Publicada el 12 de agosto de 2026
Redacción Canal Abierto | A 21 años de la masacre ocurrida en octubre de 2005 en el pabellón 16 de la Unidad Penal de Magdalena en la que fallecieron 33 personas detenidas, el Estado argentino, la provincia de Buenos Aires y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmaron un acuerdo de solución amistosa del litigio internacional en trámite.
El acuerdo contempla el reconocimiento de la responsabilidad estatal por la masacre y el compromiso del gobierno de adoptar medidas de reparación para las víctimas y sus familiares y garantías de no repetición de los hechos.
El acto fue encabezado por el gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; los subsecretarios de Política Criminal, Lisandro Pellegrini y de Derechos Humanos, Matías Moreno; miembros de la Suprema Corte de Justicia; del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), y de la Fiscalía de Estado de la provincia; el secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria Roberto Cipriano García, la directora General de la CPM Sandra Raggio, representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), del Colectivo de Acción en la Subalternidad (CAS), y familiares de las víctimas.
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Desde el primer momento, la CPM y el CELS denunciaron la responsabilidad estatal por lo ocurrido en la cárcel, se entrevistó con los sobrevivientes y acompañó a las familias de las víctimas.
En 2017, ambos organismos fueron querellantes en el juicio que terminó con la condena de tres funcionarios penitenciarios y 14 abosoluciones; posteriormente, el Tribunal de Casación Penal condenó a una agente más que había sido absuelta en primera instancia. El caso fue llevado al sistema interamericano por el CELS y CIAJ en representación de familiares de víctimas.
A través de este entendimiento, el Estado provincial reconoce su responsabilidad y asume una serie de compromisos orientados a la reparación de las víctimas y sus familiares, el impulso de la investigación penal y la adopción de medidas institucionales que permitan evitar la reiteración de hechos de similares características.
