Por Elisa Corzo | Este martes 28 de julio, unos 50 efectivos de la Policía de Misiones ingresaron a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, en el municipio de Garuhapé, para ejecutar un desalojo ordenado por el juez Roberto Antonio Sena. La medida se realizó tras una denuncia por usurpación por parte del empresario forestal, Alfredo Ruff, quien desde hace diez años reclama la propiedad sobre tierras indígenas que ya en 2015 fueron reconocidas por el mismo Estado, a través de la resolución 514/15 del INAI.
“La comunidad tiene un relevamiento hecho por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en el que se les reconoce la ocupación actual y ancestral de ese territorio. Entonces, tienen todo el derecho de estar donde están”, afirma, en diálogo con Canal Abierto, Roxana Rivas, abogada del Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA), que representa a la comunidad.
Y agrega: “Ese fue uno de los planteos que nosotros hicimos desde el primer momento que empezaron las denuncias. Entonces, no había y no hay, de hecho, ninguna posibilidad de imputarles un delito cuando permanecen ahí por un derecho que el propio Estado les reconoce”. “Dicho esto –apunta- imagínate que no les importó demasiado”.
Tampoco fue considerado por el juez el recurso de apelación presentado por la Defensa el 17 de julio, dos días después de lanzada la orden de desalojo. Un recurso que, “técnicamente, implica la suspensión del acto”.
Después esa presentación, “desde el juzgado dejaron correr el rumor de que se suspendía todo”. Sin embargo, “el 28 aparece otra vez este mega operativo con la orden de desalojo y, según me dicen desde la comunidad, con la presencia del juez y el secretario”, recapitula Rivas.
“Como ellos ejecutan una orden suspendida y todo el procedimiento es arbitrario, desde el juzgado dejan correr la voz de que en realidad la comunidad se fue voluntariamente y que la policía solamente fue a hacer un informe socio-ambiental”. “Para cubrirse”, dice Rivas. Lo curioso es que en todo ese “revuelo” que se armó, en paralelo, la policía los contradice.
“La policía lo que hizo fue presentar su informe en el juzgado, al que tuvimos acceso, diciendo que ellos estuvieron ahí cumpliendo la orden judicial de desalojo”, indica la abogada.
Y, en efecto, el informe fotográfico de la policía científica, fechada ese mismo 28 de julio, se ve claramente cómo los efectivos ingresan a la comunidad cuando todavía no terminaba de amanecer y más tarde cargan las pertenencias a un camión:
En ese contexto, esta mañana el recurso impulsado por la Defensa finalmente fue aceptado por el fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores Nº 1 de Puerto Rico, Héctor Daniel Simón. El fiscal también dispuso que, si el juez no lo aceptaba, la medida debía resolverse en la Cámara de Apelaciones.
“No puede soslayarse –argumenta el fiscal en el dictamen- que en autos se han incorporado elementos que evidencian la existencia de un conflicto jurídico de mayor complejidad que el de una mera controversia posesoria, circunstancia que imponía extremar los recaudos antes de disponer una medida de ejecución inmediata”.
Después de mencionar el marco legal que ampara el derecho a la propiedad comunitaria en Puente Quemado II (el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo), Simón agrega que “desde esa perspectiva, la tutela judicial efectiva exige que toda decisión que pueda implicar el desalojo o desplazamiento de una comunidad indígena se encuentre suficientemente motivada, con valoración expresa de la totalidad de las circunstancias relevantes incorporadas al proceso y de la normativa constitucional y convencional aplicable”. Algo que, siguiendo su resolución, no se hizo.
El empresario, el juez y el exjuez abogado
El desalojo que se realizó esta semana tiene como antecedente un operativo que se llevó adelante el 5 de mayo, en el cual fueron detenidos varios de los integrantes de la comunidad, incluidas mujeres y niños. Tras el operativo el juez que intervenía debió inhibirse de la causa tras una denuncia por irregularidades de la Defensa.
Salvo ese procedimiento, Rivas señala que no hay precedentes en la zona de conflictos territoriales en los que se pretenda directamente expulsar a la comunidad.
“Nosotros lo que venimos teniendo son episodios que tienen que ver un poco con el cambio de discurso a nivel nacional y con la derogación de la ley 26.160 (Emergencia Territorial Indígena). Con una especie de empoderamiento de los titulares dominiales que creen que pueden instar todo esto”, afirma.
Y agrega: “Sí tuvimos y tenemos muchos conflictos con las megaempresas porque estas comunidades viven en zonas de monte y conviven, por ejemplo, con empresas como Arauco, o Carba y demás. Y en general los conflictos surgen cuando estos empresarios pretenden la explotación del monte. Entonces, tienen más que ver con eso que con la cuestión de la permanencia”.
“Acá de lo que estamos viendo” –sostiene Rivas- “es una avanzada ya un poco más grave de lo que venimos tratando en este tiempo”.
Puntualmente, detrás del conflicto con la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II lo que hay –subraya la también abogada de ATE y CTA Misiones- es una trama de relaciones de poder entre la Justicia y quien demanda.
“Este propietario dominial que se llama Ruff tiene como abogado a un ex juez Correccional de la zona, Osvaldo Lunge. Y su abogado privado anterior, Isidro Duarte, es el actual secretario del juez que intervino en esta causa”. “Lo que nosotros deducimos –afirma Rivas- es que pudieron activar todo esto aprovechando un poco estas conexiones”.
Para cerrar, la abogada explica que hoy el desalojo técnicamente está suspendido, por lo que la comunidad “técnicamente podría volver”. “Sin embargo, el ambiente es complejo para decir si lo van a hacer o no. Dependerá de la relación de fuerzas”, asegura.
Portada: Informe fotográfico de la Policía Científica de Misiones
Publicada originalmente el 30 de julio de 2026
