Redacción Canal Abierto | Ya habían pasado 12 horas de debate. Mayans había hecho gala de su picor al calificar la ley como de “invio”, en referencia a que había quedado la mitad de lo que pretendía el Gobierno. También se había colado, entre la playlist de balbuceos que predominó la alocución de la titular de bloque Patricia Bullrich, la resignación del Gobierno y sus ansias de polarizar con Axel Kicillof. Entonces, 37 votos contra 33 obtuvieron la media sanción del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. O lo que quedó del sueño húmedo del ministro Federico Sturzenegger.
Minutos antes de la votación, el oficialismo tuvo que destinar al Capítulo IV, referido a la Ley de Manejo del Fuego, el mismo destino que 24 horas antes había corrido el Capítulo III, sobre Ley de Tierras, que eliminaba los límites para la cantidad de territorio al que podía acceder una persona física o jurídica extranjera. Ambos capítulos quedaron fuera del proyecto.
El primero en caer fue el Capítulo III, que modificaba la Ley de Tierras y buscaba eliminar los topes a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros . La bandera con la leyenda Las Malvinas son argentinas desplegada por jugadores de la selección tras el triunfo con Inglaterra, el 15 de julio, el tema soberanía corriño como reguero de pólvora y se hizo carne en la población. Esto generó un rechazo transversal al Capítulo III que incluyó a gobernadores aliados, senadores de distintos bloques y una masiva movilización social en contra con réplicas a la badera que inició la gesta, que fue brutalmente reprimida.
El oficialismo intentó una salida intermedia. Propuso elevar el límite del 15 al 25% de la superficie de cada distrito, pero ni siquiera eso alcanzó para destrabar el consenso. El capítulo fue retirado el día previo a la votación .
Pero el golpe más doloroso llegó durante la sesión. Minutos antes de la votación, el oficialista Agustín Coto informó el retiro del Capítulo IV, que proponía modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego . El proyecto original buscaba eliminar las restricciones que impiden cambiar el uso del suelo o vender tierras rurales que hayan sufrido incendios —la ley actual establece plazos de 30 y 60 años de prohibición según el tipo de terreno—, argumentando que se «castiga dos veces» al propietario afectado .
Así, el proyecto quedó reducido a tres o cuatro bloques principales, centrados en reformas procesales :
- Nuevo régimen de expropiaciones: Se establece una interpretación más restrictiva de la «utilidad pública» y la indemnización incorpora el lucro cesante con un tope máximo del 30%. En su plan original no quedaban claros los topes ni límites que el afectado podría reclamarle al Estado.
- Procedimiento de desalojo exprés: Se instaura el juicio sumarísimo como vía procesal para todos los casos de desalojo, con plazos acotados. Para inquilinos morosos, se establece una intimación previa de 10 días corridos para regularizar la deuda. Como resguardo, cuando en la vivienda haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, se requiere intervención del Ministerio Público Tutelar y un plazo de hasta 10 días para coordinar una alternativa habitacional transitoria . El proyecto original no contemplaba este último aspecto y el plazo era de tres días corridos
- Digitalización de registros: Se faculta la presentación de documentación digital en los Registros de la Propiedad Inmueble de todo el país .
La victoria pírrica de Milei y Sturzenegger
El proyecto sufrió más de 18 modificaciones a lo largo de su tratamiento en el Senado, y en cuatro ocasiones previas el oficialismo intentó llevarlo al recinto pero debió retirarlo por falta de votos . Incluso la senadora salteña Flavia Royon, que había trabajado en correcciones del texto, anticipó su voto en contra al considerar que el proyecto mantiene «errores conceptuales y técnicos» .
La senadora Carolina Moisés (Convicción Federal) cuestionó que el proyecto no garantice la defensa de la soberanía política ni la protección de las tierras frente a la especulación inmobiliaria . Por su parte, José Mayans calificó el proyecto como «un asco» y advirtió que las modificaciones a la Ley de Expropiaciones son «inconstitucionales» .
Ahora viene el turno de Diputados. Sin fecha aún, la Cámara Baja recibirá las ruinas de la ambición libertariana. Sin embargo, esos restos aún pueden hacer daño. Si el texto finalmente se convierte en ley, la población en situación puede aumentar a partir de los desalojos express. O el Estado puede quedar maniatado frente a futuras estatizaciones.
A menos que el espíritu del trapo desplegado por Lo Celso aquella tarde en Atlianta se mantenga intacto en voluntades en la calle al momento del tratamiento.
