Publicado originalmente el 22/07/2026
Redacción Canal Abierto | El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Nicolás Bronzovich, anunció durante un panel de la Exposición Rural de Palermo que el Gobierno nacional analiza poner en venta hasta 50.000 hectáreas de las 100.000 que posee del organismo en todo el país. El funcionario intentó justificar el desguace explicando que “solo unas 50.000 tienen un real uso científico o tecnológico” y detalló que ya fueron desafectadas unas 15.000.
La avanzada es parte en un plan de vaciamiento general impulsado por la gestión de Javier Milei: A fines de 2024 se armó la carpeta con la que pretenden rematar 27.000 hectáreas distribuidas en 22 campos experimentales, y este año el Ejecutivo intentó subastar más de 30 hectáreas del ex INTA AMBA en Ituzaingó, una operación que fue frenada por la Justicia.
A comienzos de junio, la Justicia Federal hizo lugar a una cautelar presentada por ATE y suspendió la aplicación de la Resolución 24/2026 del INTA, que habilitaba el cierre de áreas, despidos, traslados de personal, movimiento de equipos y la venta o subasta de inmuebles del organismo. El fallo ordenó al Gobierno abstenerse de avanzar con cualquier medida de desmantelamiento mientras se sustancia la causa.
En paralelo, sí avanzó con la venta del histórico edificio del instituto en Palermo, además de aplicar un recorte del 15% de la planta de personal y reducir alrededor de 80 programas de investigación.
Los negocios de Milei y sus amigos
Nicolás Pakgojz fue el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) hasta diciembre de 2025 cuando renunció para asumir como diputado en la Legislatura porteña por La Libertad Avanza. Además es secretario General del partido en CABA.
Se trata de un reconocido operador del sector inmobiliario. Comenzó su carrera en el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, donde ocupó cargos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y defendió proyectos de interés para grandes desarrolladoras como IRSA. Estuvo vinculado directamente con ese grupo constructor antes de asumir en la AABE.
Por lo tanto, los recortes en INTA tienden a favorecer a Eduardo Elsztain, el empresario inmobiliario más importante del país, amigo personal de Milei.
La denuncia de los sindicatos
La Asociación Trabajadores del Estado denunció que ya fueron despedidos cerca de 2.000 trabajadoras y trabajadores del organismo, lo que pone en riesgo el desarrollo tecnológico y la producción agropecuaria.
ATE también advirtió que el ajuste en el sector también incluye recortes de personal, cierre de programas de investigación y una reestructuración que pone en riesgo el desarrollo tecnológico y la producción agropecuaria.
“Entre 2024 y 2026 entre renuncias, jubilaciones, retiros voluntarios promovidos en una primera y segunda oleada, ya son cerca de 2000 trabajadoras y trabajadores menos desde el inicio de la actual gestión de gobierno”, alertó Julieta Boedo, delegada y miembro de la Coordinación Nacional de ATE en el INTA.
Por su parte, la Asociación de Personal de INTA señaló en que la Casa Rosada busca hacer negocios “malvendiendo un patrimonio que es de todos”.
Paulo García, titular de Apinta, subrayó: “¿Por qué venderlas si al INTA entra más plata de la que se gasta para su funcionamiento? ¿Por qué hay que rematar las tierras que son un valor, un activo que no genera costos de mantenimiento? Esto es porque las quieren sacar a remate un precio vil, hacer un negocio inmobiliario”.
El impacto en la investigación y la producción
Para ATE la reducción del organismo tendrá consecuencias sobre el desarrollo científico y tecnológico vinculado al sector agropecuario. “No es solo un trabajador que pierde un trabajo, es un trabajador con el que el ciudadano pierde un derecho”, afirmó Boedo. En ese sentido, explicó que las investigaciones requieren años de trabajo continuo y podrían quedar inconclusas si se reducen los equipos técnicos o se cierran programas. También mencionó tareas vinculadas al monitoreo ambiental y a la asistencia técnica en distintas regiones del país, como las mediciones en cuencas hídricas o el acompañamiento a pequeños productores, tareas fundamentales para prevenir problemas productivos y ambientales.
El sindicato verde subrayó que el modelo impulsado por el Gobierno nacional favorece principalmente a los grandes sectores agroexportadores de trigo y soja y deja de lado el rol histórico que tuvo el INTA junto a pequeños y medianos productores.
Finalmente, ATE expresó una gran preocupación por la posible reforma del marco legal relacionado con la propiedad de la tierra y por el avance de proyectos que podrían profundizar el proceso de extranjerización de territorios productivos.
