Redacción Canal Abierto | La reincorporación de cinco de los 357 trabajadores de Télam ya había sido ordenada en primera instancia el pasado 13 de julio, y apelada por la agencia que dirige Rodolfo Pousá bajo el ala política de Hernán Lombardi.

Luego la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no sólo desestimó la presentación patronal y ratificó la medida puntual sobre el grupo de despedidos, también planteó la nulidad de la mecánica del conjunto de las cesantías. El argumento era que las mismas no cumplieron con el trámite del Procedimiento de Crisis en el Ministerio de Trabajo de la Nación, requisito obligatorio previo a un plan de despidos masivo.

Ahora la Justicia volvió a resolver en la misma línea, aunque esta vez con ocho medidas cautelares que incluyen a cerca de 160 trabajadores.

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Crónica de un conflicto

Hace casi dos meses, el 26 de junio, las autoridades de la agencia oficial de noticias anunciaron los 357 despidos, es decir el 40% de los trabajadores. Desde entonces, la mayoría de los puestos jerárquicos no volvieron a pisar la sede de la agencia.

Con el feroz recorte, quedaron secciones enteras sin trabajadores y dejaron desiertas las corresponsalías en varias provincias.

La excusa oficial ha variado dependiendo del funcionario entrevistado. En todos los casos, sin embargo, las declaraciones fueron poco felices y oscilaron entre acusar a los despedidos de malos profesionales o sostener que practicaban militancias partidarias opuestas a la gestión.

Desde entonces, los trabajadores vienen protagonizando una lucha por la reincorporación del total de los cesanteados y contra el vaciamiento de la agencia. El conflicto incluyó el cese de actividades, la permanencia pacífica en el edificio, masivas movilizaciones, campañas de difusión y actividades artísticas e incluso distintas vías judiciales.

A la falta de argumentos y predisposición para el diálogo del Gobierno, esta semana se sumó un intento de amedrentamiento: los trabajadores, al momento de ingresar a la agencia, se encontraron con un nutrido grupo de agentes de seguridad en las puertas de la sede estatal. Sin identificación y en actitud desafiante, los matones buscaron impedir el ingreso.

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