanismo que debería exigir estándares probatorios menores a los de un proceso penal. Sin embargo, el PNC alemán desestimó las pruebas presentadas y así negó el derecho de las comunidades a obtener algún tipo de reparación o acceso a la justicia vinculado a la responsabilidad corporativa”.
El caso de Pergamino
La queja ante la OCDE documenta cuatro casos concretos que muestran los impactos negativos de este modelo agrícola en áreas donde la empresa comercializa sus productos.
Argentina es el país que más glifosato consume por persona en el mundo y el cultivo de soja ocupa actualmente casi la mitad de la superficie sembrada del país. La ciudad de Pergamino representa un caso ejemplar de los impactos negativos en la salud y el medio ambiente asociados con el cultivo de soja transgénica y el uso de glifosato.
El caso de Sabrina y su familia es uno de los que más pruebas concretas presenta: Vecinos de campos de soja, en 2011, empezaron a tener problemas de salud graves como alergias y afecciones respiratorias, a consecuencias de las fumigaciones. De los resultados de los análisis surgió que tanto ella como sus hijos tienen altos porcentajes de glifosato y AMPA (que es el metabolito del glifosato) en orina. Su hijo Ciro (entonces de 3 años) 120 veces más pesticidas que los supuestamente tolerados por el cuerpo. Su hija Fiamma, 100 veces más, y Sabrina, 58.
En ese proceso judicial iniciado se secuestraron en los galpones de los aplicadores denunciados, bidones de la marca de glifosato comercializada por Bayer Monsanto.
Desde febrero está transcurriendo el juicio oral por este caso que concluye mañana, a lo largo del cual declararon más de 100 testigos.
“La presentación de la queja ante la OCDE contra Bayer era una oportunidad para poder aplicar la responsabilidad no solamente a quienes aplican el producto sino también a quienes lo producen y comercializan”, sostuvo Sabrina, a la vez que lamentó las restricciones impuestas por el PNC para la mediación.
En este juicio fueron procesados tres productores rurales, considerados prima facie coautores penalmente responsables del delito de “contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos” y dos integrantes del municipio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En un fallo previo de 2019, el juez Carlos Villafuerte Ruzo impuso la prohibición de realizar fumigaciones a una distancia mínima de casas y escuelas de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres y de 3.000 para las aéreas. Este fallo, apelado por el intendente local Javier Martínez, fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo de 2023.
“Encontramos 56 casos con diferentes patologías, en su mayoría cáncer, en diez manzanas. Fue realmente muy alarmante. El barrio completo estaba enfermo, pero nadie lo decía. Habíamos naturalizado lo que nos estaba pasando”, declaró antes de la última audiencia del juicio oral Ortiz, quien además es abogada, a Canal Abierto.
Foto: Agencia Andar
