Redacción Canal Abierto | Los maestros Francisco Isauro y Arturo René Arancibia fueron asesinados en la madrugada del 24 de marzo de 1976 por agentes de la Brigada de Investigaciones de Tucumán. La policía provincial trató de presentar el fusilamiento de los hermanos como un enfrentamiento; los más de 100 balazos que tenía el cuerpo de Isauro, entre otras pruebas, desmienten la mascarada de las fuerzas de seguridad.
Esta semana, el lunes 3 de agosto, debía comenzar en San Miguel de Tucumán el juicio oral por este crimen de lesa humanidad pero el Tribunal Oral Federal (TOF) suspendió el arranque del proceso sin fijar una nueva fecha para el inicio de las audiencias. La CTERA, como querellante, fue informada el 29 de julio de esta nueva dilación.
En diciembre de 2023, el titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán, Carlos Brito, y el fiscal coordinador de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Pablo Camuña, solicitaron la elevación a juicio oral de la causa donde se investiga a los presuntos autores de los crímenes, los expolicías Mario Escalada, Jorge Ragonese y José Sánchez, y al exjuez federal Manlio Torcuato Martínez por “incumplimiento de los deberes a su cargo como juez federal actuando con abuso de autoridad, prevaricato y omisión”, implicado entonces como partícipe secundario de los crímenes.
Isauro Arancibia, entonces secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) y uno de los fundadores de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), vivía en el local gremial en la calle Congreso 295 de San Miguel. Esa madrugada del 76, mientras iniciaba el último golpe de Estado, Isauro ingresó a su vivienda junto con su hermano Arturo. Venían de despedir los restos del dirigente azucarero Atilio Santillán, de la FOTIA, asesinado dos días antes en Buenos Aires. Minutos más tarde, tres autos de la Brigada de Investigaciones de la policía provincial arribaron al lugar, derribaron la puerta para ingresar al local e, inmediatamente, se escuchó un fuerte tiroteo que duró escasos minutos y culminó con el asesinato de los hermanos Arancibia. También murió en esa ocasión el policía provincial y miembro de la brigada Sergio Oscar Fagioli y resultó herido el agente Antonio Armando Peralta.
De acuerdo al acta policial del día de los hechos los imputados fueron parte de la comitiva de la fuerza de seguridad. Según la evidencia colectada por la fiscalía, la investigación policial de entonces fraguó el procedimiento y la contraparte judicial, el juez Martínez, aceptó esta versión policial, no ordenando las medidas necesarias para establecer la verdad de lo sucedido y el enjuiciamiento y sanción de sus autores. Isauro Arancibia ya había sido objeto de amenazas de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) y otros grupos parapoliciales.
“Para el Ministerio Público Fiscal no existen dudas de que los hechos del caso constituyen fusilamientos y no muertes en el marco de un ‘enfrentamiento’, como presenta la defensa”. Para ello, remarcaron que “el material probatorio demuestra que las muertes de los hermanos Arancibia fueron producto de una violenta balacera y no en términos de un ‘enfrentamiento’”, sostiene el escrito de la Fiscalía.
Los fiscales también destacaron que no hubo presencia ni actuación militar en el lugar de los hechos, elemento que la defensa intentó utilizar para deslindar la responsabilidad de los acusados considerados coautores del delito de “violación de domicilio y homicidio calificado”, en concurso real con el delito de asociación ilícita.
Respecto al policía caído, el sargento Fagioli, en su momento no se realizó la autopsia de su cadáver para identificar el origen del disparo y las armas supuestamente secuestradas en la escena nunca se presentaron como prueba.
La investigación del MPF dispuso la realización de autopsias por parte del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el Equipo Argentino de Antropología Forense que determinaron que la causa de muerte de ambas víctimas fueron lesiones por proyectiles de armas de fuego en cabeza, tórax, abdomen y miembros inferiores. La Gendarmería Nacional Argentina peritó los proyectiles extraídos de los cuerpos de los hermanos Arancibia y otro aportado por un testigo, concluyendo que son de calibre 9 mm y 11.25 mm y pertenecen a armas cortas o de mano, armas utilizadas por la policía de Tucumán.
Complicidad judicial: ayer y hoy
El exjuez Manlio Martínez fue un ariete judicial de la represión en la provincia de Tucumán iniciada en 1975 con el Operativo Independencia comandado por Acdel Edgardo Vilas y continuada por Antonio Domingo Bussi. Tucumán fue un campo de ensayo para el terrorismo de Estado y la doctrina de Seguridad Nacional. Entre 1975 y 1976, se presentaron 325 hábeas corpus a favor de personas secuestradas. El magistrado rechazó todos los pedidos.
La fiscalía relevó registros de la presencia de Martínez en centros clandestinos de detención, como la Jefatura de Policía, la cárcel de Villa Urquiza y la tristemente célebre Escuelita de Famaillá -el primer Centro Clandestino de Detención del país.
En este caso, el MPF señala la complicidad de Martínez al asumir como toda prueba el sumario policial que ofrece la versión de los sucesos de la sede de ATEP dada por los ejecutores de los asesinatos de los Arancibia con la teoría de un enfrentamiento.
“A este ‘relato’ fáctico el ex juez federal adscribió sin más, con total conformidad. Pese a lo llamativo e improbable de la versión dada por entonces por la propia policía”, sostuvieron los fiscales.
La postergación del inicio del juicio oral, sin fecha, es adjudicada a la reciente incorporación al TOF de los jueces Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo, con la firma de Milei y la aprobación del Senado.
Querellantes
La CTERA actúa como querellante en el caso porque Isauro Arancibia fue uno de sus fundadores. “Su asesinato buscó disciplinar y silenciar a quienes luchaban por una sociedad más justa. No lo lograron”, sostiene la confederación docente.
“Manifestamos nuestra preocupación como querellante en esta causa, y solicitamos no solo que se fije la fecha de comienzo del debate, sino el cronograma previsto para el desarrollo íntegro del juicio, teniendo en cuenta que son muchos los docentes que quieren participar de las audiencias públicas. Nos mantenemos en estado de alerta sobre esta situación que sigue perjudicando enormemente a la familia Arancibia y seguimos exigiendo juicio y justicia para Isauro y Arturo”, manifestó la entidad sindical en un comunicado.
También son parte de la querella las hermanas de las víctimas (Italia, Micaela y Amalia Arancibia) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Alfredo Bravo, maestro y también fundador de la CTERA, y militante de la APDH, mencionó este caso en su testimonio en el Juicio a las Juntas.
