Redacción Canal Abierto | Este miércoles la Cámara Baja dio media sanción uno de los proyectos que Javier Milei anunció el 30 de julio y el oficialismo busca convertir en ley: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).
De aprobarse, la reforma implicará restringir a la misión de la entidad al único punto que coincide con el dogma libertariano de Javier Milei. Se trata de “promover la estabilidad monetaria”, cuando hoy —y desde 2012— el Central también tiene entre sus funciones fomentar “el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.
Pero el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) realizó un informe en el que asegura que el problema crucial del proyecto no radica solamente en qué objetivos desaparecen, sino en qué herramientas quedan prohibidas.
Un Banco Central con las manos atadas
El proyecto elimina los adelantos transitorios al Tesoro y prohíbe expresamente los préstamos del BCRA al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios. También mantiene la prohibición de comprar deuda pública directamente en el mercado primario y elimina la posibilidad de utilizar las denominadas reservas de libre disponibilidad para cancelar obligaciones externas.
“La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se inscribe en una secuencia de transformaciones que busca atar de manos a los próximos gobiernos que intenten revertir la profunda crisis económica y social”, sostiene el estudio del Instituto fundado por el economista Claudio Lozano.
Las utilidades del Banco Central también quedan sujetas a mayores restricciones: sólo podrán distribuirse las efectivamente realizadas y líquidas y, aun cuando exista un remanente transferible al Gobierno, deberá destinarse exclusivamente a cancelar deuda pública.
El cuestionamiento del IPyPP radica en que el Estado estaría impedido por ley de utilizar una herramienta que podría resultar necesaria frente a una crisis futura. Sin ir más lejos, recuerda que durante la pandemia de COVID-19, el BCRA transfirió al Tesoro $1.606.982 millones de utilidades, otorgó $407.720 millones netos de adelantos transitorios y giró US$ 3.244 millones de reservas de libre disponibilidad. Recursos que contribuyeron a financiar políticas como el ATP y el IFE.
El contexto actual vuelve más relevante esa discusión. Con una economía con más de 40% de capacidad industrial ociosa, desempleo en ascenso, debilidad del consumo y caída de ingresos, el Estado tendría muchas menos herramientas para activarla.
¿Independiente de quién?
Mientras el Gobierno presenta la reforma como una forma de independizar al Banco Central de la política, el IPyPP advierte que esa independencia puede terminar produciendo una dependencia mayor del Estado respecto del mercado financiero, dado que, con las vías de financiamiento del BCRA clausuradas, el Estado debería recurrir en mayor medida al endeudamiento en los mercados locales o internacionales, donde las condiciones dependen de las tasas, monedas, plazos y condiciones que acepten los acreedores.
La paradoja se profundiza porque, mientras el proyecto cierra las puertas para que el BCRA financie directamente al Estado, amplía su capacidad para tomar préstamos de bancos internacionales y utilizar activos externos como garantía en operaciones financieras. También habilita una intervención más amplia sobre títulos públicos en el mercado secundario.
“El BCRA no pierde su capacidad de crear liquidez ni de asistir al sistema financiero —plantea—. Conserva los mecanismos de respaldo a los bancos, amplía sus posibilidades de operar con títulos públicos en el mercado y facilita el financiamiento con bancos internacionales y el uso de reservas como garantía. La reforma, entonces, no elimina la intervención del Banco Central: redefine sus destinatarios”.
“Reducir su margen de acción frente a contextos económicos distintos”, advierte el IPyPP, termina restringiendo también la capacidad democrática de elegir otras políticas económicas.
