Publicada el 18 de agosto de 2026
Redacción Canal Abierto | El Centro de Estudios Legales y Sociales, Memoria Abierta y Abuelas de Plaza de Mayo apelaron la sentencia del juez Walter Lara Correa para que le exija a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que entregue la información desclasificada sobre el período 1976 – 1983. Esto surge luego de que dictara una sentencia en la que avala el incumplimiento de la SIDE a un pedido de acceso a la información pública y desclasificación que los organismos presentaron en mayo de 2025. Si bien el fallo reconoce la pertinencia del reclamo, no le ordenó a la SIDE la entrega de esa documentación.
Durante años se dijo que la SIDE no tenía en su poder información vinculada a lo ocurrido durante la última dictadura militar, sin embargo, en 2020, la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) al mando de Cristina Cammaño creó el programa de protección de registro y archivo, que relevó información entre el 13 de junio de 1946 y el 9 de diciembre de 1985.
A partir de ese relevamiento, se encontraron cerca de 250 mil fichas de la Comisión de Antecedentes con datos de personas y organizaciones. También se digitalizaron legajos del personal de la SIDE y sumarios de aquella época que sirvieron, por ejemplo, para conocer parte del funcionamiento de la estructura represiva vinculada a Automotores Orletti y la Casa Bacacay. Sin embargo, nunca se puso a disposición la totalidad de la información para el acceso público.
Con el gobierno de Milei, las políticas contrarias al proceso de memoria, verdad y justicia y la reforma por DNU de la ley de inteligencia nacional, el acceso se volvió aún más dificultoso porque la SIDE sostiene que para permitir la entrega de la documentación producida hace 50 años debe analizar si pone en juego de algún modo la seguridad nacional o al propio sistema de inteligencia.
Las resistencias se están dando también ante solicitudes judiciales. En el juicio oral por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Orletti y Base Pomar, la SIDE respondió a la solicitud judicial de información con documentos con tachaduras, lo que no permite a las partes acceder a la información completa que consta allí.
En los últimos días el tribunal realizó la primera inspeción ocular a Pomar en el marco del juicio por los crimenes de la SIDE. La Retaguardia realizó la cobertura de la jornada con fotos y entrevistas. Las imágenes que ilustran esta nota son de esa serie.
“Este tipo de respuesta implica un retroceso evidente respecto de la forma en que el PEN aportó información de la dictadura durante estas décadas en los juicios por el terrorismo de Estado y controvierte las decisiones que sostuvieron que la información sobre el funcionamiento del aparato represivo de la dictudura no puede ser en ningún caso secreta”, dicen los organismos.
“En el pedido de acceso y el posterior amparo judicial, solicitamos en primer lugar, acceder a la documentación producida y reunida por la SIDE –ya sea en el marco de sus tareas específicas de inteligencia o en su faz administrativa– en el período señalado, que se encontraba en el edificio central así como en otras oficinas y dependencias de la SIDE. En segundo lugar, pedimos acceder a todas las herramientas archivísticas producidas en el proceso de ordenamiento, clasificación y digitalización del acervo en cuestión, tales como censos de documentación, inventarios, descripciones, cuadros de clasificación e informes que han sido confeccionados durante la intervención de la actual SIDE entre 2019 y 2023. Y, en tercer lugar, en función de los anuncios públicos por parte del propio Presidente sobre desclasificación de archivos en poder de la SIDE y la transferencia de archivos en su poder al AGN, solicitamos precisiones sobre esta decisión, incluyendo cuál es su marco administrativo y plan de ejecución”, subrayan las organizaciones de derechos humanos, y despues completan:
“La SIDE, primero, no contestó en los tiempos adecuados. Cuando fue intimada administrativamente para hacerlo, dio respuestas vagas y entregó poco de la información solicitada, de manera aislada y hasta contradictoria, sin abordar en particular cada uno de los puntos solicitados”.
Por eso presentaron una acción de amparo que derivó en la sentencia del juez Lara Correa, y ahora interpusieron la apelación que tratará la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para que se complete lo solicitado y el Poder Judicial ordene a la SIDE la entrega de esta documentación clave para el proceso de memoria, verdad y justicia.
