Publicada el 11 de agosto de 2026
Redacción Canal Abierto | YPF anunció ayer la aceptación de la oferta presentada por Edenor para adquirir su participación del 70% en Metrogas por USD 780 millones. La ganadora del proceso de venta conducido por banco Citi está controlada por el consorcio Edelcos, integrado por los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.
De esta forma, el grupo que ya controla la empresa que provee el servicio de electricidad 3,41 millones de clientes en el norte del AMBA, ahora se queda también con la principal distribuidora de gas de la región. Metrogas abastece a 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado de distribución de gas de la Argentina.
El periodista Carlos Pagni dio a conocer en su habitual columna de los lunes otro dato preocupante para la población del AMBA. Manzano, de estrechos vínculos con el Gobierno, tiene amplias chances de hacerse con AYSA, la empresa de agua. Así, los usuarios podrían depender de un mismo grupo empresario con presencia dominante para los tres servicios esenciales.
De acuerdo con información publicada por La Nación y relevada por la Agencia Nacional de Noticias, la oferta de Edenor asciende a USD 780 millones por el 70% de la compañía, pese a que la valuación total de Metrogas en el mercado se ubica cerca de los USD 800 millones.
En esa línea, desde el Centro de Economía Política (CEPA) sostienen que el precio de venta de Metrogas en el proceso estaría subvaluado. Así, porque la licencia de Metrogas vence en diciembre de 2027 y el proceso de venta está sujeto a una resolución que aún está pendiente.
“La estructura de la operación, canalizada a través de Gas Argentino S.A. (GASA), evidencia la voluntad de desprenderse de un activo estratégico sin resolver las condiciones regulatorias básicas que garantizarían una valuación justa, especialmente en un momento donde la recomposición tarifaria ha transformado radicalmente el negocio de la distribución”, indicaron desde el área dedicada a Energía del CEPA.
En ese sentido, otro dato al menos llamativo es que YPF decide desprenderse de Metrogas en su mejor momento. Entre 2023 y 2025, la empresa duplicó su ganancia bruta, cuadruplicó su resultado operativo y redujo su endeudamiento a un tercio, desempeño que le permitió volver a distribuir dividendos entre sus accionistas por primera vez desde 2001, en un contexto de recomposición tarifaria iniciado en 2024.
Por su parte, la justificación de YPF es que quiere concentrarse en Vaca Muerta. “Esta operación forma parte de la estrategia de YPF de continuar optimizando su portafolio de activos y concentrando sus esfuerzos e inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta, con el objetivo de consolidarse como una compañía shale de clase mundial y avanzar en su transformación en un actor energético de escala global”, expresó la compañía 51% de bandera en un comunicado de prensa.
Al respecto desde el CEPA cuestionaron que “la decisión de YPF responde a una estrategia de ‘privatización periférica’ que subordina los intereses energéticos nacionales a una lógica de mercado cortoplacista”.
“La conducción de Horacio Marín busca transformar a la compañía en una productora 100% no convencional para preparar el salto exportador previsto para 2027, pero esta concentración en el upstream implica abandonar el negocio de la distribución, un eslabón esencial de la cadena de valor que garantiza el acceso de millones de hogares al gas. La urgencia por generar liquidez se explica, en parte, por la necesidad de financiar el plan de inversiones de USD 5.600 millones para 2026. Sin embargo, lo que se presenta como una decisión estratégica parece más bien una huida hacia adelante: vender un activo que recién ahora comienza a generar valor gracias a la liberación tarifaria, hipotecando el control estatal sobre un servicio esencial en aras de una promesa de rentabilidad exportadora”.
Y agrega: “Este repliegue del Estado en la distribución de gas implica transferir al capital privado un servicio esencial, con el riesgo cierto de que las inversiones se orienten a las zonas de mayor rentabilidad en detrimento de la expansión de la red o del mantenimiento para usuarios de menores recursos. La operación busca enviar una señal positiva al mercado, pero la propia demora en la prórroga de la licencia demuestra que la incertidumbre regulatoria sigue siendo un costo de transacción relevante en el país, incluso cuando el negocio ha dejado de ser deficitario”.
Así, “el gobierno se jacta de haber saneado las cuentas de las distribuidoras, pero al mismo tiempo transfiere al sector privado un activo que, por su naturaleza de monopolio regulado, requiere de una supervisión estatal fuerte que asegure que los intereses de los 2,4 millones de usuarios no queden subordinados a la lógica del beneficio empresarial”.
“La paradoja es evidente –remata- el Estado decide desprenderse de una empresa que, gracias a su propia política tarifaria, ha dejado de ser un pozo de pérdidas para convertirse en un negocio rentable que distribuye dividendos por primera vez en 25 años, pero lo hace sin resolver las condiciones regulatorias que maximizarían su valor”.
