Publicada el 11 de agosto de 2026
Por Nahuel Croza | En horas del mediodía de este lunes 10 de agosto, un desmesurado operativo de la policía provincial jujeña reprimió y desalojó de los terrenos que habitan hace generaciones a varias familias de la comunidad indígena Santa Rosa, ubicada en la ciudad de Humahuaca.
Más de cien policías, balazos de goma, mujeres con niños en brazos sacadas a la fuerza, ocho detenidos por resistirse a abandonar sus hogares. Mientras en el Senado de la Nación cae la Ley de Extranjerización de Tierras, en las provincias, la Justicia y los gobernadores, aceleran los desalojos de comunidades originarias incumpliendo con la manda constitucional que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas (a través del Artículo 75, inciso 17, incorporado de forma unánime durante la Reforma Constitucional de 1994) y resguarda la propiedad comunitaria de las tierras ancestrales, inembargables e inenajenables.
“El juez provincial Juan Pablo Calderón, que odia a las comunidades indígenas y no es la primera vez que ordena desalojos desconociendo derechos indígenas y planteos de las comunidades en relación a los relevamientos llevados adelante por la Ley 26.160, ordenó este desalojo”, explica la diputada provincial del PTS en el Frente de Izquierda Natalia Morales.
“Calderón procede con el aval del Ministerio de Seguridad provincial que ayer con fuerzas policiales y de infantería no dudaron en avanzar con disparos de bala de goma, gases lacrimógenos, disparos en la cara y en el cuerpo de las personas presentes. Con la presencia de infancias que mientras disparaban corrían para resguardarse. Con la presencia de ancianos y personas con discapacidad que fueron violentados, sacados de sus casas y detenidos en el día de ayer. La jornada culminó con el accionar de máquinas que destruyeron las viviendas precarias de estas familias que viven en la pobreza y dejándolas en la calle. De hecho, pasaron la noche en la calle tratando de resguardar lo poco que quedó de sus viviendas y sus pertenencias arrojadas a la vía pública por los efectivos policiales”.
El operativo concluyó con ocho detenidos, entre ellos mujeres con sus hijos, niños y niñas que permanecieron detenidos durante unas horas. “A las mujeres les sacaron los niños de los brazos y estaban muy preocupadas porque hubo varias horas donde no sabían dónde estaban esos niños. Son situaciones muy graves. Producto de toda la repercusión nacional que hubo, durante las horas de la tarde y la noche de ayer, a las 23 horas, los miembros de la comunidad recuperaron su libertad”, relata Morales.
Turismo, viñedos y gentrificación
“Son familias que llevan varias generaciones viviendo ahí. Es la situación de las familias indígenas en la provincia que siempre son terceras, cuartas generaciones que viven en los territorios”, explica la legisladora de una provincia con población mayoritariamente originaria. “Lo que sucede en la quebrada de Humahuaca es que la mercantilización de tierras, la venta de terrenos, incluso el interés de empresarios extranjeros, locales y nacionales que avanzan en el negocio de la producción vitivinícola con bodegas a lo largo de la quebrada, produce esta presión sobre las familias que tienen a los Estados siempre en la vereda opuesta”.
En el caso de la comunidad Santa Rosa el conflicto se origina por la presunta superposición entre planos y escrituras de un particular con las tierras habitadas por la comunidad hace generaciones y reconocidas por el relevamiento territorial. La propia ex titular de la Dirección Provincial de Inmuebles (DPI) de Jujuy, de apellido Peloc, reconoció que la cédula parcelaria individual estaba mal hecha y se superponía al territorio de la comunidad indígena.
Desalojos exprés
La presión del negocio inmobiliario avanza sobre el derecho indígena y comunitario. “Los desalojos exprés no son nada nuevo. Gerardo Morales con la reforma de la Constitución provincial (de 2023) quiso incorporar o modificar artículos que permitían desalojar a las comunidades indígenas, incluso de territorios formalmente reconocidos, y tuvo que dar marcha atrás por la respuesta de las comunidades en toda la provincia”, explica la diputada que en ese momento fue parte del bloque de convencionales del Frente de Izquierda que renunciaron ante la escandalosa reforma votada unánimemente por radicales y peronistas. La enmienda atentó contra el derecho a la protesta social y restringió el derecho indígena a la tierra comunitaria, mientras el Tercer Malón de la Paz marchaba a Buenos Aires para buscar protección para los derechos conquistados.
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“Nosotros estamos denunciando públicamente estos hechos, lo hizo a nivel nacional nuestra compañera Myriam Bregman. Presentamos un pedido de informes en la Legislatura y en el Concejo Deliberante de Humahuaca para que respondan quién estuvo a cargo del operativo y qué rol jugó el municipio en el desalojo porque estuvieron presentes, al igual que la jueza de Paz de Humahuaca y de otros lugares. Queremos establecer las responsabilidades políticas de estos hechos”, sostuvo en diálogo con Canal Abierto la legisladora del PTS.
“Recién tuve la oportunidad de hablar con una de las mujeres desalojadas y me decía, “estamos solos”. Ellos y ellas vivieron la experiencia de cómo el gobierno municipal, provincial, la Justicia, la policía y los jueces de paz, todos estuvieron en la vereda de frente. Realmente vivieron una situación muy grave y crítica de violencia y creo que la mejor respuesta es rodearlos de solidaridad. Que lo que se expresó en las calles en rechazo a la ley de extranjerización de tierras, se traduzca en apoyo a las comunidades”, concluye Morales.
Fotos: Originarios.ar
