Por Nahuel Croza | “Nos informa el abogado que se suspende el desalojo, las familias vuelven a su ruka y la GEOP se vuelve de donde vino. ¡Marichiwew!” (Diez veces venceremos), sostiene Noelia Huenumil.
El mensaje de la inan lonko (segunda del lonko) de la lof Melo se desparramó esta mañana por las redes como una brisa de aire fresco en esta opresiva atmósfera política. Con la GEOP, se refiere al Grupo Especial de Operaciones Policiales de la policía neuquina que pese a la palabra empeñada por el ministro de Gobierno Jorge Tobares, sobre que la provincia no iba a prestar las fuerzas de represión, ingresaron cortando cadenas y golpeando a las familias que se mantenían en resguardo de sus casas y territorio.
“El desalojo es una diligencia que se tiene que completar, no se puede completar a medias. Se frustró el desalojo”, sostuvo en una entrevista con FM Andina Virgilio Sánchez, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas y representante de las comunidades. En la nota, el letrado confirmó que la Justicia suspendió el desalojo de los Lof Melo y Kinxikew, luego de que la diligencia ordenada judicialmente no pudiera concluirse en los términos previstos.
Según Sánchez, si el desalojo no puede concretarse, corresponde dar por frustrada la diligencia y solicitar un nuevo mandamiento, en caso de que se pretenda avanzar con la medida. De acuerdo a los protocolos aplicables, corresponde retirar a los distintos actores que participaron del procedimiento: las fuerzas de seguridad, la familia demandante -los Broer- y sus representantes.
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Cómo sigue la causa
Sánchez aclaró que esta resolución del juez Francisco Astoul Bonorino no implica que exista una definición definitiva sobre la titularidad de las tierras ni sobre el conflicto de fondo.
Las tierras en litigio son parte del lote pastoril 42 al que los antepasados de los Melo y los Kinxikew fueron reducidos tras la campaña de la denominada “Conquista del Desierto”. Allí nacieron sus abuelos y sus padres. Los avatares del estado colonial los despojaron de su territorio pero en 2011 las lof lo recuperaron y desde entonces sostienen el resguardo en conflicto con los Broer y la administración pública.
El Parque Nacional Nahuel Huapi reconoció el asentamiento en la zona desde antes de 1902. En 2006, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) inscribió su personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y en 2023 les reconoció la ocupación tradicional de esas tierras. A todos estos antecedentes hizo caso omiso el juez civil interviniente.
El abogado de las comunidades planteó que se podría avanzar hacia una instancia de arbitraje, una alternativa para que las partes puedan sentarse a dialogar y buscar una salida al conflicto sin los límites que impone una disputa judicial.
Según Sánchez, el nuevo Código Procesal de Neuquén abre una posibilidad novedosa para este tipo de conflictos para encontrar una salida consensuada.
El letrado valoró la movilización social que acompañó a las comunidades y afirmó que “los derechos cuando no se ejercen es como si no existieran”.
