Publicada el 18 de septiembre de 2026
Redacción Canal Abierto | Especialistas y dirigentes políticos advirtieron en las últimas horas que el proyecto enviado ayer al Congreso de la Nación llamado de “Defensa de la Soberanía Nacional” usa a Malvinas para introducir modificaciones que nada tienen que ver con esa causa tan sentida para las y los argentinos. En particular, en su capítulo II, en el que introduce una definición ampliada de Sistema de Seguridad Nacional y crea un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente.
El proyecto dispone que la dirección política del Sistema de Seguridad Nacional corresponde al Presidente en su carácter de –literal- “Jefe Supremo de la Nación, Jefe del Gobierno, responsable político de la administración general del país y Comandante en Jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación”. Y que este absorbe “en forma articulada y coordinada, a las funciones diplomática, económica, cibernética, de defensa, jurídica y de inteligencia nacional, así como a aquellas vinculadas a la protección de las Infraestructuras Críticas y de la Soberanía Nacional”.
Para Diego Morales, director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la ley introduce “una agenda mucho más amplia de seguridad nacional, sin que haya una situación de riesgo que lo amerite”.
En declaraciones a Página/12, el especialista explicó que “bajo ese paraguas, amplía las nociones de amenaza y agresión y, con ellas, el marco de intervención de las Fuerzas Armadas e incorpora nuevas herramientas de intervención estatal para restringir el espacio cívico, ampliar la agenda de seguridad nacional para aumentar el financiamiento y el descontrol de los servicios de inteligencia”.
En la misma línea se expresaron desde el CECIM La Plata: “Barre los límites democráticos y constitucionales que separan seguridad interior de Defensa”, denunciaron.
El diputado nacional (Partido Socialista) Esteban Paulón también habló del uso de la causa Malvinas y puntualizó los riesgos que implica la ley para la democracia.
“¿Qué es el Consejo de Seguridad Nacional?”, planteó. “La suma del poder público, una concentración de poder nunca antes visto en el Presidente, un organismo que no tiene ningún tipo de consulta con el poder legislativo, que puede aplicar sanciones ad referéndum de la Justicia, que puede tomar decisiones sobre Inteligencia, persecución de opositores”, detalló.
El Consejo, advirtió, “genera y extiende un estado de sospecha a todo aquel que piense distinto, acusando de cipayo o vendepatria a cualquiera que se anime a alzar la voz”.
Además, “este proyecto incluye varias reformas que el Gobierno hace rato quiere integrar y no ha logrado los votos en el Congreso. Por ejemplo, el rastro y las sanciones a los financiamientos de organizaciones internacionales a partidos políticos y ONG’s en Argentina. Esto se ha usado en otros países de la región – explicó Paulón- para perseguir opositores”.
Malvinas: ¿Amnistía para empresas sancionadas?
Si bien varios referentes la oposición -incluido Paulón- celebraron que el proyecto reafirme la soberanía sobre Malvinas, algo a lo que Milei le venía esquivando desde que asumió, y endurezca las sanciones a empresas que operen en distintas actividades económicas en las Islas, otro legislador, Maximiliano Ferraro advirtió por los riesgos detrás del intento de derogar de la ley anterior, la ley 26.659, “sin preservar expresamente ninguna de las inhabilitaciones vigentes”.
Esta ley, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y prohíbe realizar estas actividades sin la habilitación del Estado, es “justamente la que alcanza a la petrolera que ellos mismos beneficiaron con concesiones y con el RIGI”, apuntó.
Se refería así a una denuncia anterior, que tomó mayor difusión tras la cadena nacional de Milei sobre Malvinas del 3 de septiembre, que señalaba que el Gobierno había incluido en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) a Southern Energy S.A. para el desarrollo del proyecto de GNL en el Golfo San Matías. Ese consorcio tiene entre sus accionistas a Harbour Energy, que estrenó nombre en 2021, pero sigue siendo Premier Oil, sancionada en 2013 mediante la resolución 481, por 15 años, por operar en la plataforma continental cercana a Malvinas sin autorización argentina. Una inhabilitación que sigue vigente hasta 2028.
Lo más llamativo, denuncia Ferraro, es que, primero, “el 4 de septiembre de 2026, mediante el Decreto 868/2026, el propio Gobierno reforzó la Ley 26.659, puso en manos del Canciller la autoridad de aplicación y exigió una declaración jurada para adherir al RIGI”. Pero, “trece días después, el 17 de septiembre, envió al Congreso un proyecto que la deroga por completo, sin una sola cláusula de salvaguarda que preserve las inhabilitaciones ya dictadas ni que las traslade al nuevo registro que crea el propio proyecto”.
“¿Por qué importa? Porque la inhabilitación de Premier, hoy Harbour, se sostiene en la Ley 26.659. Al derogarse la norma que dio fundamento a la Resolución 481/2013, surge una pregunta jurídica inevitable: ¿qué ocurre con las sanciones e inhabilitaciones actualmente vigentes? Si la derogación no contempla una cláusula expresa que las preserve, la inhabilitación pierde sustento normativo hacia adelante. El resultado podría ser que, en los hechos, se termine limpiando la inhabilitación de la misma empresa que fue beneficiada con el RIGI y con otras autorizaciones para explorar y explotar recursos. Eso se parece demasiado a una autoamnistía”, sostuvo.
Ferraro también previene que esto contemplaría no solo a Harbour, aunque sea el caso más visible. “Detrás hay otras empresas sancionadas bajo la Ley 26.659 por operar en Malvinas, cuyas inhabilitaciones hoy siguen vigentes. Si la ley se deroga sin una cláusula que preserve esas sanciones, todas quedarían ante la misma incertidumbre jurídica. No sería únicamente una amnistía para una empresa: sería un borrón y cuenta nueva para todas las que fueron sancionadas por Malvinas”. “Que lo expliquen”, exigió.
